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Derecho Constitucional de Puerto Rico
Materiales para el curso de derecho constitucional, Universidad de Puerto Rico
  • 1 REVISIÓN JUDICIAL

    • 1.1 Márquez v PRTC, 183 D.P.R. 666 (2011)

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      EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR ESTRELLA MARTÍNEZ emitió la opinión del Tribunal.

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      En última instancia, la pregunta que subyace muchos de los problemas constitucionales es: ¿quién tiene el poder para qué?1

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      R. Serrano Geyls, Derecho constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Colegio de Abogados de Puerto Rico, 1986, Vol. I, pág. 571.

      Raúl Serrano Geyls

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      Nos corresponde examinar por primera vez el alcance de la Ley Núm. 138-2005 y resolver si la Asamblea Legislativa transgredió el principio de separación de poderes al aprobar con aplicación retroactiva dicho estatuto, el cual le concedió jurisdicción primaria y exclusiva a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones para dilucidar todo reclamo sobre los servicios de telecomunicaciones y violaciones a las disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996, infra. Ello a la luz de la desestimación de un pleito de clase que perseguía impugnar un cargo mensual por el servicio de teletecla, el cual estaba pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia al momento de aprobarse la legislación que nos ocupa.

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      I

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      El 17 de noviembre de 2003, los demandantes y peticionarios de epígrafe presentaron un pleito de clase contra la Puerto Rico Telephone Company (P.R.T.C.). En lo pertinente, alegaron que la P.R.T.C. cobró durante siete (7) años un cargo mensual por el servicio de teletecla que no se basó en el costo de proveer dicho servicio. Por lo tanto, adujeron que el cobro del referido cargo infringió la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996, Ley Núm. 213-1996 (27 L.P.R.A. sec. 265 et seq.) (en adelante Ley de *672 Telecomunicaciones). Por último, solicitaron el reembolso de una cantidad no menor de $105,350, más costas, intereses y el 25% de honorarios de abogado. Esto en conformidad con la Ley Núm. 118 de 25 de junio de 1971, según enmendada por la Ley Núm. 269-2002 (32 L.P.R.A. sec. 3343).

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      El 30 de diciembre de 2003, la P.R.T.C. contestó la demanda. En lo atinente, negó que el cargo tarifario fuera ilegal y alegó como defensa afirmativa que la acción estaba prescrita.

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      Posteriormente, la P.R.T.C. presentó una moción de sentencia sumaria. En ella adujo que el contrato entre la P.R.T.C. y los consumidores establecía un término de quince (15) días para pagar u objetar los importes. Sin embargo, alegó, los demandantes nunca objetaron o presentaron querella ante la P.R.T.C. con relación a los cargos de teletecla que le eran facturados. Por lo tanto, la P.R.T.C. solicitó que se desestimara el pleito por sus defensas de prescripción, caducidad e incuria. Luego de varios trámites procesales, el 3 de mayo de 2005, el Tribunal de Primera Instancia certificó el pleito como de clase.2

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      Los demandantes se componen de tres (3) clases. La Clase A está compuesta de consumidores que tienen una línea en sus residencias (Residence Main Station). La Clase B la forman consumidores que tienen solamente una línea en sus negocios sin un cuadro telefónico (Business Main Station). Por último, la Clase C la conforman consumidores que tienen multilíneas en sus negocios (Business Main Line).

       

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      Entretanto, la Asamblea Legislativa enmendó la Ley de Telecomunicaciones mediante la aprobación de la Ley Núm. 138-2005 codificada en 27 L.P.R.A. secs. 265a y 269j-1. Esta ley concedió jurisdicción primaria y exclusiva a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones para ventilar reclamaciones sobre todos los servicios de telecomunicaciones y violaciones a las disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones. Igual jurisdicción le dispensó para otorgar compensaciones por daños y perjuicios. Pero, además, la Ley Núm. 138-2005, supra, estableció un límite a la compensación total que se podría conceder en pleitos de *673 clase. Así, impuso como tope a este tipo de reclamación la suma que fuese menor entre $5,000 o el medio por ciento (1/2%) de los activos del querellado. Esto último según los libros del propio querellado. Por último, la aludida ley dispuso que surtiría efecto sobre cualquier procedimiento pendiente o que se presentara con posterioridad a su aprobación.

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      Así las cosas, el 11 de enero de 2006, la P.R.T.C. presentó una moción de desestimación en la cual sostuvo que en conformidad con la Ley Núm. 138-2005, supra, el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción para atender el reclamo de la clase. Ello, pues la aludida ley concedió jurisdicción primaria y exclusiva a la Junta de Telecomunicaciones para atender pleitos como el de marras.3

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      La moción de sentencia sumaria que presentó previamente la P.R.T.C. aún no había sido atendida.

       

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      Los demandantes se opusieron a la desestimación y arguyeron que la Ley Núm. 138-2005, supra, era inconstitucional en cuanto limitaba el derecho de las clases a recibir una compensación total. Asimismo, adujeron que la referida ley violentaba el derecho a la libre asociación; el principio de separación de poderes; el debido proceso de ley; la igual protección de las leyes; menoscababa las obligaciones contractuales, y no se podía aplicar retroactivamente.

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      Luego de celebrar una audiencia para escudriñar las posturas de ambas partes y después de evaluar sus respectivos escritos, el 5 de mayo de 2006, el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia en la cual desestimó la demanda. Ello, debido a que la Ley Núm. 138-2005, supra, concedió jurisdicción primaria y exclusiva a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones para dilucidar cualquier pleito en el que se alegaran violaciones a la Ley de Telecomunicaciones. Del mismo modo, reconoció que del texto de la ley surge su aplicación inmediata a pleitos pendientes o interpuestos con posterioridad a la fecha de su *674 aprobación. En cuanto al planteamiento constitucional, el foro primario sostuvo que la Asamblea Legislativa poseía el poder inherente de aprobar legislación que limitara la jurisdicción del tribunal.

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      Inconformes, los demandantes presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. El 19 de enero de 2007, el foro apelativo intermedio emitió una sentencia mediante la cual confirmó la desestimación del pleito. Fundamentado en nuestros precedentes, el Tribunal de Apelaciones concluyó que la Asamblea Legislativa tiene facultad para designar la exclusividad del foro para atender una reclamación. Sostuvo que en aquellos casos en que expresamente la ley confiere jurisdicción a un organismo administrativo sobre un asunto particular, los tribunales quedan privados de autoridad para dilucidar el caso en primera instancia. Por último, el foro apelativo intermedio resolvió que la enmienda realizada mediante la Ley Núm. 138-2005, supra, surgía como un ejercicio válido de la Asamblea Legislativa y que los demandantes no quedaban huérfanos de remedio. Ello, pues de éste proceder la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones sería el organismo que lo otorgaría en primera instancia.

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      Nuevamente inconformes, los demandantes presentaron un recurso de certiorari ante nos en el cual aducen que los foros a quo erraron al desestimar de acuerdo con la Ley Núm. 138-2005, supra, la reclamación de las clases. Alegan que dicha ley no se puede aplicar retroactivamente y que la limitación a la compensación que en su día podría tener la clase es inconstitucional. Además, arguyen que la Ley Núm. 138-2005, supra, violenta la separación de poderes; el debido proceso de ley; la libertad de asociación; la igual protección de las leyes, y menoscaba las obligaciones contractuales.

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      El 16 de marzo de 2007 emitimos una resolución en la cual expedimos el auto de certiorari. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver. *675

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      A. Ley Núm. 138

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      [1] Examinemos la Ley Núm. 138-2005 y su trasfondo histórico. En 1996, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico con miras a eliminar las barreras de competitividad en el campo de las telecomunicaciones y abrir dicho mercado a la libre competencia. Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 D.P.R. 203, 216 (2002). Esta ley permite la imposición de multas y otras medidas correctivas a quienes incumplan con sus disposiciones. Además, creó la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y le confirió los poderes necesarios para reglamentar los servicios de telecomunicaciones, dar cumplimiento y administrar lo relativo a la referida ley.

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      [2] La Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones quedó así investida de varias facultades, entre las que figuran: (1) imponer multas administrativas por violaciones a su ley habilitadora, reglamentos y órdenes; (2) exigir cualquier clase de información que sea necesaria para el adecuado cumplimiento de sus facultades; (3) ordenar el cese de actividades o actos en violación de cualquier disposición de la Ley de Telecomunicaciones; (4) imponer y ordenar el pago de costas, gastos y honorarios por otros servicios profesionales y de consultoría en los que se incurrió en los procedimientos adjudicativos ante la Junta, y (5) ordenar que se realice cualquier acto en conformidad con la Ley de Telecomunicaciones. Véase 27 L.P.R.A. sec. 267f(b).

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      Al aprobar la Ley de Telecomunicaciones, el legislador tuvo la intención de conferirle amplios poderes a la Junta para corregir la conducta anticompetitiva de las compañías. P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 289 (2000). No obstante lo anterior, en conformidad con la Ley de Telecomunicaciones, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones no tenía facultad para conceder daños *676 y perjuicios. Así lo resolvimos en Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., supra, págs. 225–229.

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      [3] Ante tal escenario, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 138-2005, supra, para enmendar la Ley de Telecomunicaciones y otorgarle a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones jurisdicción primaria exclusiva para determinar si existe alguna violación a la ley, y para estimar y conceder compensación en concepto de daños y perjuicios causados a los usuarios consumidores de servicios de telecomunicaciones y cable, como consecuencia de violaciones a la mencionada ley, sus reglamentos y/o al contrato de servicio.4

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      En conformidad con el Artículo 2 de la Ley Núm. 138-2005, “daños y perjuicios” significa “exclusivamente los daños económicos sufridos por el consumidor que surgen directamente del incumplimiento de la [Ley de Telecomunicaciones], de los reglamentos aprobados por la Junta y/o el contrato de servicio entre el consumidor y la compañía de telecomunicaciones o cable televisión”. 27 L.P.R.A. sec. 265a(jj).

       

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      En la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 138-2005, supra, la Asamblea Legislativa reconoció que a pesar de que la Ley de Telecomunicaciones concedió jurisdicción primaria exclusiva a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones sobre todo asunto relacionado a los servicios de telecomunicaciones, nuestro ordenamiento jurídico obligaba a presentar ante el Tribunal de Primera Instancia cualquier controversia relacionada con los servicios de telecomunicaciones y cable en la cual se causaran daños y perjuicios. El legislador advirtió que tal limitación a la jurisdicción de la Junta ponía en riesgo la estabilidad de la industria al crear dos foros, uno con y otro sin el peritaje necesario, que interpretan simultáneamente esta legislación tan compleja. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 138-2005, supra. Por ello, la Asamblea Legislativa estimó necesario aclarar este asunto y disponer que la interpretación de la Ley de Telecomunicaciones debía recaer, en primera instancia, en la Junta. Íd. Esto, por ser la Junta “un foro especializado con el conocimiento técnico *677 necesario para atender cualquier reclamación relacionada a servicios de telecomunicaciones y cable”. Íd.

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      [4] De acuerdo con la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 138-2005, supra, la Asamblea Legislativa justipreció que otorgar autoridad a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones para estimar y conceder daños y perjuicios “promueve un mayor acceso de la ciudadanía al foro administrativo para reclamar compensación ...”. Ahora bien, el legislador advirtió que existen casos de mayor complejidad que requieren el rigor y las garantías procesales del foro judicial. Íd. Por lo tanto, entendió necesario limitar la jurisdicción de la Junta de conceder daños y perjuicios hasta un máximo de $5,000. Al así hacerlo, explicó que “[c]ualquier reclamación sobre el máximo establecido será atendido en primera instancia por la Junta para determinar si hubo una violación a la Ley de Telecomunicaciones, la reglamentación de esta agencia y/o el contrato entre el consumidor y la compañía de telecomunicaciones y/o cable”. Íd. Manifestó, además, que “[d]e la Junta resolver, luego de concluido el proceso adjudicativo, que hubo alguna violación, el consumidor podrá reclamar daños y perjuicios ante el Tribunal de Primera Instancia que determinará si existen y la cuantía de los mismos”. Íd. Hasta aquí el contenido de la Exposición de Motivos. Resta indagar las disposiciones específicas del estatuto.

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      El Artículo 1 de la Ley Núm. 138-2005, supra, añadió un nuevo Artículo 12-A al Capítulo III de la Ley de Telecomunicaciones. En lo pertinente, este artículo dispones lo siguiente:

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      Artículo 12-A. -Casos de Daños Presentados por los usuarios:

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      La Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones tendrá jurisdicción primaria y exclusiva para adjudicar toda reclamación de daños y perjuicios causados por cualquier persona natural o jurídica a un usuario, excepto reclamaciones de compañías de telecomunicaciones y cable entre sí, como consecuencia de la violación de las disposiciones de esta Ley, los reglamentos aprobados por la Junta y el contrato de servicio *678 entre el usuario y la compañía de telecomunicaciones o cable, hasta la suma máxima de cinco mil (5,000) dólares por incidente. El término usuario comprenderá a las personas que reciben servicios de telecomunicaciones y cable que no sean compañías de telecomunicaciones y cable. En estos casos, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones tendrá jurisdicción primaria exclusiva. En los casos de reclamaciones sobre el máximo establecido de compensación reclamada, la Junta tendrá jurisdicción primaria y exclusiva para determinar si existe una violación a esta Ley, a sus reglamentos y/o al contrato de servicio. Si luego de celebrada una vista en su fondo determina que existe una violación, emitirá Resolución y Orden describiendo la misma. Una vez advenga final y firme, el usuario podrá presentar demanda de daños y perjuicios ante el Tribunal de Primera Instancia acompañando copia certificada de la Resolución y Orden de la Junta. El Tribunal determinará si existen daños y perjuicios como resultado de dicha violación y concederá aquellos que se establezcan con prueba suficiente. En ambos casos, la Junta señalará por lo menos una vista de mediación para intentar lograr una solución rápida y justa a las reclamaciones de los usuarios. No obstante lo dispuesto en cualquier otra disposición de esta o cualquier otra Ley, la Junta tendrá jurisdicción primaria exclusiva para dilucidar cualquier pleito de clase presentado o que a partir de la vigencia de esta Ley se presenten por los usuarios por violaciones a las disposiciones de esta Ley y los reglamentos de la Junta, o reclamaciones relacionadas con servicios de telecomunicaciones y cable, siempre que no sean compañías de telecomunicaciones y cable entre sí. La compensación total que podrá concederse en estos casos, nunca excederá la cantidad que sea menor entre cinco millones de dólares ($5,000,000) o el medio (1/2) por ciento de los activos del querellado según sus libros, la que sea menor. A los pleitos de clase aquí mencionados no le aplicarán las disposiciones de la Ley Núm. 118 de 25 de junio de 1971, según enmendada. La Junta aprobará reglamentación para la adjudicación de los casos de pleito de clase, la cual tendrá que estar acorde con los parámetros establecidos por la jurisprudencia a tales efectos. (Énfasis nuestro.) Artículo 1 de la Ley Núm. 138-2005, supra.

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      En lo atinente a la causa ante nos, del texto antes citado surge que la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones tendrá jurisdicción primaria y exclusiva para dilucidar cualquier pleito de clase presentado o que a partir de la vigencia de la Ley Núm. 138-2005, supra, sea instado por *679 violaciones a la Ley de Telecomunicaciones y sus reglamentos. Igualmente, la Ley Núm. 138-2005, supra, establece un límite de compensación de $5,000 que la Junta puede conceder y dispone que cualquier pleito de clase que se presente ante ésta tendrá un límite de compensación que nunca excederá la cantidad que sea menor entre $5,000,000 o el medio por ciento (1/2%) de los activos de la parte querellada.

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      Por último, el Artículo 3 de la Ley Núm. 138-2005, supra, establece que dicha ley “comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, y surtirá efecto sobre cualquier procedimiento pendiente a esta fecha o que se radique con posterioridad a la misma”. 27 L.P.R.A. sec. 265a n.

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      B. Retroactividad de las leyes

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      [5] El Artículo 3 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3, establece que “[l]as leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren expresamente lo contrario”. Esta disposición tiene el efecto de una regla general de interpretación estatutaria, por lo que no constituye un principio rígido de aplicación absoluta. Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533, 542 (1984); Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378, 384–385 (1973).

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      Hemos resuelto que la intención del legislador de darle efecto retroactivo a una ley puede ser expresa o tácita. Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 D.P.R. 728, 758 (2009); Asoc. Maestros v. Depto. Educación, 171 D.P.R. 640, 648 (2007). Dicho de otra manera, la retroactividad, por ser un acto excepcional, “debe aparecer expresamente o surgir claramente del estatuto”. Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, supra, pág. 758.

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      [6] Si la nueva norma tiene el efecto de corregir o mejorar una anterior para conformarla más adecuadamente al estatuto que pretende enmendar, la retroactividad de la nueva norma no la hace nula de por sí. Véase *680 Licorería Trigo, Inc. v. Srio. Hacienda, 94 D.P.R. 270, 281 (1967). Claro está, el efecto retroactivo por disposición expresa de la ley no podrá menoscabar obligaciones contractuales ni perjudicar derechos adquiridos al amparo de alguna legislación anterior. Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 D.P.R. 1, 130 (2010); Consejo Titulares v. Williams Hospitality, 168 D.P.R. 101, 108–109 (2006).

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      [7] En concordancia con lo anterior, la regla de hermenéutica que impide que la legislación retroactiva afecte derechos adquiridos aplica solamente a disposiciones estatutarias de carácter sustantivo y no a aquellas de carácter procesal. Véanse: Cortés Córdova v. Cortés Rosario, 86 D.P.R. 117, 123 (1962); R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, pág. 400. Éstas tienen efecto retroactivo y se deben aplicar con preferencia, por cuanto suponen mayor protección de los derechos en litigio. J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, 12ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1982, T. I, Vol. I, pág. 623, esc. 1. Así, y por lo general, las disposiciones procesales tienen efecto retroactivo y aplican a casos pendientes, salvo que la Asamblea Legislativa disponga lo contrario. Ortiz v. Fernós López, 104 D.P.R. 851, 852 (1976); Reyes v. Mayagüez Transport, 86 D.P.R. 273, 280–281 (1962); Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 400.

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      [8] De igual forma, los estatutos que versan sobre la jurisdicción son de interés público y no están comprendidos dentro de las disposiciones del Artículo 3 del Código Civil, supra, por lo que comienzan a regir retroactivamente. J.R.T. v. A.E.E., 133 D.P.R. 1, 13 (1993). No obstante lo anterior, si el legislador no ha tenido la intención de aplicar retroactivamente una ley procesal o si resulta prácticamente imposible aplicarla así, tal legislación tendrá efectos prospectivos. Véase Mason v. White Star Bus Line, 53 D.P.R. 337, 340–344 (1938). Claro está, la aplicación en el *681 tiempo de cualquier ley dependerá de la validez de la propia ley.

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      C. Separación de poderes y validez de legislación con efectos en pleitos pendientes

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      [9] El principio de separación de poderes en Puerto Rico se encuentra expresamente consagrado en la Sección 2 del Artículo 1 de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1. Este principio persigue salvaguardar la independencia de cada rama del Gobierno y proteger la libertad de los individuos frente a una peligrosa acumulación de poder en una sola rama. Véanse: Colón Cortés v. Pesquera, 150 D.P.R. 724, 750 (2000); Union Pacific Railroad Company v. United States, 99 U.S. 700 (1878) (Sinking Fund Cases). Mediante su empleo se delimitan “los contornos de los poderes públicos para evitar la concentración indebida de poderes y promover el más eficiente funcionamiento del sistema”. Nogueras v. Hernández Colón, 127 D.P.R. 405, 426–427 (1990). En varias ocasiones, incluso antes de la aprobación de la Constitución de Puerto Rico, hemos considerado si el poder legislativo interfiere indebidamente con la función judicial al aprobar legislación que tenga repercusiones en un pleito pendiente.

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      En Suárez v. Tugwell, Gobernador, 67 D.P.R. 180 (1947), mientras se tramitaba un pleito en los tribunales en el que ya se había concedido un interdicto preliminar, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 2 de 25 de febrero de 1946, “la cual prohibió la acción del contribuyente y privó a los tribunales de Puerto Rico de ‘jurisdicción para conocer, o continuar conociendo si se hubiera ya iniciado’, cualquier acción sobre la constitucionalidad de una ley, resolución o actuación ejecutiva autorizada por ley, cuando el demandante base su legitimación únicamente en su carácter de contribuyente”. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 97 (1998).

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      Los demandantes argumentaron ante nos que la Ley Núm. 2, supra, era nula y que no se podía aplicar al caso *682 que se encontraba en trámite cuando se aprobó la ley. Suárez v. Tugwell, Gobernador, supra, pág. 183. Resolvimos en aquella ocasión que la ley en cuestión era válida y que podía aplicarse al pleito pendiente. Expresamos que la Asamblea Legislativa tiene el poder para limitar la jurisdicción de los tribunales para expedir interdictos en una clase específica de controversias y que una legislación restrictiva, a tales efectos, es válida aun al aplicarse a casos pendientes. Íd., pág. 184. Ciertamente, de lo que trataba la legislación era de prohibir la concesión del remedio de interdicto. Como resultado, confirmamos la sentencia que emitió el entonces tribunal de distrito, la cual dejó sin efecto el interdicto preliminar, y archivó el caso debido a la aprobación y vigencia de la ley allí en controversia.

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      Posteriormente, en Sunland Biscuit Co. v. Junta Salario Mínimo, 68 D.P.R. 371 (1948), mientras se encontraba pendiente un caso ante nuestra consideración, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 451 de 14 de mayo de 1947, la cual tuvo el efecto de convalidar el decreto mandatorio impugnado. El 25 de junio de 1947 emitimos una sentencia en la que anulamos el aludido decreto. Sin embargo, en reconsideración determinamos que la Ley Núm. 451, supra, la cual entró en vigor el 1 de julio de 1947, de manera clara y terminante había convalidado y ratificado el decreto mandatorio en pugna. Expresamos que la Asamblea Legislativa tiene facultad para aprobar estatutos reparativos de esta naturaleza, Sunland Biscuit Co. v. Junta Salario Mínimo, supra, págs. 378–379, y reconocimos que nuestra sentencia aún no había creado estado de derecho alguno a favor de la recurrente.

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      Además de lo anterior, sostuvimos que la Ley Núm. 451, supra, “específicamente hac[ía] referencia a decretos emitidos con anterioridad a la aprobación de [dicha ley] y ésta lo fu[e] en 14 de mayo de 1947, que es fecha anterior a aquélla en que se dictó la sentencia de este Tribunal. Bajo estas condiciones el estatuto curativo resultó completamente *683 válido y constitucional”.5 Sunland Biscuit Co. v. Junta Salario Mínimo, supra, pág. 379.

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      Nótese que la ley impugnada se promulgó para enmendar sustancialmente la Ley Núm. 8 de 5 de abril de 1941, y la disposición que convalidó las actuaciones previas de la Junta de Salario Mínimo se estableció para darle continuidad de forma general a todos los actos realizados por los funcionarios de dicha Junta y no exclusivamente al decreto impugnado. Véase Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 98–99 (1998).

       

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      En Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones emitió una sentencia en la que revocó una resolución de la Junta de Planificación que aprobó una consulta de ubicación para el Superacueducto de la Costa Norte. Asimismo, ordenó la paralización total de las obras iniciadas hasta que se cumpliera con la legislación y reglamentación aplicables. Poco tiempo después, la Asamblea Legislativa aprobó y el Gobernador firmó la Ley Núm. 19 de 12 de junio de 1997 (22 L.P.R.A. sec. 451 et seq.), para ordenarle a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados continuar con la construcción del referido proyecto, eximirle de cumplir con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y establecer nuevos procedimientos y requisitos para la autorización del proyecto y para la revisión judicial.

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      [10] En aquel entonces, este Tribunal resolvió que la Ley Núm. 19-1997, supra, era inconstitucional porque violaba el principio de separación de poderes al interferir de forma no permisible con el ejercicio del Poder Judicial. Expresamos que la Asamblea Legislativa puede, en el ejercicio de su poder inherente, afectar litigios pendientes sin contravenir el principio de la separación de poderes, siempre que lo haga en el marco de la enunciación de una nueva norma de derecho y no meramente de la adjudicación de una controversia específica. Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, págs. 110–112. Esta Curia estimó que dicha ley perseguía adjudicar la validez de los permisos de ubicación, pues pretendía dictar el resultado del caso que se encontraba *684 ante la consideración de este Tribunal. Igualmente, expresamos lo siguiente:

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      El poder de revisar una sentencia le corresponde a la Rama Judicial. Es una facultad que integra la entraña misma del poder que la Sec. 1 del Art. V de la Constitución, supra, les asigna exclusivamente a los tribunales. No es una facultad compartida con el Poder Legislativo, ni trasladable a éste por razón alguna. Si bien es cierto que el principio de la separación de poderes debe ser aplicado flexiblemente, esa flexibilidad “no significa que lo que es la esencia de la función judicial pueda ser destru[i]do, convirtiendo el poder para decidir en una débil oportunidad para consultar y recomendar”. Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, pág. 112.

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      En Colón Cortés v. Pesquera, supra, varias comunidades acudieron ante nos mediante recurso de certiorari para cuestionar la determinación del entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones de que el recurso de mandamus que ellas presentaron era improcedente. Argumentaron que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), incumplió con emitir una válida Declaración de Impacto Ambiental final (DIA), para la totalidad del proyecto vial conocido como “Ruta 66”. Además, señalaron que la ACT ignoró los requerimientos del panel examinador de la Junta de Calidad Ambiental y los señalamientos que específicamente hiciéramos en Colón y otros v. J.C.A., 148 D.P.R. 434 (1999). En Colón Cortés v. Pesquera, supra, emitimos una resolución paralizando las obras de construcción. Mientras se encontraba pendiente para nuestra consideración la Petición de certiorari, la Asamblea Legislativa aprobó dos (2) leyes —Ley Núm. 323-1999 y Ley Núm. 324-1999— con el propósito de modificar el derecho sobre los procedimientos para obtener una DIA y permitir el fraccionamiento de proyectos. La ACT presentó una moción de desestimación en la que alegó que en conformidad con las aludidas leyes, este Tribunal carecía de jurisdicción para considerar el recurso.

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      [11] En aquel entonces, este Tribunal resolvió que el objetivo de la legislación en cuestión consistía en obviar *685 “los parámetros dispuestos en una Opinión anterior de este Tribunal”. Colón Cortés v. Pesquera, supra, pág. 749. Expresamos que “[l]o importante al determinar si cierta actuación legislativa infringe el principio de separación de poderes, es si la intención clara y específica de la ley fue afectar el resultado de un pleito particular”. (Énfasis suprimido.) Íd., pág. 764. Resolvimos que la Sección 1 de la Ley Núm. 324-1999, supra, única de las enmiendas aplicable a la controversia ante nuestra consideración, resultaba inconstitucional en su aplicación por contravenir el principio de separación de poderes. De igual forma, esta Curia concluyó que la Asamblea Legislativa perseguía “revocar la determinación de este Tribunal en Colón Cortés I, supra, sobre las deficiencias de la DIA-P y el suplemento preparados por la ACT”. Íd., pág. 765. Concluimos que “[l]a consecuencia de la legislación ante nuestra consideración [era] liberar a la ACT de los deberes ministeriales que, según determinamos en Colón Cortés I, supra, todavía no había cumplido”. Íd., pág. 764. Además, manifestamos lo siguiente:

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      Este Tribunal, como custodio e intérprete final de nuestra Constitución, la va a proteger y no va a permitir que acciones como la que hoy nos ocupa opaquen o disminuyan su valor, avalando que la parte que resulte o pudiera resultar perdidosa en un proceso judicial procure legislación de encargo que le permita continuar con una acción declarada ilegal por la Rama Judicial. Es decir, no podemos consentir que la Legislatura, con el aval del Gobernador, se convierta en un Tribunal Supremo de facto, revocando acciones tomadas por este Foro. Íd.

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      [12] Tanto Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, como Colón Cortés v. Pesquera, supra, son vívidos ejemplos de que cualquier intento de la Asamblea Legislativa para dejar sin efecto una orden judicial en un caso pendiente ante nuestra consideración será considerado inconstitucional por violentar el principio de separación de poderes. Ciertamente, ninguna Asamblea Legislativa “tiene la facultad *686 para intervenir con el ejercicio de la función judicial, por lo que no puede dejar sin efecto, modificar, o menoscabar una sentencia final emitida por un tribunal que tenga jurisdicción para dictarla”. Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 726 (2000). Véase P.R. Tobacco Corp. v. Buscaglia, Tes., 62 D.P.R. 811, 822 (1944).

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      D. Jurisdicción primaria y exclusiva

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      [13] Los foros judiciales de Puerto Rico son de jurisdicción general y tienen autoridad para entender en cualquier causa de acción que presente una controversia para adjudicación. Mun. Arecibo v. Mun. Quebradillas, 161 D.P.R. 109, 114 (2004); Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, 136 D.P.R. 223, 230 (1994). Empero, los tribunales pueden ser privados de su autoridad para entender en algún asunto particular si así lo dispone expresamente algún estatuto o si ello surge del mismo por necesaria implicación. Íd.; Rosado v. Registrador, 71 D.P.R. 553, 556 (1950). En específico, “[c]uando existe un estatuto que expresamente le confiere la jurisdicción a un órgano administrativo sobre determinado tipo de asuntos, los tribunales quedan privados de toda autoridad para dilucidar el caso en primera instancia”. Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, 141 D.P.R. 257, 268 (1996). Del mismo modo, hemos expresado que “la designación de un foro administrativo con jurisdicción exclusiva es perfectamente compatible con la revisión judicial de la cual puede ser objeto posteriormente la decisión del organismo”. Íd.

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      III

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      Debido a los múltiples planteamientos presentados, atenderemos por partes la discusión de la presente causa. Consideremos en primer lugar el asunto jurisdiccional.

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      Las clases alegan que no procede la desestimación de su reclamación debido a que la Ley Núm. 138-2005, supra, la *687 cual dispone que será la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones quien tendrá jurisdicción primaria y exclusiva para atender todo pleito relacionado con la Ley de Telecomunicaciones, y no el Tribunal de Primera Instancia, transgrede el principio de separación de poderes por afectar retroactivamente un pleito pendiente y usurpar el poder de los tribunales para conceder daños. En fin, cuestionan que el foro primario haya desestimado su reclamación para que ésta fuera presentada ante la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. Veamos.

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      Uno de los propósitos de la Asamblea Legislativa al aprobar la Ley Núm. 138-2005, supra, consistió en concederle jurisdicción primaria y exclusiva a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones para determinar si existe una violación a la ley que a bien tiene administrar y, a su vez, estimar y conceder compensaciones por daños y perjuicios causados por violaciones a la Ley de Telecomunicaciones. De esta forma el legislador entendió que mejor se adelantaba su intención de promover un mayor acceso de la ciudadanía al foro administrativo para reclamar tales daños y, al mismo tiempo, salvaguardar la estabilidad de la industria al disponer que en vez de dos foros que interpretaran simultáneamente la misma ley, el referido cometido recaería en primera instancia en la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. Ello, debido a su conocimiento técnico y especializado.

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      De entrada, no cabe discusión respecto al poder de la Asamblea Legislativa para otorgar jurisdicción primaria y exclusiva a un organismo administrativo. Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, supra. Tampoco sobre la potestad de la Asamblea Legislativa para aprobar una ley y concederle expresamente efectos retroactivos, siempre que no afecte derechos adquiridos, menoscabe obligaciones contractuales o viole el principio de separación de poderes.

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      Recuérdese que la Asamblea Legislativa puede, en el ejercicio de su poder inherente, afectar litigios pendientes *688 sin transgredir el principio de separación de poderes, siempre que lo haga en el marco de la enunciación de una nueva norma de derecho y no meramente de la adjudicación de una controversia específica. Misión Ind. P.R. v. J.P., supra. Ciertamente, esta norma puede ser de intrincada aplicación, por varias razones. Primero, el derecho se modifica por alguna razón y en pocas ocasiones el legislador actúa con entera abstracción de la realidad forense. Segundo, en esas ocasiones, el legislador puede enunciar una nueva norma de derecho sin “la intención clara y específica” de adjudicar o afectar un pleito pendiente, Colón Cortés v. Pesquera, supra, pág. 764, pero tal puede ser el resultado una vez se aplique la ley al caso. (Énfasis suprimido.) En tales casos, descifrar cuál es la intención legislativa “ ‘es a lo sumo una conjetura judicial’ ”, por lo que debemos realizar un laborioso esfuerzo por determinar esa intención mediante la más correcta conjetura posible. Tugwell, Gobernador v. Corte, 64 D.P.R. 220, 228 (1944).

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      Es por estas razones que en atención a la norma en cuestión debemos también preguntarnos si la ley, o la disposición específica de la misma, afecta de forma impermisible el resultado del pleito en trámite. Dicha interrogante debemos atenderla de acuerdo con la realidad de que la disposición aquí discutida de la Ley Núm. 138-2005, supra, se aprobó en una etapa procesal distinta a las leyes analizadas en los casos de Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, y Colón Cortés v. Pesquera, supra.

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      Procede concentrarnos en esta ocasión en precisar que la acción legislativa afectará de forma impermisible un pleito cuando pretenda hacer determinaciones de hecho o dictar conclusiones de derecho sobre un caso en trámite en los tribunales. Véase Robertson v. Seattle Audubon Soc., 503 U.S. 429, 441 (1992).

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      En el caso ante nuestra consideración, luego de que la P.R.T.C. interpusiera una moción de sentencia sumaria en *689 el Tribunal de Primera Instancia, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 138-2005, supra, y le otorgó expresamente efectos retroactivos. La disposición de la ley aquí discutida delegó jurisdicción primaria y exclusiva en la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones para determinar en todo caso si existe alguna violación a la Ley de Telecomunicaciones y conceder daños y perjuicios. Ello, con las particularidades antes expresadas.

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      La consecuencia de esta disposición de la Ley Núm. 138-2005, supra, es que el foro para reclamar en primera instancia se transfirió a una agencia administrativa. El asunto es tan claro que las propias clases admiten que la “Ley 138 en que se basó la sentencia no tuvo el efecto de privar a los demandantes de su derecho a reclamar sino, más bien, a dirigir la reclamación a un foro distinto”. Véase Moción de Reconsideración presentada por los demandantes ante el Tribunal de Primera Instancia, Apéndice, pág. 2251.

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      En este caso, no hay sentencia que haya declarado ilegal el cargo de teletecla ni creado estado de derecho alguno a favor de las clases, Sunland Biscuit Co. v. Junta de Salario Mínimo, supra, o que pueda ser revocada por la disposición en controversia de la Ley Núm. 138-2005, supra. Tal disposición en manera alguna adjudica la reclamación de las clases, Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, ni pretende hacer determinaciones de hecho o dictar conclusiones de derecho. Tampoco dicta el resultado del caso pendiente. Colón Cortés v. Pesquera, supra. Y mucho menos usurpa la facultad del Poder Judicial para estructurar remedios adecuados, pues se trata de una disposición que meramente regula la autoridad para entender en primera instancia un asunto particular sin prejuzgar los méritos de la causa. Colón Cortés v. Pesquera, supra. Ante las circunstancias particulares del presente caso, es forzoso concluir que la disposición en cuestión no afecta de forma impermisible el pleito pendiente. *690

      88

      Nótese, además, que la nueva norma tuvo el efecto de aclarar y corregir la anterior para conformarla más adecuadamente a la Ley de Telecomunicaciones, pues ésta, a pesar de haberle concedido jurisdicción primaria a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones sobre todo asunto relacionado con la Ley de Telecomunicaciones, no le confirió autoridad para conceder compensación por daños y perjuicios.6 La Ley Núm. 138-2005, supra, remedió el asunto. Ahora verdaderamente se puede afirmar que la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones posee jurisdicción sobre todo asunto relacionado a su ley orgánica.

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      Eso resolvimos en Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 D.P.R. 203, 225–229 (2002). Pero allí también expresamos que una agencia administrativa puede tener autoridad para conceder daños y perjuicios si: (1) la ley expresamente le confiere tal facultad; (2) el poder está consignado implícitamente en su amplia facultad para conceder remedios, o (3) cuando está relacionado con el servicio que presta la agencia y se ejerce para adelantar los propósitos de su ley habilitadora. Íd., págs. 215–216. Véanse, además: U.T.I.E.R. v. J.R.T., 99 D.P.R. 512 (1970); Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., 143 D.P.R. 756 (1997).

       

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      Del mismo modo, al examinar la disposición en cuestión notamos que el legislador atendió cuidadosamente nuestros pronunciamientos en Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., supra. Allí mostramos preocupación por la concesión de autoridad a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones para otorgar daños en reclamaciones que pudieran alcanzar cantidades económicas millonarias y abarcaran derechos propietarios. Esto, pues en esos casos “debe ser el foro judicial el llamado a garantizar el debido proceso de ley a través de todos los mecanismos y protecciones que caracterizan el procedimiento judicial”. Íd., pág. 227. A saber: “un descubrimiento de prueba plenario, el uso de las reglas de evidencia, el juicio por un juez imparcial a través del criterio de la preponderancia de la evidencia en los casos civiles.” Íd. Ahora, a diferencia de Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., supra, el legislador ha empleado “un lenguaje determinante, en torno a la delegación del poder adjudicativo en materia de daños” y limitó la jurisdicción de la *691 Junta de manera cónsona con nuestras expresiones. Íd., pág. 228.

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      El tribunal siempre podrá ejercer su función judicial en este tipo de casos. Ello, pues la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones atenderá inicialmente todo reclamo relacionado con la Ley de Telecomunicaciones y, de resolver que en efecto se cometió alguna violación, concederá la compensación que proceda en concepto de daños y perjuicios hasta un máximo de $5,000. En los casos en que el remedio exceda esta cantidad, el consumidor o los consumidores podrán reclamar daños y perjuicios en el Tribunal de Primera Instancia. Además, el foro judicial también estará disponible para revisar una determinación adversa por la Junta. De esta forma, y en cuanto a este asunto, el legislador empleó suficientes salvaguardas para garantizar el debido proceso de ley.

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      En conformidad con lo anterior, concluimos que la disposición de la Ley Núm. 138-2005, supra, que concede jurisdicción primaria y exclusiva a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, se puede aplicar retroactivamente a pleitos pendientes por ser esa la intención expresa de la Asamblea Legislativa y, particularmente, por no infringir el principio de separación de poderes. Ahora bien, en aras de evitar que ésta disposición de la Ley Núm. 138-2005, supra, aborte la continuación de la reclamación de las clases de consumidores, referimos el caso y su expediente a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. Una determinación en contrario menoscabaría las salvaguardas que precisamente enmarcan la adopción del principio de separación de poderes.

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      IV

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      Las clases alegan, además, que el límite establecido por la Ley Núm. 138-2005, supra, a la compensación que en su día podrían tener es inconstitucional. En sintonía con lo *692 anterior, aducen que esta Ley menoscaba obligaciones contractuales, transgrede la libertad de asociación, el debido proceso de ley, y la igual protección de las leyes. Por su parte, la P.R.T.C. sostiene que estos asuntos no alcanzan la madurez necesaria para un pronunciamiento judicial.

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      [14] Para atender apropiadamente estos señalamientos es necesario tener presente que el requisito de madurez para atender una controversia de índole constitucional forma parte de las doctrinas de autolimitación judicial.7 Rexach v. Ramírez, 162 D.P.R. 130, 141 (2004). La prudencia y la no deseabilidad de opiniones consultivas fundamentan el requisito de madurez.8 Íd.; R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Colegio de Abogados de Puerto Rico, 1986, Vol. I,, pág. 195.

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      Desde E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 596 (1958), hemos sostenido que como parte de la doctrina de autolimitación judicial no nos anticiparemos a decidir planteamiento constitucional alguno antes de que sea necesario hacerlo.

       

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      Sabido es que la doctrina de opinión consultiva intenta evitar que se produzcan decisiones en el abstracto o bajo hipótesis de índole especulativa. Esto, pues no es función de los tribunales actuar como asesores o consejeros. Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 721 (1980).

       

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      En la doctrina de madurez “se examina la proximidad temporal o inminencia del daño alegado a través de un análisis dual: si la controversia sustantiva es apropiada para resolución judicial y si el daño es suficiente para requerir adjudicación”. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 D.P.R. 804, 814 (2008). Con ánimo no desprevenido, “[l]os tribunales deben determinar si existe realmente una controversia entre las partes de naturaleza justiciable, propia para un pronunciamiento judicial”. Rexach v. Ramírez, supra, pág. 142. Véase Asoc. Guardias Penales v. Srio. de Justicia, 87 D.P.R. 711, 713 (1963). Resulta determinante, pues, que la controversia se encuentre concretamente definida, de forma que el tribunal pueda justipreciarla en sus méritos. Rexach v. Ramírez, supra, pág. 142. *693

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      En el caso ante nos, el ataque a la validez de la disposición de la Ley Núm. 138-2005, supra, que establece un límite a la compensación total que en su día se podría conceder a las clases, depende de que en el futuro se pruebe que el cargo de teletecla se cobró ilegalmente. También depende de que se fije una cantidad de compensación que sobrepase el tope dispuesto por la Ley Núm. 138-2005, supra. Ninguna de las dos cosas ha ocurrido. Y ningún foro ha declarado la ilegalidad del cargo o ha impuesto compensación alguna que supere el tope impugnado para los pleitos de clase.

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      Del mismo modo, aún no se ha atendido la alegación de la P.R.T.C. a los efectos de que las reclamaciones de las clases se encuentran prescritas o caducas. La P.R.T.C. aduce que cobró el cargo de teletecla hasta diciembre de 2003 y que en cumplimiento con la Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1988 y la Ley de Telecomunicaciones, todas las facturas remitidas a los abonados advertían de la existencia de un plazo de quince (15) días para pagar u objetar los importes fijados, mediante ciertos trámites reglamentarios. Pero, según arguye, los miembros de las clases no formularon objeciones, querellas o reclamaciones dentro del plazo fijado, ni acudieron a foro alguno para impugnar la legalidad del cargo. Hoy, tal asunto también se encuentra irresoluto.

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      Por estas razones, y las circunstancias antes intimadas, el ataque constitucional está saturado de contingencias. Supone, pues, unos eventos indefinidos que se proyectan prospectivamente. Pero varias adjudicaciones faltan por concretarse. En el espacio temporal del orden de las cosas el reclamo es prematuro. Es por ello que la intervención judicial en este momento implicaría inmiscuirnos inapropiadamente con una acción administrativa ulterior. Ante tal escenario fáctico, la controversia no se encuentra concretamente definida de manera que sea apropiada para adjudicación judicial. *694

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      Será la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones quien determine si la reclamación de las clases no está prescrita y si el cargo de teletecla se facturó ilegalmente. En su momento, y de ser necesario, no dudaremos en expresarnos de las clases prevalecer y de madurar el reclamo sobre el tope de compensación en pleitos de clase.

      108

      Por todo lo cual, concluimos que el cuestionamiento al límite establecido por la Ley Núm. 138-2005, supra, a la compensación que en su día podrían tener las clases no está maduro. Cónsono con lo anterior, y por su relación inextricable con ello, también carecen de madurez los planteamientos sobre violación a la libertad de asociación; al debido proceso de ley; la igual protección de las leyes, y sobre el menoscabo de las obligaciones contractuales.

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      [15] En cuanto al único asunto maduro, resolvemos que la disposición de la Ley Núm. 138-2005, supra, que concede jurisdicción primaria y exclusiva a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones no infringe la doctrina de separación de poderes y se puede aplicar retroactivamente a pleitos pendientes. Por ello, los foros a quo actuaron correctamente al desestimar la reclamación de las clases.

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      V

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      Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y se remite el caso a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones.

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      Se dictará sentencia de conformidad.

      115

      El Juez Presidente Señor Hernández Denton no interviene. El Juez Asociado Señor Martínez Torres se inhibió.

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    • 1.2 Alvarado v ELA, 2013 TSPR 64

      Certificación

    • 1.3 Rivera Schatz v. ELA, CT-2014-8

      Resolución, Opinión de Conformidad MT, PC, KC, RG, FC y Opinión Disidente ARR

  • 2 LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES EN LA LITIGACIÓN CONSTITUCIONAL

    • 2.1 UPR v Laborde, 180 DPR 253 (2010)

      Academicidad

      1

      EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR MARTÍNEZ TORRES emitió la opinión del Tribunal.

      2

       

      3

      La Universidad de Puerto Rico (U.P.R. o Universidad) nos solicita, mediante este recurso de certificación intrajurisdiccional, que revisemos una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. En ella se desestimó por académica una solicitud de injunction permanente, un interdicto posesorio y una orden de cese al amparo del Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2761, contra varios líderes estudiantiles. El foro primario entendió que el reclamo de la U.P.R. se tornó académico, ya que el riesgo de que la protesta estudiantil se reanudara e interrumpiera las labores en la universidad era incierto. Sin embargo, la U.P.R. estima que la controversia sigue viva, ya que los estudiantes aprobaron un “voto de huelga preventivo” en una asamblea el 21 de junio de 2010. Según la U.P.R., ello redunda en que el cambio en la conducta de los estudiantes no tuvo visos de permanencia y que el conflicto continuará. Ese hecho, nos indica la U.P.R., es de conocimiento general, por lo que nos invita a que tomemos conocimiento judicial al respecto.

      4

      La U.P.R. alega que en este pleito aplica una de las excepciones a la doctrina de academicidad. A saber, cuando una situación de hechos es cambiada, pero no tiene características de permanencia, el pleito no es académico. Por ese fundamento, la U.P.R. nos requiere que revoquemos al foro primario y que atendamos el pleito por su alto interés público. Además, la U.P.R. solicita que, de entender que el caso no es académico, nos expresemos sobre ciertos aspectos *265 de la controversia relacionados al derecho a la libre expresión.

      5

      Por su parte, los estudiantes recurridos alegan que la controversia de autos fue resuelta mediante un proceso de mediación, el cual culminó con la suscripción de un acuerdo entre las partes aprobado por el Tribunal de Primera Instancia. Por lo tanto, entienden que todas las causas de acción son académicas, salvo las de daños y perjuicios que continúan ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia. Los estudiantes recurridos aducen, contrario a la U.P.R., que la probabilidad de que ellos incurran nuevamente en los actos que motivaron la solicitud de injunction permanente es “patentemente especulativa”. Sobre este particular, enfatizan que la composición de los estudiantes en este nuevo año académico es distinta.

      6

      De entrada, concluimos que la U.P.R. tiene razón. Pese a los esfuerzos de mediación entre las partes, los estudiantes recurridos han actuado de una manera que refleja que su conducta no fue de carácter permanente y que fue un subterfugio para evadir la revisión judicial. El hecho de que los estudiantes reunidos en asamblea aprobaron un “voto de huelga preventivo” es indicativo de que sus actos al concluir voluntariamente el conflicto no tenían visos de duración. Es más, del mismo acuerdo entre las partes surge que algunas controversias subsistirían, como es el caso de la cuota especial. Por tal razón, el cambio en conducta de los recurridos da base a la aplicación de una excepción a la doctrina de academicidad. Sin duda, luego de la aprobación de un “voto de huelga preventivo”, el cual es de conocimiento público, el asunto subsumido en este caso merece nuestra atención por el alto interés público de la controversia. *266

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      8

      I

      9

      Como se sabe, la Universidad de Puerto Rico ha sido objeto de múltiples protestas estudiantiles durante décadas. Muchas de ellas han generado gran tensión en Puerto Rico. Véase por ejemplo, de forma general, L. Nieves Falcón y otros, Huelga y sociedad: análisis de los sucesos en la U.P.R. 1981–1982, Río Piedras, Ed. Edil, 1982. Desafortunadamente, cada vez que se genera una de estas manifestaciones, se crean polémicas entre estudiantes, la administración y terceros ajenos a la comunidad universitaria. Esos conflictos no son siempre de resolución fácil e inmediata. Precisamente, la controversia que hoy nos ocupa tiene su origen en la más reciente protesta estudiantil que mantuvo paralizado al sistema universitario más grande del territorio por 62 días consecutivos. De hecho, sucesos relacionados a la misma protesta estudiantil dieron pie a nuestra Opinión de 10 de mayo de 2010, en Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 D.P.R. 969 (2010).

      10

      Tal y como indicáramos entonces, el 13 de abril de 2010 se celebró una Asamblea General de Estudiantes convocada por el Presidente del Consejo General de Estudiantes, el Sr. Gabriel Laborde Torres. Allí se aprobó un “paro” de 48 horas, para los días 21 y 22 de abril y se creó un Comité Negociador. Llegado el 21 de abril, se inició la protesta estudiantil y los estudiantes cerraron los portones del Recinto de Río Piedras. La U.P.R. expone que ese día unas personas encapuchadas forcejearon con los guardias universitarios y cerraron los portones con cadenas. Además, alega que hubo varios incidentes de violencia en las afueras y dentro del Recinto. Como consecuencia de tales actos, la Rectora decretó un receso académico indefinido al entender que la administración perdió el control del acceso a la universidad.

      11

      Ante la situación que vivía el Recinto de Río Piedras, el 21 de abril de 2010 la U.P.R. presentó en el Tribunal de *267 Primera Instancia una “Demanda jurada”, en la que solicitó un entredicho provisional, un injunction preliminar y un injunction permanente. La U.P.R. requirió a varios líderes estudiantiles que desistieran de impedir el acceso al Recinto de Río Piedras.1 Posteriormente, se enmendó la demanda para incluir una reclamación en daños y perjuicios y se solicitó un interdicto posesorio. Asimismo, se instó al tribunal a que concediera una orden al amparo del Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra.

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      1

       

      Inicialmente la demanda incluyó a Gabriel Laborde, Rosaly Motta, Roberto Thomas, Víctor Rodríguez, Waldemiro Vélez Soto, Adriana Mulero, entre otros. Posteriormente, se añadió a Santiago Velázquez Lamela, Verónica Guzmán Correa, Aníbal González Mictil, Adriana Berríos Pérez, María Currutherd Ferrero, Arturo Ríos Escribano, Rashid Marcano Rivera, Giovanni Roberto Cáez, René Vargas Martínez, Jean Carlo Bonilla Rivera, David Carrasquillo Medero, Aníbal Núñez González, José García Oquendo, Miriam Ruiz Rapala e Ian Camilo Cintrón Moya.

       

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      14

      En síntesis, la U.P.R. solicitó que: (1) los estudiantes devolvieran el control del Recinto de Río Piedras a la administración; (2) que abandonaran las instalaciones mientras estuviera vigente el receso académico; (3) no impidieran la entrada al Recinto de Río Piedras de todas aquellas personas que fueran autorizadas por las autoridades universitarias y que no incurrieran en violencia e intimidación contra estas personas; (4) no causaran daño a la propiedad, y (5) removieran las barricadas que impedían el acceso. La U.P.R. también solicitó el interdicto posesorio con la intención de que se les devolviera su propiedad, y un mandato de “cese y desista” para restablecer el orden institucional. Finalmente, la U.P.R. pidió una compensación por los daños y perjuicios que alegadamente sufrió.

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      Tras varios trámites procesales, entre los cuales se concedió un entredicho provisional y un interdicto preliminar, el 11 de junio de 2010 el Tribunal de Primera Instancia ordenó a las partes acudir a un proceso de mediación para dirimir sus conflictos, entre los cuales se encontraba un aumento en la cuota académica. Las partes seleccionaron como mediador al Lcdo. Pedro López Oliver. El proceso de *268 mediación comenzó el 12 de junio de 2010 y culminó el 16 de junio de 2010 con la suscripción de un acuerdo entre las partes. Ese acuerdo lo firmaron todos los miembros del Comité Negociador y nueve de los trece miembros de la Junta de Síndicos de la U.P.R.

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      Con relación a la cuota, según dispuso la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, el acuerdo entre las partes recogió lo siguiente:

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      1. La administración universitaria se compromete a no imponer una cuota en la primera sesión académica del año académico 2010–2011.

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      2. La Junta de Síndicos considera que será necesaria el establecimiento de una cuota a partir de enero de 2011. Sin embargo, la Junta de Síndicos se compromete a que, de establecer dicha cuota, ésta no será mayor de la cantidad que representa el aumento en la Beca Pell para los años 2009–10 y 2010–11, tomando como base lo que se recibiría de la Beca Pell en el 2008–2009.

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      3. Lo antes dispuesto no debe ser entendido como una aceptación del Comité Negociador Nacional, representantes de los estudiantes en este proceso de mediación, a la imposición de un aumento en los costos de estudio a partir de enero de 2011. (Énfasis suplido.) Sentencia parcial y orden del Tribunal de Primera Instancia del 29 de junio de 2010, pág. 7, Apéndice, pág. 244.

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      El Tribunal de Primera Instancia ordenó unir al expediente judicial el acuerdo titulado “Entendidos entre la administración de la Universidad y el Comité Negociador Nacional”. Ese documento fue certificado por la Junta de Síndicos y, posteriormente, por los estudiantes. Para ello, los líderes estudiantiles convocaron una asamblea para el 21 de junio de 2010, en la cual llevaron a votación los convenios entre las partes. Allí, entre otras cosas, se ratificó el acuerdo producto del proceso de mediación y se emitió un “voto de huelga preventivo” para repudiar la imposición de una cuota especial en enero de 2011.

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      Como consecuencia del convenio, el Tribunal de Primera Instancia ordenó a las partes mostrar causa por lo cual no *269 debía desestimar la “Demanda enmendada jurada” presentada por la U.P.R. y la “Reconvención y demanda contra tercero” que presentaron los estudiantes Verónica Guzmán Correa y René Vargas Martínez.2 Mediante una moción en cumplimiento de orden, la U.P.R. expuso que la solicitud de injunction permanente y la reclamación de daños y perjuicios no eran académicas. Explicó que sólo hubo un cese voluntario temporero de la conducta que el injunction permanente busca evitar y que ya había amenazas de que la gesta de los estudiantes se repetirá. La U.P.R. alegó que existe una posibilidad real de que se impida el libre acceso al Recinto de Río Piedras en un “futuro cercano”, ya que los estudiantes emitieron, en la Asamblea General, un “voto de huelga preventivo” en repudio a la imposición de una cuota especial efectiva en enero 2011.

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      2

       

      Estos codemandados instaron una “Reconvención y demanda contra terceros” en la que reclaman a la Presidenta de la Junta de Síndicos, Lcda. Ygrí Rivera, y al Presidente de la Universidad, Dr. José Ramón de la Torre, en su carácter personal, por los daños que alegadamente han sufrido por la publicación de documentos confidenciales y por un supuesto abuso de los procedimientos judiciales.

       

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      24

      Por lo tanto, la U.P.R. insistió en que no se desestimara el injunction permanente y la causa de daños y perjuicios. Aseguró que las expresiones realizadas por algunos líderes estudiantiles en la asamblea eran indicio de que próximamente iniciaría otra protesta, lo que hace que el conflicto entre las partes siga vivo. En cuanto al acuerdo producto de la mediación, la U.P.R. indicó que éste no era un acuerdo de transacción, ya que no “pretendió aclarar las relaciones jurídicas objeto de este pleito mediante concesiones recíprocas de las partes”.

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      Por su parte, los líderes estudiantiles codemandados se opusieron a la moción y aseveraron que la controversia se resolvió con el acuerdo suscrito el 16 de junio de 2010 en mediación. Mencionaron que la U.P.R. intenta mantener viva una controversia de forma disfrazada y que realmente es altamente especulativo que se genere otra huelga. Aducen *270 que la U.P.R. retomó el control del recinto y que los portones fueron abiertos. Éstos entienden que ambos aspectos son el núcleo del remedio interdictal que solicitó la U.P.R. Alegan, además, que de ocurrir una huelga en el futuro, otros serían los estudiantes participantes, puesto que la composición estudiantil cambió. Por lo tanto, sostienen que, en ese momento, la U.P.R. podría acudir a la vía judicial.

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      El 29 de junio de 2010 el Tribunal de Primera Instancia emitió “Sentencia Parcial y Orden” en la que desestimó por académica la solicitud de injunction permanente, interdicto posesorio, y la orden de cese al amparo del Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, que presentó la U.P.R. También ordenó que la reclamación de daños y perjuicios de la U.P.R. y la demanda de terceros de los codemandados, se tramitaran en un pleito ordinario. Con ello, concluyó que la mediación corrigió todos los conflictos entre las partes.

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      Cabe señalar que el Tribunal de Primera Instancia hizo constar en su sentencia, bajo el título de “hechos posteriores a la mediación”, que “varios codemandados, algunos sobre los cuales no tenemos jurisdicción por no haber sido emplazados, alegadamente emitieron comentarios públicos sobre la posibilidad de otro proceso huelgario”. Sentencia parcial y orden del Tribunal de Primera Instancia, pág. 8, Apéndice, pág. 245. El foro primario no otorgó importancia a esos comentarios y entendió que el acuerdo de mediación hizo académica la controversia entre las partes.

      28

      Oportunamente, la U.P.R. presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Allí señaló que el Tribunal de Primera Instancia erró al concluir que la causa de acción de injunction permanente era académica. La U.P.R. sostuvo que el cese voluntario de la conducta de los demandados no tiene carácter de permanencia y que la huelga en un futuro cercano no es incierta. Indicó que les correspondía a los demandados establecer que no hay expectativa *271 razonable de una próxima huelga, cosa que según estiman éstos no hicieron.

      29

      El 10 de julio de 2010 la U.P.R. presentó un recurso de certificación ante este Tribunal. Alega que existen cuestiones de alto interés público relacionadas con asuntos constitucionales sustanciales que ameritan que traigamos el pleito ante nuestra consideración. Nos solicita que adelantemos el trámite judicial por la importancia y pronta atención que requiere este conflicto. Además, invoca que de no hacerlo se vulnera el interés de la U.P.R. en mantener su misión como el primer centro docente del país. Para ello, la U.P.R. considera que debe proteger las tareas institucionales y que debe imperar el orden en la universidad. Precisa que el injunction permanente tiene el propósito de mantener la continuidad de las funciones académicas y administrativas, asegurando que el desempeño de las tareas se lleve a cabo de forma ordenada y segura, sin menoscabar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los estudiantes. Por lo tanto, la U.P.R. nos invita a discutir los medios y formas en que tales manifestaciones se pueden generar. Ello, según aduce la U.P.R., amerita que este Tribunal se exprese sobre el tipo de foro que es la universidad y el alcance del derecho fundamental a la libre expresión dentro de ésta.

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      II

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      A. La certificación intrajurisdiccional

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      [1–2] El Art. 3.002 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, conocida como la Ley de la Judicatura de 2003, específicamente en sus incisos (e) y (f), 4 L.P.R.A. sec. 24s(e) y (f), dispone los dos escenarios en los cuales, como parte de su competencia, este Tribunal puede atender asuntos mediante el auto de certificación. Ambos escenarios se diferencian a base de la procedencia *272 del auto. Así, cuando los autos proceden del Tribunal de Primera Instancia o del Tribunal de Apelaciones se denominan “certificaciones intrajurisdiccionales”, y cuando proceden de alguno de los tribunales del sistema federal son conocidos como “certificaciones interjurisdiccionales”. Ahora bien, el tipo de certificación que nos atañe en esta ocasión es el intrajurisdiccional, el cual surge del Art. 3.002(e) de la Ley de la Judicatura de 2003, supra. La disposición legal antedicha expresa que este Tribunal,

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      [m]ediante auto de certificación, a ser expedido discrecionalmente, motu proprio, o a solicitud de parte, podrá traer inmediatamente ante sí para considerar y resolver cualquier asunto ante el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal de Apelaciones cuando se plantee la existencia de un conflicto entre decisiones previas del Tribunal de Apelaciones, se planteen cuestiones noveles de derecho, o se planteen cuestiones de alto interés público que incluyan cualquier cuestión constitucional sustancial al amparo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de la Constitución de Estados Unidos. Íd.

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      Así pues, el auto de certificación intrajurisdiccional “es un mecanismo de carácter discrecional que nos permite traer de inmediato ante nuestra atención asuntos que se encuentran ante la consideración de foros inferiores, obviando el trámite ordinario de los procedimientos”. Rivera v. J.C.A., 164 D.P.R. 1, 7 (2005). Ello, como ya hemos mencionado, puede hacerse a solicitud de parte o motu proprio. Art. 3.002(e) de la Ley de la Judicatura de 2003, supra. Es un recurso de carácter excepcional porque la norma preferida en nuestro ordenamiento es que los casos maduren durante el trámite ordinario para evitar así que el foro de última instancia se inmiscuya a destiempo. Rivera v. J.C.A., supra. Sin embargo, el auto de certificación es el mecanismo adecuado para atender asuntos que requieren urgente solución, ya sea porque se afecta la administración de la justicia o porque el asunto es de tal importancia que *273 exige una pronta atención. Íd. Además, es un recurso que nos permite eliminar prácticamente la posibilidad de que algunos tipos de casos evadan nuestros pronunciamientos sobre los asuntos que éstos presentan. Presidente de la Cámara v. Gobernador, 167 D.P.R. 149, 160–161 (2006).

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      Por esa razón, hemos utilizado el auto de certificación en muchas ocasiones para atender controversias del más alto interés público. Véanse, entre otros: Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra; Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 D.P.R. 1 (2010); San Gerónimo Caribe Project v. E.L.A. I, 174 D.P.R. 518 (2008); McClintock v. Rivera Schatz, 171 D.P.R. 584 (2007); Romero Barceló v. E.L.A., 169 D.P.R. 460 (2006); Rivera v. J.C.A., supra; Suárez v. C.E.E. I, 163 D.P.R. 347 (2005).

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      B. La controversia entre las partes

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      En este caso nos encontramos ante el cuestionamiento de si la solicitud de injunction permanente que presentó la U.P.R. por el cierre de su institución a raíz de la “huelga estudiantil” no es académica porque no tiene visos de permanencia. En la solicitud de certificación la U.P.R. alega que aunque ya la institución está operando en su normalidad, sigue latente la amenaza porque el fin de la pasada “huelga” fue temporero. Los estudiantes recurridos alegan todo lo contrario en su escrito de oposición. Para ellos, el recurso es académico.

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      La controversia ante esta Curia presenta serias implicaciones sobre las funciones de la U.P.R. Esas funciones están revestidas del más alto interés público. Asimismo, el caso presenta interrogantes constitucionales sustanciales, relacionadas con los derechos de los estudiantes, que merecen nuestra intervención en estos momentos. Además, por la particularidad de los hechos, éste es uno de esos casos que podría escapar a nuestros pronunciamientos y que requiere una pronta atención. Por ello se cumplen los requisitos para la expedición del auto de certificación. *274

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      Por su parte, la Regla 50 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, dispone que este Tribunal se reserva la facultad “para prescindir de términos, escritos o procedimientos específicos a los fines de lograr el más justo y eficiente despacho del caso o del asunto de que se trate”. En el caso particular ante nos, evaluados los escritos presentados por las partes, así como el resto del expediente, estamos en posición de resolver. Por eso, como ambas partes han comparecido y en conformidad con la facultad que nos otorga la Regla 50 de nuestro Reglamento, supra, procedemos a expedir el auto de certificación y a resolver el recurso.

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      III

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      A. Conocimiento judicial de hechos adjudicativos

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      El primer asunto que debemos considerar es si el Tribunal de Primera de Primera Instancia erró al desestimar por académica la solicitud de injunction permanente.

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      La U.P.R. expone que aplica una de las excepciones a la doctrina de academicidad porque la situación de hechos fue cambiada, pero sin visos de permanencia. La U.P.R. asegura que con la aprobación del “voto de huelga preventivo”, los estudiantes solamente modificaron su comportamiento de manera temporera y sin firmeza. Así pues, nos requiere que tomemos conocimiento judicial al respecto.

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      Además, la U.P.R. nos solicita que consideremos “[l]os comentarios recientes realizados en la prensa por parte de líderes estudiantiles, [los cuales] revelan que existe una probabilidad razonable de que se reorganice una protesta estudiantil en el futuro cercano”. Recurso de certificación intrajurisdiccional, pág. 15. Sobre este particular, la U.P.R. nos indica que podemos también tomar conocimiento judicial. Nos cita varias manifestaciones de líderes estudiantiles publicadas en la prensa que muestran que las *275 actuaciones de los estudiantes no tienen visos de permanencia. Por ejemplo, la U.P.R. nos presenta como anejo un artículo noticioso en el que se cita al codemandado, Giovanni Roberto Cáez, declarando lo siguiente:

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      En este primer “round” salimos victoriosos. Cuando uno gana el campeonato en la primera pelea, uno está dispuesto a ir a la segunda porque sabe que tiene posibilidades de ganar porque ya probó su fuerza y este movimiento ha probado la fuerza que tiene. Así que estamos listos para defender la universidad pública y evitar esa cuota en enero. Apéndice, págs. 193 y 195.

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      De igual modo, la U.P.R. aneja otro artículo en el cual otro codemandado, José García, hizo una advertencia a la Junta de Síndicos sobre la implantación de la cuota en enero de 2011. Expresó que “si tenemos que hacer otra huelga, la haremos más combativa que ésta”. Apéndice, pág. 196. Asimismo, la U.P.R. adjunta otro artículo en el que una líder estudiantil del Recinto de Aguadilla, Yanira Ríos de Jesús,3 exhortó a los estudiantes “a estar listos por si es necesario otro proceso huelgario, en caso de que la Administración decida implantar la cuota o incrementar el costo de los créditos, uno de los puntos que causó el tranque en las negociaciones”. Íd., pág. 201.

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      3

       

      De los tres estudiantes que emitieron expresiones a la prensa, Yanira Ríos de Jesús es la única que no está incluida específicamente como demandada. Los estudiantes Giovanni Roberto Cáez y José García Oquendo son codemandados y recurridos en este pleito.

       

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      54

      Por su parte, los estudiantes recurridos sostienen que los artículos de prensa citados son prueba de referencia que no es admisible y que, por lo tanto, no podemos tomarlos en consideración. Alegan también que es “altamente especulativo” considerar que la “huelga” se repetirá, pero de ello ocurrir, la U.P.R. puede acudir oportunamente a los tribunales.

      55

      La Regla 201 de Evidencia de 2009 (32 L.P.R.A. Ap. VI) trata sobre el conocimiento judicial de hechos adjudica *276 tivos. Es decir, versa sobre los hechos que “están en controversia de acuerdo con las alegaciones y del derecho sustantivo que rige el asunto”. Pérez v. Mun. de Lares, 155 D.P.R. 697, 704 (2001); Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704 (1991). Esta regla sustituyó la Regla 11 de Evidencia de 1979, la cual fue interpretada en varias ocasiones por este Tribunal.

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      La Regla 201 de Evidencia de 2009, supra, dicta, en lo pertinente, que:

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      Regla 201. Conocimiento judicial de hechos adjudicativos

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      (a) Esta Regla aplica solamente al conocimiento judicial de hechos adjudicativos.

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      (b) El Tribunal podrá tomar conocimiento judicial solamente de aquel hecho adjudicativo que no esté sujeto a controversia razonable porque:

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      (1) es de conocimiento general dentro de la jurisdicción territorial del tribunal, o

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      (2) es susceptible de corroboración inmediata y exacta mediante fuentes cuya exactitud no puede ser razonablemente cuestionada.

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      (c) El Tribunal podrá tomar conocimiento judicial a iniciativa propia o a solicitud de parte. Si es a solicitud de parte y ésta provee información suficiente para ello, el Tribunal tomará conocimiento judicial.

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      ........

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      (e) El Tribunal podrá tomar conocimiento judicial en cualquier etapa de los procedimientos, incluyendo la apelativa. (Énfasis suplido.)

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      [3] Como se sabe, el conocimiento judicial es un medio de prueba. Trata de establecer un hecho como cierto sin la necesidad formal de presentar evidencia. E.L. Chiesa, Tratado de derecho probatorio: reglas de evidencia de Puerto Rico y federales, [ed. de autor], 1998, T. II, Sec. 13.1, pág. 1129. Por lo tanto, tomar conocimiento judicial de un hecho adjudicativo4 significa que el hecho es aceptado *277 como cierto sin necesidad de que la persona obligada presente evidencia de su veracidad. Ello es así porque el tribunal presume que la cuestión es tan notoria que no será disputada. Pese a ello, la parte contraria no está impedida de ofrecer prueba en contrario. Lluberas v. Mario Mercado e Hijos, 75 D.P.R. 7, 20 (1953).

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      4

       

      Según expone el Prof. Ernesto Luis Chiesa, los hechos adjudicativos son los vinculados con las alegaciones y los que pasan a la consideración del Jurado. Esto los diferencia de los hechos legislativos, que son “aquellos que las partes y los tribunales toman en consideración con relación a los efectos sociales o económicos que podría tener la norma que se establecería de resolver de una u otra manera”. E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009: análisis por el Prof. Ernesto L. Chiesa, San Juan, Pubs. J.T.S., 2009, pág. 103. Ello es pertinente, según el profesor Chiesa, ya que la Regla 201 aplica solamente a los “hechos adjudicativos”. Regla 201(a) de Evidencia de 2009. Por lo tanto, el tribunal puede tomar conocimiento de los hechos legislativos sin cumplir con los criterios del inciso (b).

       

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      [4] El apartado (b) de esta regla establece los dos criterios por los cuales el tribunal puede adquirir conocimiento judicial. El primer criterio es la notoriedad del hecho, lo cual incluye el conocimiento general que exista en la jurisdicción. Asoc. de Periodistas v. González, supra, pág. 713. Como señala el profesor Chiesa, “[a] mayor generalidad del hecho, mayor probabilidad de que se puede tomar conocimiento judicial; a mayor especificidad más difícil es tomar conocimiento judicial”. E.L. Chiesa, Reglas de evidencia de Puerto Rico 2009: análisis por el Prof. Ernesto L. Chiesa, San Juan, Pubs. J.T.S., 2009, pág. 104. El profesor Chiesa utiliza como ejemplo el evento del “Milagro del Hudson”. Indica que el tribunal puede tomar conocimiento judicial de que un avión descendió en ese río sin que nadie muriera. No obstante, éste no puede adquirir conocimiento judicial de los daños sufridos por un determinado pasajero. Íd.

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      El segundo criterio que exhibe el inciso (b) de la regla, expone que debe ser un hecho cuya existencia no puede ser cuestionada. Tales hechos deben ser de determinación inmediata al recurrir a fuentes cuya exactitud no puede ser discutida. Al amparo de este criterio el hecho no tiene que ser notorio o de conocimiento general, sino de cómoda *278 corroboración. Aquí lo esencial es que el hecho no se disputa porque es de fácil verificación. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, op. cit., pág. 1137.

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      [5] Ahora bien, no basta con que el hecho sea notorio o indubitable, sino que debe ser también pertinente y admisible. Puesto que el conocimiento judicial es un atrecho al proceso evidenciario, el hecho tiene que ser uno que se hubiese podido probar con evidencia admisible. “El conocimiento judicial no tiene el efecto de hacer admisible lo que es objeto de una regla de exclusión” de evidencia. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, op. cit., pág. 104.

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      [6] Sin duda, la economía judicial y lo indeseable de que el juzgador rechace como falso lo que es a todas luces cierto, es el cimiento para la doctrina del conocimiento judicial. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, op. cit., págs. 1130. “Los Jueces no viven en un vacío. Sabemos lo que el resto de la comunidad sabe.” Pueblo v. Marrero, 79 D.P.R. 649, 658 (1956). No obstante, el conocimiento judicial no se refiere al conocimiento personal del juez, sino al general que éste pueda tener de un hecho. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, op. cit., pág. 104.

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      [7] Por último, el tribunal puede tomar conocimiento judicial por su propia iniciativa o a solicitud de parte. En el segundo de los casos, la parte proponente debe poner en posición al tribunal para tomar conocimiento judicial. Entonces, el tribunal debe acceder a la solicitud, especialmente si se trata de un hecho de fácil verificación. Si la parte promovente no provee la información, el tribunal rechazará la solicitud y la parte deberá entonces presentar evidencia para probar el hecho. Pérez v. Mun. de Lares, supra, pág. 705.

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      Conforme al derecho antes expuesto no cabe duda de que este Tribunal puede tomar conocimiento judicial de que el 21 de junio de 2010 se celebró una asamblea convocada *279 por los estudiantes. Este hecho no sólo es de conocimiento general, sino que es de fácil corroboración. Tampoco se cuestiona que en dicha fecha una mayoría de los estudiantes reunidos ratificaron un “voto preventivo de huelga”. Este particular no ha sido cuestionado por los estudiantes.

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      [8] Ahora bien, distinto son las expresiones citadas en el periódico que alegadamente hicieron varios estudiantes, que en su mayoría son codemandados recurridos. Sin el beneficio de la prueba que se presente en un juicio, no hay manera de que podamos tomar como cierto el contenido de los artículos de periódicos que cita la U.P.R. Como se sabe, este Tribunal ha establecido como norma general que los artículos de periódicos no son admisibles para probar lo que en éstos se relata, porque son prueba de referencia. Pons v. Rivera Santos, 85 D.P.R. 524, 542 (1962). Evidentemente, los artículos de los periódicos con las citas de lo que alegadamente dijeron los estudiantes, son prueba de referencia inadmisible para probar la certeza de lo allí citado. Por lo tanto, sobre ese particular los estudiantes recurridos tienen razón. Este Tribunal no puede, sin más, considerar ciertas esas expresiones.

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      Sin embargo, no debe existir duda alguna de que sí podemos tomar conocimiento judicial de que el 21 de julio de 2010 se realizó una asamblea de estudiantes y que allí se ratificó un “voto preventivo de huelga”. Estos hechos son de conocimiento general y de fácil corroboración. Con ese hecho como premisa, debemos analizar si este pleito es académico como resolvió el Tribunal de Primera Instancia.

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      B. Academicidad: excepción de cesación voluntaria sin visos de permanencia

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      [9] Como se sabe, conforme al principio de justiciabilidad, los tribunales limitan su intervención para resolver controversias reales y definidas que afectan las relaciones *280 jurídicas de partes antagónicas u opuestas. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 584 (1958). Conforme a ello, un tribunal de justicia no debe atender una controversia de carácter hipotético, abstracto o ficticio. Íd. Esa limitación tiene el propósito de que los tribunales puedan precisar el momento oportuno para su intervención. Íd.

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      [10] Hemos señalado que un asunto no es justiciable cuando: (1) trata de resolver una cuestión política; (2) una de las partes no tiene legitimación activa para promover un pleito; (3) después de comenzado un pleito, unos hechos posteriores lo convierten en académico; (4) las partes buscan obtener una opinión consultiva, o (5) se promueve un pleito que no está maduro. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 (1994). Como vemos, la doctrina de academicidad es una manifestación del principio de justiciabilidad.

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      [11] La academicidad recoge la situación en que, aun cumplidos todos los criterios de justiciabilidad, ocurren cambios en los hechos o el derecho durante el trámite judicial que tornan académica o ficticia la solución del pleito. El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115, 123 (1988); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 724 (1980). La doctrina de academicidad busca: (1) evitar el uso innecesario de los recursos judiciales; (2) asegurar que haya la adversidad suficiente para que las controversias se presenten y defiendan competente y vigorosamente, y (3) evitar precedentes innecesarios. Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, supra, pág. 725.

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      [12] Un caso académico es aquel que intenta “obtener un fallo sobre una controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una determinación de un derecho antes que éste haya sido reclamado, o una sentencia sobre un asunto, que al dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos prácticos sobre una controversia existente”. P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643, 675 (1995); E.L.A. v. Aguayo, *281 supra, pág. 584. Conforme a ello, una controversia puede convertirse en académica cuando su condición viva cesa por el transcurso del tiempo. Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E.Tel., 150 D.P.R. 924, 936 (2000).

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      [13] Al considerar el concepto de academicidad hay que concentrarse en “la relación existente entre los eventos pasados que dieron inicio al pleito y la adversidad presente”. Asoc. de Periodistas v. González, supra, pág. 717. Este análisis es trascendental para determinar la existencia de los requisitos constitucionales de justiciabilidad, especialmente cuando existen aspectos de la controversia que se tornan académicos pero persisten consecuencias colaterales de ésta que tienen vigencia y actualidad. Véase R. Serrano Geyls, Derecho constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1986, Vol. 1, págs. 122–126. Por lo tanto, al examinar si un caso es académico, debemos evaluar los eventos anteriores, próximos y futuros, para determinar si la controversia entre las partes sigue viva y subsiste con el tiempo. Pres. del Senado, 148 D.P.R. 737, 759 (1999). De no ser así, los tribunales están impedidos de intervenir.

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      93

      No obstante, este Tribunal ha reconocido varias excepciones a la doctrina de academicidad. P.P.D. v. Gobernador I, supra, pág. 676. Tales excepciones son: (1) una cuestión recurrente o susceptible de volver a ocurrir; (2) cuando la situación de hechos ha sido cambiada por el demandado, pero no tiene visos de permanencia, y (3) cuando subsisten consecuencias colaterales que tienen vigencia y actualidad. Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra; Angueira v. J.L.B.P., 150 D.P.R. 10, 19 (2000).

      94

      La U.P.R. alega que en este caso aplica la segunda excepción antes mencionada. Explica que los estudiantes realizaron un cambio a su conducta, pero sin la intención de que ese cambio fuera permanente. Asegura que la aprobación del “voto de huelga preventivo” es prueba de ello. *282 Como indicáramos, podemos tomar conocimiento judicial del hecho de que hubo una asamblea de estudiantes en la cual se aprobó un voto preventivo de huelga. No podemos obviar que los intentos de concluir la controversia entre las partes mediante el acuerdo de mediación, a raíz de esa asamblea, no necesariamente fueron definitivos. En ese sentido creemos que la U.P.R. tiene razón en sus argu mentos.

      95

      [14] Este Tribunal nunca ha tenido la oportunidad de aplicar y abundar sobre la excepción de academicidad de cesación voluntaria sin visos de permanencia.5 Sin embargo, existe múltiple jurisprudencia al respecto del Tribunal Supremo federal. Así, ese Foro ha sostenido que el hecho de que un demandado desista voluntariamente de la conducta impugnada no priva automáticamente a un tribunal de su autoridad para determinar la legalidad de esa conducta. Friends of Earth, Inc. v. Laidlaw Environmental Services (TOC), Inc., 528 U.S. 167, 189 (2000); City of Mesquite v. Aladdin’s Castle, Inc., 455 U.S. 283, 289 (1982). De lo contrario, se dejaría libre a la parte demandada para volver a sus antiguas usanzas. U.S. v. Phosphate Export Assn., 393 U.S. 199, 203 (1968), citando a United States v. W.T. Grant Co., 345 U.S. 629, 632 (1953).

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      5

       

      En Presidente de la Cámara v. Gobernador, 167 D.P.R. 149 (2006), no aplicamos la excepción de cesación voluntaria sin visos de permanencia. Concluimos que el caso era académico porque no era probable que la controversia recurriera en el futuro. No obstante, la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez emitió una opinión disidente en la que señaló que no había garantía de que la parte recurrida no habría de repetir la misma conducta en el futuro. Opinó que debía aplicarse la excepción de cesación sin visos de permanencia y abundó un poco sobre este concepto y su aplicación por el Tribunal Supremo federal.

       

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      99

      El Tribunal Supremo federal indicó que para determinar si un caso es académico por el cambio voluntario de un demandado se utiliza el escrutinio estricto. Friends of Earth, Inc. v. Laidlaw Environmental Services (TOC), Inc., supra. Por lo tanto, la terminación voluntaria de una conducta no tornará académica una controversia salvo que los eventos subsiguientes hagan absolutamente claro que no *283 es razonable esperar que la alegada conducta impugnada vuelva a ocurrir. Parents Involved in Community Schools v. Seattle School Dist. No. 1, 551 U.S. 701, 719 (2007), citando a Friends of Earth, Inc. v. Laidlaw Environmental Services (TOC), Inc., supra, y a U.S. v. Phosphate Export Assn., supra, pág. 203 (“subsequent events made it absolutely clear that the allegedly wrongful behavior could not reasonably be expected to recur”).

      100

      Si un demandante impugna una acción y el demandado reacciona eliminándola, pero posteriormente continúa con una acción sustancialmente similar (“substantially similar action”), el caso no es académico. J.E. Nowak y R.D. Rotunda, Constitutional Law, 8va ed., St. Paul, West Pub., 2010, pág. 72. Concluir lo contrario dejaría en las manos de la parte demandada la continuación del pleito. Por eso, un caso es académico solo si: (1) puede asegurarse que la violación alegada no va a volver a ocurrir y (2) el remedio provisional concedido o los eventos acaecidos han erradicado completa e irrevocablemente los efectos de la violación alegada. County of Los Angeles v. Davis, 440 U.S. 625, 631 (1979).

      101

      En el caso normativo United States v. W.T. Grant Co., supra, el Tribunal Supremo señaló:

      102

      Both sides agree to the abstract proposition that voluntary cessation of allegedly illegal conduct does not deprive the tribunal of power to hear and determine the case, i.e., does not make the case moot. ... A controversy may remain to be settled in such circumstances. ... The defendant is free to return to his old ways. This, together with a public interest in having the legality of the practices settled, militates against a mootness conclusion. ... For to say that the case has become moot means that the defendant is entitled to a dismissal as a matter of right .... The courts have rightly refused to grant defendants such a powerful weapon against public law enforcement. (Citas y escolios omitidos, y énfasis suplido.)

      103

      El peso de la prueba recae en la parte que alega que el pleito es académico. Es decir, corresponde a ésta demostrar que el cambio de conducta para culminar la controversia es *284 permanente y no es razonable esperar que revierta. Friends of Earth, Inc. v. Laidlaw Environmental Services (TOC), Inc., supra, pág. 189 (“the heavy burden of persua[ding] the court that the challenged conduct cannot reasonably be expected to start up again lies with the party asserting mootness”. (Corchetes en el original.) En ese sentido, si la parte demandada puede probar que no existe una expectativa razonable de que la conducta impugnada se repita, entonces el caso es académico. United States v. W.T. Grant Co., supra.

      104

      En vista del Derecho antes expuesto, los estudiantes recurridos tienen el peso de la prueba para establecer que su conducta con relación al fin de la huelga es permanente. El acuerdo al que llegaron las partes tras la intervención de un mediador no tuvo el propósito de terminar con la litigación. Ninguna de sus cláusulas contiene un compromiso de desistir del pleito. El único objetivo fue concluir la “huelga estudiantil” que imperaba entonces a cambio de una posposición hasta enero de 2011 del cobro de una cuota especial a los estudiantes, entre otras cosas. Los estudiantes recurridos hicieron constar expresamente en el acuerdo producto de la mediación que rechazan esa cuota. Luego, aprobaron un “voto preventivo de huelga”. Eso mantiene viva la pugna que mantuvo a nuestro sistema universitario paralizado por meses.

      105

      Por ende, la controversia ante nuestra consideración se sitúa perfectamente en la excepción de academicidad antes expuesta. No existe una garantía real de que los estudiantes no habrán de incurrir en la conducta impugnada, especialmente luego de la aprobación del “voto preventivo de huelga”. Por el contrario, su conducta es un indicio razonable de que podría volver a ocurrir otra paralización de la U.P.R. y que la intención de los estudiantes recurridos nunca fue culminar con la controversia de autos.

      106

      Si concluyéramos que el litigio es académico los estudiantes recurridos quedarían liberados de un dictamen judicial *285 y podrían incurrir nuevamente en la conducta proscrita. Eso dejaría sin remedio a la U.P.R. a pesar de sus alegaciones de daño irreparable. La adjudicación judicial de ese reclamo no puede quedar al arbitrio unilateral de los estudiantes recurridos. Esto cobra más importancia cuando se trata de un asunto de tan alto interés público. Estamos ante la posible paralización de nuestro más alto centro público de enseñanza y la frustración de la misión social consagrada en la Ley de la Universidad de Puerto Rico. Es por ello que concluimos que este caso no es académico, porque le aplica la excepción de cesación voluntaria sin visos de permanencia. A pesar de los esfuerzos de mediación, la conducta posterior de los estudiantes abona a que la U.P.R. se sienta amenazada y nada impediría que los estudiantes retomen los actos que el injunction permanente busca evitar.

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      IV

      109

      La U.P.R. ha solicitado un interdicto permanente contra los estudiantes recurridos, que ordene el cese de toda acción que impida el libre acceso al campus universitario. Por su parte, los estudiantes recurridos argumentan como defensas afirmativas que el remedio que la U.P.R. solicita implica un menoscabo de patente intensidad a su derecho a la libre expresión, que por ello requiere el escrutinio judicial más alto y acucioso posible. Toda vez que el Tribunal de Primera Instancia tendrá que aquilatar estos planteamientos al evaluar si emite la orden de injunction permanente que se le ha solicitado, es imperativo definir los contornos de los derechos constitucionales que se invocan como defensa. Nos aseguramos así de que se protejan los derechos legales y constitucionales de todas las partes en la comunidad universitaria. *286

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      A. Principios generales de la libertad de expresión

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      [15] La Sec. 4 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico consagra el derecho fundamental a la libertad de expresión. Art. II, Sec. 4, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008. Como tal, nuestra Carta de Derechos protege al ciudadano puertorriqueño contra cualquier actuación gubernamental o “ley ... que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios”. Íd., pág. 285. Como corolario de la libre expresión, la Sec. 6 del artículo citado añade que “[l]as personas podrán asociarse y organizarse libremente para cualquier fin lícito, salvo en organizaciones militares o cuasi militares”. Íd., Sec. 6, pág. 294. Hemos expresado en el pasado que “[a]mbos derechos son fundamentales para la consecución y[el] ejercicio de la libertad de conciencia”. Rodríguez v. Srio. de Instrucción, 109 D.P.R. 251, 255 (1979).

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      113

      [16] La garantía constitucional a la libertad de palabra “abarca el ámbito general de la libertad de conciencia, de pensamiento, de expresión, y las actividades propias para ejercitar a plenitud dentro de la más dilatada libertad la totalidad de los derechos”. Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, 156 D.P.R. 18, 23 (2002), citando a 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2564 (1951). Además, “[faculta] el desarrollo pleno del individuo y [estimula] el libre intercambio y la diversidad de ideas, elementos vitales del proceso democrático”. Velázquez Pagán v. A.M.A., 131 D.P.R. 568, 576 (1992).

      114

       

      115

      [17] “Entre las libertades individuales, la libertad de expresión es probablemente la más esencial, una vez garantizado el derecho a la vida y a la libertad física.” Asoc. de Maestros v. Srio. de Educación, 156 D.P.R. 754, 767 (2002). “La libertad de expresión es la quintaesencia de una sociedad democrática. De forma multidimensional, en *287 la constelación de valores democráticos, goza de una primacía peculiar.” Coss y U.P.R. v. C.E.E., 137 D.P.R. 877, 886 (1995). Como resultado, este Tribunal está llamado a la más celosa protección de un derecho tan cardinal. Asoc. de Maestros v. Srio. de Educación, supra, pág. 768.

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      117

      [18] Sin embargo, hemos reiterado a la saciedad que el derecho a la libertad de palabra no está inmune a la imposición de limitaciones, siempre y cuando éstas sean interpretadas de forma restrictiva, de manera que no abarquen más de lo imprescindible. Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, supra, pág. 24. Véanse, también, Asoc. de Maestros v. Srio. de Educación, supra, págs. 768–769; Velázquez Pagán v. A.M.A., supra, pág. 576; Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra, pág. 255. La libertad de expresión no es un derecho absoluto. Por consiguiente, puede “subordinarse a otros intereses cuando la necesidad y conveniencia públic[a] lo requieran”. Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15, 21 (1968). Véanse, también: Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282, 290 (1971); A. Lewis, Freedom for the Thought that We Hate, Nueva York, Ed. Basic Books, 2007, pág. 169 (“People invoke the First Amendment as if those words would settle whatever issue was being debated. But in truth the freedoms of speech and of the press have never been absolutes”).

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      119

      [19] La Sec. 4 de la Carta de Derechos local, supra, encuentra su origen en los postulados de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América, Emda. I, Const. EE.UU., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008. Véase J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, San Juan, Ed. U.P.R., 1982, T. 3, pág. 181. La Primera Enmienda declara, en lo pertinente, que “[e]l Congreso no aprobará ninguna ley ... que coarte la libertad de palabra o de prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar del Gobierno la reparación de agravios”. Emda. I, supra, pág. 181. A su vez, la Enmienda Catorce, *288 Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1, extendió las garantías a las libertades de expresión y prensa consagradas en la Primera Enmienda a todos los estados de la Unión. Véanse: Emda. XIV, supra; Nowak y Rotunda, op. cit., pág. 1252. Por tratarse de un derecho fundamental, la garantía de libertad de expresión y prensa de la Constitución federal aplica en Puerto Rico. Balzac v. People of Porto Rico, 258 U.S. 298, 314 (1922); Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282, 286–287 (1971). Véase D.M. Helfeld, How Much of the Federal Constitution is Likely to be Held Applicable to the Commonwealth of Puerto Rico, 39 (Núm. 1) Rev. Jur. U.P.R. 169, 183 (1970).

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      121

      [20] Por esa razón, “las garantías de nuestra Carta de Derechos las interpretamos y hacemos efectivas ‘no en menor grado de protección’ que lo hace, respecto a garantías similares, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos”. Aponte Martínez v. Lugo, supra. Al resolver casos y controversias que surgen bajo el palio de la Primera Enmienda, supra, el Tribunal Supremo federal ha bifurcado su análisis en dos grandes categorías, a saber: (1) acciones gubernamentales que reglamentan el contenido de la expresión, y (2) las que regulan su tiempo, lugar y manera. Nowak y Rotunda, op. cit., pág. 1253; K.M. Sullivan y G. Gunther, First Amendment Law, Nueva York, Ed. Foundation Press, 1999, pág. 193 (“The Court has increasingly treated the distinction between content-based and content-neutral regulations as a crucial one in First Amendment law”); Serrano Geyls, op. cit., Vol. 2, pág. 1278.

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      B. La reglamentación gubernamental del contenido de la expresión

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      124

      Al analizar las controversias que plantean el derecho a la libertad de expresión, hemos adoptado el sistema de análisis implantado por el más alto foro federal. Por consiguiente, hemos consignado que “es menester distinguir entre *289 la reglamentación gubernamental del contenido de la expresión y la reglamentación del tiempo, lugar y manera de la expresión”. (Énfasis suprimido.) Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, supra, pág. 24. Véase, además, Asoc. de Maestros v. Srio. de Educación, supra, pág. 769.

      125

      [21] Por lo general, hemos desfavorecido toda intervención gubernamental que procure impedir determinada expresión debido a su contenido. Una intervención gubernamental incide sobre el contenido de una expresión si

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      ... la prohibición va dirigida precisamente a las ideas o a la información que se quiere diseminar, por el mensaje o punto de vista específico de la expresión o por el efecto que esa información o idea pueda tener. Cualquier acción del Gobierno de esta naturaleza, que esté dirigida al contenido o al impacto comunicativo de la expresión, se considera tan ominosa jurídicamente que se presume contraria a la Primera Enmienda de la Constitución federal, [supra], y a la Sec. 4 del Art. II de nuestra Constitución[, supra]. (Énfasis en el original.) Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, supra, pág. 25, citando a L.H. Tribe, American Constitutional Law, 2da ed., Nueva York, Ed. Foundation Press, 1988, Sec. 12-2, págs. 789–790.

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      128

      [22] Cuando una actuación gubernamental esté diseñada para afectar el contenido de la expresión, deberá someterse a un escrutinio judicial estricto. Lo anterior implica que la restricción a la actividad expresiva no se sostendrá, a no ser que el gobierno pueda justificar que su acción está estrechamente diseñada para alcanzar un interés público apremiante y que tal actuación es necesaria para alcanzar dicho interés. Véase Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., 460 U.S. 37, 45 (1983). Véanse, además: Pleasant Grove City v. Summum, 555 U.S. 460 (2009); Frisby v. Schultz, 487 U.S. 474, 481 (1988); Airport Comm’rs v. Jews for Jesus, Inc., 482 U.S. 569, 573 (1987); Nowak y Rotunda, op. cit., págs. 1253 y 1254.

      129

       

      130

      [23] El Tribunal Supremo federal ha permitido, en limitadas ocasiones y mediante una regulación clara y estrechamente *290 diseñada, que se proscriba determinada expresión por causa de su contenido cuando ésta puede catalogarse dentro de alguna de las clasificaciones siguientes:

      131

      (1) speech that incites to imminent lawless action, such as a speaker who urges the lynch mob to attack; (2) speech that triggers an automatic violent response (so called “fighting words” or “true threats”); (3) obscenity, (which the Court narrowly defines to exclude much material that the popular press often describes as pornography); (4) child pornography, a limited category of speech involving photographs and films of young children; (5) certain types of defamatory speech; and (6) certain types of commercial speech, primarily false or mislead ing speech connected to the sale of a service or product, or offers to engage in illegal activity, such as advertisement for a male-only employee when the law forbids sex discrimination. Nowak y Rotunda, op. cit., págs. 1253–1254.

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      133

      Al igual que el Tribunal Supremo federal, también nos hemos expresado sobre esas clasificaciones, al autorizar determinadas actuaciones o regulaciones gubernamentales aunque incidan sobre el contenido del mensaje, ya que la expresión resulta ser: (1) subversiva, (2) difamatoria, (3) invasora de la intimidad, (4) obscena o (5) de naturaleza comercial. Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573 (1982); Pueblo v. Olivero Rodríguez, 112 D.P.R. 369 (1982); Pueblo v. Burgos, 75 D.P.R. 551 (1953); Guadalupe v. Bravo, “Alcaide Cárcel”, 71 D.P.R. 975 (1950). Véase, además, Serrano Geyls, op. cit., págs. 1279–1447.

      134

      [24] No obstante, cuando una actuación gubernamental impide cierto mensaje por causa de su contenido y la expresión no está dentro de alguna de esas clasificaciones, el gobierno tendrá la carga onerosa de establecer que la limitación a la expresión cumple con los requisitos esenciales de un escrutinio judicial estricto; a saber, que está diseñada estrechamente para alcanzar un interés gubernamental apremiante. Nowak y Rotunda, op. cit., pág. 1254. *291

      135

      C. La reglamentación gubernamental del tiempo, el lugar y la manera de la expresión, y el análisis tripartita de foros

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      137

      [25] El Estado no puede suprimir de manera total y absoluta el ejercicio de la expresión legítima. Tampoco se favorece, como regla general, la regulación del contenido de la expresión protegida. Ahora bien, el Estado sí puede limitar, bajo ciertas condiciones, el tiempo, el lugar y la manera en que un ciudadano ejerce su derecho a la libre expresión. Véase Perry Educ. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, pág. 45. Véanse, además: Hill v. Colorado, 530 U.S. 703, 726 esc. 32 (2000); Burson v. Freeman, 504 U.S. 191, 197 (1992); Nowak y Rotunda, op. cit., pág. 1255. Sin este tipo de límite o restricción, nuestra sociedad democrática estaría desprovista de algún grado sensato de orden y civilidad, ya que los ciudadanos estarían libres para expresar su mensaje sin importar el contexto específico del lugar, el momento o el modo en que lo hacen. Íd.

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      139

      [26] El Tribunal Supremo federal ha establecido que una regulación o actuación gubernamental que tan solo incida sobre el tiempo, lugar y la manera de la expresión, será válida únicamente si cumple con un escrutinio judicial intermedio. El escrutinio judicial intermedio requiere que la regulación o actuación gubernamental cumpla con tres exigencias: (1) que sea neutral en cuanto al contenido de la expresión; (2) que haya sido diseñada estrechamente para alcanzar un interés gubernamental importante o significativo que no esté relacionado con la supresión del contenido de la expresión, y (3) que no impida medios alternativos de comunicación. Burson v. Freeman, supra, pág. 197; Véanse, además: Ward v. Rock Against Racism, 491 U.S. 781, 791 (1989); United States v. Grace, 461 U.S. 171, 177 (1983); Nowak y Rotunda, op. cit., págs. 1255 y 1257.

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      141

      La utilización de un escrutinio judicial intermedio evita los rigores de un escrutinio judicial estricto. Este último exige que se pruebe un interés gubernamental apremiante *292 e inclina el péndulo de intereses hacia el extremo de permitir todo tipo de expresión en cualquier sitio, ocasión o forma. En el otro extremo, revisar las regulaciones o actuaciones gubernamentales a la luz de un escrutinio de razonabilidad mínima facultaría que el Estado suprima adversamente la libertad de expresión en nuestra sociedad, ya que se presumiría constitucional la acción impugnada y quien se opone a ella tendría la carga pesada de demostrar que el gobierno no persigue un interés gubernamental legítimo. Véase Nowak y Rotunda, op. cit.

      142

      [27] Cuando el Gobierno restringe el derecho a la libertad de expresión en propiedad pública, se desata una pugna de intereses entre el derecho del Estado a limitar el uso que se ejerce sobre ésta, y el derecho de todo ciudadano a utilizar la propiedad del Estado para actividades intrínsecas a la libertad de palabra. Airport Comm’rs v. Jews for Jesus, Inc., supra, pág. 572. Para alcanzar un balance de intereses, el Tribunal Supremo federal ha instaurado un análisis tripartita, en donde el grado de expresión permitido dependerá del tipo de foro identificado. Según el caso normativo Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, págs. 45–46, los tres foros de expresión son: (1) el foro público tradicional, (2) el foro público por designación y (3) el foro público no tradicional. Véanse, además: Arkansas Ed. Television Comm’n v. Forbes, 523 U.S. 666, 677 (1998); Cornelius v. NAACP Legal Defense & Ed. Fund, 473 U.S. 788, 802 (1985).

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      144

      [28] Un foro público tradicional es un lugar que por uso y costumbre o por fíat gubernamental ha sido destinado a la reunión pacífica y al debate público. Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, pág. 45. Las calles, aceras y parques son lugares que por excelencia se han considerado foros públicos tradicionales, ya que por tiempo inmemorable han sido reservados para el uso del pueblo y para la reunión entre ciudadanos con el fin de *293 cultivar la comunicación y discutir asuntos de interés social. Íd., citando a Hague v. CIO, 307 U.S. 496, 515 (1939) (“Wherever the title of streets and parks may rest, they have immemorially been held in trust for the use of the public and, time out of mind, have been used for purposes of assembly, communicating thoughts between citizens, and discussing public questions”).

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      146

      Al analizar toda regulación o limitación de la libertad de palabra en este tipo de foro, los tribunales deben emplear el análisis dual antes esbozado, examinando si la acción interfiere con el contenido de la expresión o si solo coarta el tiempo, el lugar o la manera de hacerla. Si la regulación o limitación suprime el contenido de la expresión en un foro público tradicional, los tribunales aplicarán el escrutinio judicial estricto antes explicado, a no ser que se trate de alguna de las clasificaciones de expresión que han sido proscritas por su contenido (i.e., obscenidad). Empero, si la restricción solo atañe el tiempo, lugar y modo de la expresión, entonces será de aplicación el escrutinio judicial intermedio antes consignado. Éste aplica a toda regulación que sea neutral hacia el contenido de la expresión. Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, págs. 45–46. Véase, también, Pleasant Grove City v. Summum, supra, pág. 1132.

      147

      [29] La segunda clase de foro —el foro público por designación— consiste en aquella propiedad pública que el Estado ha abierto a la actividad expresiva. Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, pág. 45. El foro público por designación no es uno originalmente destinado a gestiones comunicativas, pero el Gobierno, por elección propia, opta por abrirlo para tales propósitos. Pleasant Grove City v. Summum, supra, pág. 1132. Véase, también, Cornelius v. NAACP Legal Defense & Ed. Fund, supra, pág. 802. Aunque el Estado no está obligado a proveer para fines expresivos la propiedad pública que no es catalogada *294 tradicionalmente como un foro público, mientras lo haga deberá cumplir con el escrutinio empleado para evaluar la constitucionalidad de la regulación de la expresión protegida en los foros públicos tradicionales. Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, pág. 46. En U.N.T.S. v. Srio. de Salud, 133 D.P.R. 153, 164 (1993), añadimos:

      148

      Dentro de esta categoría, el Gobierno puede designar foros públicos limitados. Éstos se abren para propósitos específicos, tales como la discusión e intercambio de ideas por ciertos grupos o sobre ciertos temas. Por lo tanto, en esos casos, el derecho a expresarse se extendería sólo a otros grupos de carácter similar o a otros puntos de vista sobre el mismo tema. El Gobierno no puede crear estos foros por inacción, sino sólo deliberadamente. (Citas omitidas.)

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      150

      [30] Por último, el foro público no tradicional alberga aquella propiedad pública que no ha sido destinada tradicionalmente a la reunión pacífica o al debate público y el Gobierno tampoco ha elegido abrirla para actividades expresivas. Nowak y Rotunda, op. cit., pág. 1263. La categoría de foro público no tradicional se examina a la luz de un escrutinio judicial distinto al establecido para el foro público tradicional y el foro público por designación. En el foro público no tradicional,

      151

      ... la protección que ofrece la Primera Enmienda de la Constitución federal es menor. El Gobierno puede limitar la actividad expresiva a aquella que sea compatible con el objetivo para el cual fue creada esta propiedad pública. La reglamentación de la expresión será válida siempre que sea razonable, aunque no tiene que ser la única ni la más razonable (International Soc’y for Krishna Conciousness, Inc. v. Lee, supra; Cornelius v. NAACP Legal Defense & Ed. Fund., supra, pág. 808), neutral en cuanto a puntos de vista (Cornelius, supra, pág. 806), y siempre que no sea parte de un esfuerzo por suprimir la expresión (Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, pág. 46). U.N.T.S. v. Srio. de Salud, supra, pág. 164. *295

      152

      D. La libertad de expresión en el contexto universitario

      153

       

      154

      Las instituciones universitarias han ocupado un papel protagónico en múltiples controversias jurídicas respecto a los límites y contornos del derecho a la libertad de palabra. Al respecto, la jurisprudencia federal y local ha atendido los intereses en pugna. Por un lado, identificamos el interés de los estudiantes en ejercer el derecho que sin duda les asiste a la libre expresión, sin restricciones onerosas; mientras, por otra parte, la administración universitaria tiene el deber de asegurar el libre ejercicio de esa expresión dentro de los límites razonables que son compatibles con la misión de la Universidad que la administración tiene que promover y proteger. En otras palabras, la administración universitaria tiene que asegurarle al país y a los componentes del campus que la universidad pública cumplirá su misión docente como centro de formación, instrucción y aprendizaje.

      155

      El máximo foro federal dictaminó en Tinker v. Des Moines School Dist., 393 U.S. 503, 505 (1969), que el derecho a la libertad de expresión de estudiantes de escuelas secundarias no podía limitarse absolutamente, a no ser que el Estado demostrara que el ejercicio de expresión estudiantil afectaba material y sustancialmente el ambiente de aprendizaje de la escuela y el orden y la disciplina en la institución. Según el Tribunal Supremo, los actos expresivos de los estudiantes —protestar contra el conflicto bélico en Vietnam mediante el uso en la escuela de bandas negras en sus brazos— estaban cobijados por la Primera Enmienda, supra, ya que los maestros y los estudiantes no pierden sus derechos constitucionales una vez traspasan los portones escolares hacia las aulas de estudio. Íd., pág. 506.

      156

      [31] En Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra, adoptamos los pronunciamientos del Tribunal Supremo federal en Tinker v. Des Moines School Dist., supra. “Los *296 derechos básicos garantizados por nuestra Constitución acompañan tanto a maestros como a estudiantes durante su permanencia en los predios escolares. La prohibición de su ejercicio tiene pues que obedecer a motivos que trasciendan del mero deseo de evitar inconvenientes triviales.” (Escolios omitidos.) Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra, pág. 257.

      157

       

      158

      Además, en Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, 113 D.P.R. 153, 160 (1982), integramos a la esfera universitaria los principios esbozados en Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra. Expresamos que

      159

      ... es afín con la esencia vital de la universidad la norma constitucional que reconocimos en Rodríguez v. Srio. de Instrucción, [supra], a los efectos de que estudiantes y profesores conservan sus derechos de expresión y asociación pacífica en consonancia con los propósitos de la institución, cuando entran a los centros de enseñanza. Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, supra, pág. 162.

      160

      No obstante, el criterio de las autoridades escolares merece deferencia, para garantizar así que el derecho a la libertad de expresión no interfiera sustancialmente con el ambiente de enseñanza y aprendizaje académico. Así, en Bethel School Dist. No. 403 v. Fraser, 478 U.S. 675 (1986), el Tribunal Supremo federal determinó que los administradores de una escuela pueden suspender a un estudiante que emitió un discurso sexualmente cargado en una asamblea de estudiantes, ya que las escuelas tienen autoridad para determinar qué constituye lenguaje sexualmente indecente y ofensivo, el cual no está protegido por la Primera Enmienda, supra. En Hazelwood School District v. Kuhlmeier, 484 U.S. 260 (1988), se estableció que una escuela puede ejercer control editorial sobre el contenido de expresiones estudiantiles en foros auspiciados por la escuela, sin tener que probar que la expresión estudiantil interrumpe sustancialmente las labores académicas. Sin embargo, la *297 limitación debe estar razonablemente relacionada con algún interés pedagógico legítimo. Finalmente, en Morse v. Frederick, 551 U.S. 393 (2007), se determinó que una escuela puede suspender a un estudiante por desplegar un letrero que leía “BONG HITS 4 JESUS” en una actividad escolar.

      161

      Recientemente, el Tribunal Supremo federal extrapoló al entorno universitario lo dicho en el contexto escolar, y reafirmó que los tribunales debemos deferencia al juicio de las administraciones universitarias con relación a qué política interna faculta el alcance de los objetivos y fines pedagógicos que son característicos de un centro de alta enseñanza. Christian Legal Soc. Chapter of the Univ. of Cal. v. Martínez, 130 S.Ct. 2971. En concreto, el Tribunal aseveró lo siguiente:

      162

      This Court is the final arbiter of the question whether a public university has exceeded constitutional constraints, and we owe no deference to universities when we consider that question. ... Cognizant that judges lack the on-the-ground expertise and experience of school administrators, however, we have cautioned courts in various contexts to resist “substitute[ing] their own notions of sound educational policy for those of the school authorities which they review”. (Corchetes en el original.) Íd., pág. 2988.

      163

      [32] En fin, el derecho a la libertad de expresión de estudiantes, empleados y profesores debe ser cónsono con la misión educativa de la universidad. Sin embargo, la administración universitaria no tiene un poder irrestricto para limitar el derecho a la libertad de palabra so pretexto de alcanzar sus objetivos pedagógicos. Hemos requerido que “las autoridades [universitarias] muestren los hechos que razonablemente las han llevado a concluir que de permitir la actividad proscrita, se alterarían substancialmente o se causaría una seria intervención con las actividades docentes”. Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra, pág. 257. Las autoridades universitarias deben demostrar *298 que “las restricciones impuestas obedecen a la necesidad real de defender la eficiencia e integridad del servicio público”. Íd., págs. 257–258. Véase, además, Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, supra, pág. 162.

      164

       

      165

      La pugna de intereses reseñada se ha desatado frecuentemente en el contexto de un recinto universitario público. Como tal, la jurisprudencia local y federal ha atendido esas controversias según los confines de la doctrina tripartita de los foros públicos establecida en Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra. En la esfera federal ya se ha resuelto que un recinto universitario manifiesta muchas de las características inherentes a un foro público; sin embargo, por sus objetivos pedagógicos y académicos, no puede compararse a los foros públicos tradicionales. Así, en Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263, 267–268 esc. 5 (1981), se expresó:

      166

      [T]he campus of a public university, at least for its students, possesses many of the characteristics of a public forum. See generally Police Dept. of Chicago v. Mosley, 408 U.S. 92 (1972); Cox v. Louisiana, 379 U.S. 536 (1965). “The college classroom with its surrounding environs is peculiarly ‘the marketplace of ideas’.” Healy v. James, 408 U.S. 169, 180 (1972). ... We therefore have held that students enjoy First Amendment rights of speech and association on the campus ....

      167

      At the same time, however, our cases have recognized that First Amendment rights must be analyzed “in light of the special characteristics of the school environment”. Tinker v. Des Moines Independent School District, [supra, pág. 506]. We continue to adhere to that view. A university differs in significant respects from public forums such as streets or parks or even municipal theaters. A university’s mission is education, and decisions of this Court have never denied a university’s authority to impose reasonable regulations compatible with that mission upon the use of its campus and facilities.

      168

      [33] En la esfera local, ya hemos articulado que “las facilidades [sic] educativas podrían considerarse foros públicos, sólo si las autoridades escolares han —‘mediante política o por práctica’— abierto esas facilidades [sic] ‘para *299 el uso indiscriminado del público en general’ ”. Coss y U.P.R. v. C.E.E., supra, pág. 889, citando a Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, pág. 47. En ese caso resolvimos que el periódico Diálogo de la Universidad de Puerto Rico es un foro público por designación.

      169

       

      170

      [34–35] Queda claro, entonces, que tanto en la jurisdicción federal como en la local, los recintos universitarios no se catalogan como foros públicos tradicionales. La tendencia ha sido catalogar los recintos universitarios y las escuelas como foros públicos por designación (también conocidos como foros semipúblicos) si las prácticas o políticas de la institución conceden espacio para actividades expresivas. En Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra, pág. 257, concluimos que las escuelas son foros semipúblicos donde “el Estado disfruta del derecho de mantener la tranquilidad requerida para llevar a cabo el principal cometido asignádole ... [p]ero ... carece de facultad para excluir de dichas instituciones la expresión o asociación pacífica que sea compatible con su gestión”. Véanse, además: Rosenberger v. Rector and Visitors of Univ. of Va., 515 U.S. 819 (1995) (al crear un fondo que subsidiaba publicaciones estudiantiles, la Universidad de Virginia creó un foro público limitado); Hays County Guardian v. Supple, 969 F.2d 111 (5to Cir. 1992) (un recinto universitario es un foro público limitado por tener reglamentación y políticas internas que reconocen el derecho a la libertad de expresión de los estudiantes y por permitir la distribución en todo el recinto del periódico de la universidad); Grace Bible Fellowship v. School Adm. Dist. 5, 941 F.2d 45 (1er Cir. 1991) (al rentar las instalaciones escolares a un número amplio de grupos de la comunidad, la escuela creó un foro público por designación). En fin, establecer qué tipo de foro es determinada instalación educativa, o algún componente de ella, es un ejercicio que debe tomar en cuenta las características especiales de cada institución de enseñanza, al *300 igual que las particularidades del caso y la controversia ante la consideración del tribunal.

      171

       

      172

       

      173

      V

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      A. La misión de la Universidad de Puerto Rico

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      176

      Es incuestionable que la Universidad de Puerto Rico es una institución vital y de suma importancia para el pleno desarrollo de nuestro sistema educativo y la prosperidad del territorio. Tan es así que la propia Ley de la Universidad de Puerto Rico, Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966 (18 L.P.R.A. sec. 601 et seq.), dispone en el Art. 2 (18 L.P.R.A. sec. 601):

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      Sec. 601. Objetivos

      178

      (a) La Universidad, como órgano de la educación superior, por su obligación de servicio al pueblo de Puerto Rico y por su debida fidelidad a los ideales de una sociedad integralmente democrática, tiene como misión esencial alcanzar los siguientes objetivos, con los cuales es consustancial la más amplia libertad de cátedra y de investigación científica:

      179

      (1) Transmitir e incrementar el saber por medio de las ciencias y de las artes, poniéndolo al servicio de la comunidad a través de la acción de sus profesores, investigadores, estudiantes y egresados.

      180

      (2) Contribuir al cultivo y disfrute de los valores éticos y estéticos de la cultura.

      181

      (b) En el cumplimiento leal de su misión, la Universidad deberá:

      182

      (1) Cultivar el amor al conocimiento como vía de libertad a través de la búsqueda y discusión de la verdad, en actitud de respeto al diálogo creador.

      183

      (2) Conservar, enriquecer y difundir los valores culturales del pueblo puertorriqueño y fortalecer la conciencia de su unidad en la común empresa de resolver democráticamente sus problemas.

      184

      (3) Procurar la formación plena del estudiante, en vista a su responsabilidad como servidor de la comunidad.

      185

      (4) Desarrollar a plenitud la riqueza intelectual y espiritual latente en nuestro pueblo, a fin de que los valores de la inteligencia y del espíritu de las personalidades excepcionales que surgen de todos sus sectores sociales, especialmente los *301 menos favorecidos en recursos económicos, puedan ponerse al servicio de la sociedad puertorriqueña.

      186

      (5) Colaborar con otros organismos, dentro de las esferas de acción que le son propias, en el estudio de los problemas de Puerto Rico.

      187

      (6) Tener presente que por su carácter de Universidad y por su identificación con los ideales de vida de Puerto Rico, ella está esencialmente vinculada a los valores e intereses de toda comunidad democrática.

      188

      Es claro que la Universidad de Puerto Rico no es cualquier institución gubernamental. Esta institución centenaria tiene un valor incalculable. Como expresamente dispone su ley, tiene la misión esencial e ineludible de transmitir e incrementar el saber por medio de las artes, las ciencias, la cultura y, a su vez, ponerlo al servicio de Puerto Rico. Cónsono con la búsqueda del cumplimiento cabal de su misión, la ley promueve que la Universidad de Puerto Rico sea un lugar donde se cultive el conocimiento, la cultura, el servicio y el estudio, entre otros deberes meritorios, y donde se practiquen los más altos valores de nuestro sistema democrático. Véanse: C.E.S. U.P.R. v. Gobernador, 137 D.P.R. 83 (1994) (Sentencia); Consejo Educación Superior v. U.I.A., 120 D.P.R. 224 (1987). En fin, la Universidad de Puerto Rico “está esencialmente vinculada a los valores e intereses de toda la comunidad demo crática”. García Cabán v. U.P.R., 120 D.P.R. 167, 180 (1987).

      189

      De esta forma, la Universidad debe procurar la formación plena de los estudiantes, quienes son parte fundamental de la comunidad universitaria. De igual forma, la Universidad se nutre de los profesores, la libertad académica y de las investigaciones que la hacen ser una institución capaz de impartir grandes conocimientos a la sociedad. Por ende, las funciones de libertad académica y estudio que dicha institución ejerce gozan de nuestro aprecio jurídico. Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, supra, pág. 160. *302

      190

      B. La U.P.R. es un foro semipúblico

      191

      Al examinar los escritos de ambas partes, encontramos que el interdicto permanente solicitado por la Universidad de Puerto Rico es una actuación gubernamental que incide sobre el tiempo, lugar y la manera de la expresión. Por eso, está sujeto al escrutinio constitucional aplicable a un foro limitado por designación o semipúblico, como lo es el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

      192

      [36] La naturaleza del campus universitario como foro limitado por designación surge de la ley. En el Art. 2 de la Ley Universitaria, supra, el legislador estableció como misión de la Universidad el desarrollo y el servicio a la comunidad puertorriqueña mediante la aportación de sus recursos académicos, intelectuales, investigativos y culturales. Como resultado, la Universidad de Puerto Rico ha cumplido su misión al proveer acceso al pueblo puertorriqueño a un caudal único de bibliotecas, teatros, museos, instalaciones deportivas, investigaciones de vanguardia, profesores y estudiantes capacitados, actividades culturales, y otros recursos, los cuales han adelantado el mejoramiento cultural e intelectual de nuestra sociedad democrática. Véase R. Roldán Burgos, La doctrina de foro público y la Universidad de Puerto Rico: inconstitucionalidad de las prohibiciones de entrada, 56 (Núm. 1) Rev. Jur. U.P.R. 1, 24–27 (1987). En fin, la U.P.R. ha abierto sus instalaciones para el uso indiscriminado del público en general.

      193

       

      194

      Ahora bien, esa apertura no fue irrestricta. La apertura de la U.P.R. al público en general se hace para adelantar una misión cultural, social y educativa. Cualquier expresión en el campus universitario tiene que ubicarse dentro de ese contexto y no puede derrotar el fin último de la vida universitaria: forjar los estudiantes que asisten al centro de alta docencia.

      195

      Demás está decir que hay lugares que resultan impropios para ejercitar algunos modos de expresión. Los tribunales, los *303 hospitales, los templos y las escuelas son algunos de esos sitios. Así reconocimos en E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436, 443–444 (1975), al adoptar expresiones del Juez Hugo L. Black en Gregory v. City of Chicago, 394 U.S. 111 (1964), que nada impide al Estado mantener las escuelas y otros lugares similares libres del bullicio propio de la política y de los negocios, protegiendo así el sosiego que en ellas debe prevalecer. En contraste con los parques, plazas y calles, considerados tradicionalmente foros por excelencia de expresión pública, las escuelas y bibliotecas estatales no se organizaron para celebrar en ellas libre intercambio comunitario. Tienen pues la naturaleza de foros semipúblicos. En instituciones de esa índole el Estado disfruta del derecho de mantener la tranquilidad requerida para llevar a cabo el principal cometido asignádole. Pero, por otro lado, como bien señala el Profesor Tribe, el Estado carece de facultad para excluir de dichas instituciones la expresión o asociación pacífica que sea compatible con su gestión. (Escolios y cita omitidos.) Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra, págs. 256–257.

      196

      Como foro semipúblico por designación, toda limitación a la garantía constitucional de libertad de palabra dentro de la Universidad de Puerto Rico deberá someterse al escrutinio constitucional adecuado para determinar si la restricción gubernamental incide sobre el contenido de la expresión o si solo afecta el tiempo, lugar y la manera de manifestarse. Conceptualmente, el remedio de interdicto permanente que solicita la administración universitaria no incide sobre el contenido de la expresión estudiantil, ya que la prohibición no va dirigida a las ideas o a la información que los estudiantes quieren diseminar y tampoco atenta contra el mensaje o punto de vista específico de la expresión. Por esa razón, no aplica un escrutinio judicial estricto como alegan los estudiantes recurridos. Sin embargo, el interdicto permanente sí tendrá efectos sobre el tiempo, el lugar y la manera de la expresión.

      197

      Por lo tanto, el remedio de interdicto que pondere el Tribunal de Primera Instancia en estos casos, deberá cumplir con un escrutinio intermedio. Primero, de concederse, el interdicto debe ser neutral en cuanto al contenido de la expresión y no debe prohibir absolutamente que los estudiantes *304 expresen sus puntos de vista, siempre y cuando lo hagan por canales que no atenten contra el fin último de la universidad, entiéndase, la enseñanza. Segundo, el interdicto deberá estar estrechamente diseñado para impedir que se obstaculice la entrada y salida del campus y procurar alcanzar el interés gubernamental significativo de garantizar el orden y la disciplina en el foro universitario; lograr un ambiente académico que cumpla con el fin educativo de la institución universitaria; proteger el derecho a estudiar de los estudiantes que deseen hacerlo; permitir que el pueblo tenga acceso al cúmulo de recursos que provee la Universidad, y procurar la integridad y eficiencia institucional del primer centro docente de Puerto Rico. Finalmente, el interdicto solicitado no debe impedir medios alternos de comunicación. Como resultado, los estudiantes deben poder valerse de múltiples vías alternas de comunicación, a saber: manifestaciones, marchas, pancartas, expresiones simbólicas y el uso de la tecnología, entre otros medios legítimos, siempre y cuando sus actos no interrumpan el flujo normal de las clases ni atenten contra los derechos de otros individuos dentro de la comunidad universitaria.

      198

      [37] Amerita recordar que el remedio del interdicto representa un riesgo mayor de censura y aplicación discriminatoria en comparación con una legislación o regulación que haga lo propio. Ello se debe a que la aplicación del injunction es de naturaleza particular a las partes en un pleito y porque no ha sido filtrado por el proceso deliberativo inherente al foro legislativo. Como tal, los tribunales deberán diseñar interdictos que no constituyan una limitación a la actividad expresiva más allá de lo necesario para alcanzar el interés significativo perseguido por el Estado.

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      200

      En último lugar, en este caso no cabe hablar de censura previa. El injunction permanente no busca restringir que los estudiantes se expresen en su totalidad, sino que solo prohíbe el acto de impedir la entrada al campus universitario *305 e interrumpir la actividad docente. Véase Madsen v. Women’s Health Center, Inc., 512 U.S. 753, 764 esc. 2 (1994). Los estudiantes cuentan con otros medios alternos para expresar su mensaje. El interdicto solo incide sobre el tiempo, el lugar y la manera de la expresión, y no sobre el contenido de ésta.

      201

      No hay duda de que los estudiantes de la Universidad no pierden su derecho constitucional a la libre expresión una vez traspasan los portones universitarios. Así lo reconoce el Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, cuando establece que “[e]l estudiante tendrá derecho a expresarse, asociarse, reunirse libremente, formular peticiones y llevar a cabo actividades igual que cualquier otra persona en Puerto Rico y sujeto a las disposiciones de ley y de reglamentación universitaria aplicables”. Art. 2.15, Reglamento General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Reglamento Núm. 7733, Departamento de Estado, 9 de septiembre de 2009, pág. 6.

      202

      [38] Es imprescindible reconocer que el derecho a la libertad de palabra de los estudiantes aporta a nuestra sociedad democrática una “crítica ilustrada, acuciosa y constante”. Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, supra, pág. 161. Sin la garantía constitucional de la libertad de expresión, los estudiantes no alcanzarían “esa discusión enérgica de las ideas, que es tan esencial para el cabal desarrollo del hombre, como para la conservación y el sostenimiento del bienestar común en una sociedad que viva en democracia”. Íd., pág. 161.

      203

       

      204

      Sin embargo, ese derecho a la libertad de palabra y asociación no es absoluto. Como ya indicamos, esa garantía cardinal queda restringida por el interés del Estado en velar por el orden, la civilidad y la disciplina dentro del recinto universitario, para así encaminar a la Universidad a alcanzar sus objetivos docentes y académicos. Cuando el ejercicio de expresión de los estudiantes afecta material o sustancialmente el ambiente de aprendizaje, el orden y la *306 disciplina de la institución, será imprescindible limitar la actividad expresiva para que ésta sea cónsona con los propósitos pedagógicos del recinto académico.

      205

      C. La “huelga estudiantil”: definición y límites; alcance del derecho constitucional de los estudiantes a protestar o a abstenerse de hacerlo.

      206

      Los estudiantes recurridos reclaman para sí el derecho a protestar contra la administración de la U.P.R. mediante una “huelga estudiantil”. Reclaman también que el último de esos incidentes culminó este año mediante un acuerdo que hace académico este pleito. Ya hemos explicado por qué el caso no es académico. La posibilidad de que los recurridos u otros en común acuerdo con ellos lancen otra “huelga de estudiantes” sigue latente. Es contra esa conducta anunciada mediante un “voto preventivo de huelga estudiantil” que la U.P.R. solicita una orden judicial. Por esa razón, es menester analizar los derechos de los estudiantes al respecto, para asegurar que cualquier injunction que la prueba justifique no limite impermisiblemente los derechos de expresión y asociación de los estudiantes.

      207

      En su acepción más amplia, la huelga es una “alteración en el trabajo, de carácter colectivo, decidida por los trabajadores o sus representantes y llevada a cabo por éstos con el fin de presionar para el logro de determinados objetivos”. C. Molero Manglano, Lecciones sobre convenios colectivos, derecho de huelga y cierre patronal, Madrid, Dykison, 1988, pág. 99. Consiste, pues, en la cesación del trabajo o de los servicios prestados por los trabajadores en defensa de sus intereses. Véase I. Álvarez Sacristán, Diccionario Jurídico-Laboral, Madrid, Ed. Civitas, 1988, pág. 138. En ese tenor, estar en huelga significa, sustancialmente, abstenerse del trabajo. Véase, además, M. Alonso García y otros, La huelga y el cierre empresarial, Madrid, Pub. Instituto de Estudios Económicos, 1979, pág. 27. *307

      208

      [39] En otras palabras, la huelga es una acción concertada de un grupo de empleados que se efectúa con el propósito de interrumpir, paralizar o detener las labores y servicios del negocio operado por el patrono, para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Véanse: A. Acevedo Colom, Legislación de relaciones del trabajo comentada, San Juan, Albaceco, 2007, pág. 446; O. Rojas Lugo, El desarrollo del derecho laboral en Puerto Rico e Iberoamérica y su Inter[r]laci1́on con el desarrollo político, Hato Rey, [ed. de autor], 1997, pág. 222.

      209

       

      210

      Como se puede apreciar, la definición del concepto huelga esté asociada a los trabajadores. De hecho, la etimología de la palabra huelga en el idioma francés proviene de la palabra “grève”. Esa palabra, a su vez, alude al nombre de la plaza del Ayuntamiento de París, conocida como “Plaza de Grève” o plaza de la huelga. G. Cabanellas, Tratado de derecho laboral: derecho colectivo laboral, Buenos Aires, El Gráfico Impresores, 1949, T. III, pág. 560. Esta plaza era un terreno sin construcciones donde los obreros que estaban desempleados se reunían en espera de que llegaran los empresarios a tratar con ellos y a contratarlos. Íd. “Cuando los obreros estaban descontentos de las condiciones de trabajo se colocaban en huelga (grève), lo cual quiere decir, literalmente, en la Plaza de Grève, a la espera de mejores propuestas.” Íd. Igual acercamiento a los obreros tiene la palabra huelga en el idioma castellano. Ésta procede de huelgo, que significa “espacio de tiempo en que uno está sin trabajar”. Íd.

      211

      Desde el punto de vista jurídico, la huelga se manifiesta como el derecho que “posee legítimamente todo aquel trabajador que presta servicios a su patrono”. Rojas Lugo, op. cit., pág. 219. Adquiere su calidad de derecho cuando determinado ordenamiento jurídico así lo reconoce. Véase Alonso García y otros, op. cit., pág. 41. En Puerto Rico, la huelga ha sido elevada a rango constitucional. Art. II, Sec. 18, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. *308

      212

      En concreto, se trata de un derecho atribuido a los trabajadores. Álvarez Sacristán, op. cit., pág. 138. Por eso, ya sea a nivel individual o colectivo, “la atribución del poder que el derecho de huelga confiere pertenece al trabajador”. Alonso García y otros, op. cit., pág. 45.

      213

      Las huelgas se producen como consecuencia del nacimiento de la gran industria, ante el enorme desarrollo económico que ponía grandes riquezas en pocas manos, por el proceso de concentración del industrialismo moderno, a causa de la necesidad de mejores medios de vida para los trabajadores, por efecto del espíritu de asociación y de las nuevas ideas que impusieron una distinta concepción del Derecho y una más amplia libertad de trabajo. Cabanellas, op. cit., págs. 563–564.

      214

      [40] Es ostensible que la huelga es un derecho concebido para los trabajadores, para asegurar su derecho a organizarse y a negociar colectivamente. Así lo hemos reconocido al expresar que “[e]l derecho de huelga es un instrumento eficaz que nuestra Constitución ha puesto a disposición de los trabajadores y de sus uniones para procurarse mejores condiciones de trabajo y para lograr un más alto nivel de vida cuando el patrono se niega a acceder a sus demandas”. (Énfasis suplido.) Agostini v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 219, 232 (1961). De igual forma, la Comisión de Carta de Derechos, en su informe a la Convención Constituyente, juzgó propio “salvaguardar el derecho a la huelga en forma explícita como supremo recurso final en la reclamación del derecho obrero”. (Énfasis suplido.) 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2575 (1961). Véase, además, U.T.I.E.R. v. J.R.T., 99 D.P.R. 512, 524 (1970).

      215

       

      216

      Por eso, aparte del reconocimiento de ese derecho que hace nuestra Constitución y los estatutos laborales remediales, no existe ninguna otra disposición en nuestra jurisdicción que extienda la titularidad de ese derecho a otro grupo de personas o sector de la población.

      217

      [41] La Junta Nacional de Relaciones del Trabajo ha *309 rechazado la existencia de un derecho a huelga de los estudiantes, al interpretar la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo, 29 U.S.C.A. sec. 153(d). En Cedars-Sinai Medical Center, 223 N.L.R.B. 251 (1976), y en St. Clare’s Hospital and Health Center, 229 N.L.R.B. 1000 (1977), la Junta Nacional resolvió que los residentes, internos y asociados de una institución de salud no eran empleados según la definición de la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo, porque eran estudiantes.6 Por lo tanto, no se les reconoció el derecho a unionarse y a irse a la huelga. Véase J. Freedley Hundsicker, Significant Labor and Employment Law Issues in Higher Education During the Past Decade and What to Look for Now: A Management Perspective, 29 (Núm. 3) J.L. & Educ. 343, 348–349 (2000). De hecho, cuando posteriormente la Junta Nacional resolvió que los residentes, internos y asociados de otra institución de salud eran empleados, lo hizo razonando que éstos cobraban un salario y otros beneficios, por lo que no podía calificárseles como meros estudiantes. Boston Medical Center Corp., 330 N.L.R.B. 152 (1999). Es decir, para reconocerles derechos al amparo de las leyes laborales había que catalogarles como empleados en lugar de como estudiantes.

      218

       

      219

      6

       

      La Sec. 2(3) de la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo, 29 U.S.C.A. sec. 152(3), dispone:

      “The term ‘employee’ shall include any employee, and shall not be limited to the employees of a particular employer, unless this subchapter explicitly states otherwise, and shall include any individual whose work has ceased as a consequence of, or in connection with, any current labor dispute or because of any unfair labor practice, and who has not obtained any other regular and substantially equivalent employment, but shall not include any individual employed as an agricultural laborer, or in the domestic service of any family or person at his home, or any individual employed by his parent or spouse, or any individual having the status of an independent contractor, or any individual employed as a supervisor, or any individual employed by an employer subject to the Railway Labor Act [45 U.S.C.A. sec. 151 et seq], as amended from time to time, or by any other person who is not an employer asherein defined”. (Corchetes en el original.)

       

      220

       

      221

      Aquí no está en controversia el hecho de que los recurridos eran estudiantes de la U.P.R. durante el tiempo que duró el “paro” en esa institución. Con independencia de si algunos formaban parte del Consejo General de Estudiantes *310 y del Comité Negociador creado por aquél, o solamente eran líderes o participantes del movimiento que auspició y realizó la “huelga” en la Universidad, es indubitado que todos eran estudiantes. Por ende, no podían ser titulares del derecho de huelga que se reconoce en la Constitución y las leyes laborales.

      222

      [42] Tampoco existe en ningún reglamento de la Universidad disposición alguna que les reconozca a los estudiantes el derecho a huelga. La verdad es que no nos sorprende que este derecho se le haya reservado únicamente a los trabajadores en su relación obrero-patronal. Es que no estamos hablando de cualquier derecho. A pesar de su innegable utilidad, la huelga es un recurso poderoso que ha de utilizarse con mesura. La propia Comisión de Carta de Derechos lo describió en su informe a la Convención Constituyente como “un medio costoso e ingrato de resolver conflictos”. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2575 (1961). También se le ha llamado “un estado de guerra”. G. Cabanellas, op. cit., pág. 565. Asimismo, se ha señalado que “el exceso del derecho de huelga [y] la posición intransigente de las partes en conflicto, crean, con las huelgas, un peligroso mal social”. Íd., pág. 567. Incluso, se ha afirmado que las huelgas son manifestaciones socialmente antipáticas porque sus efectos trascienden la relación de las partes en conflicto y afectan al público en general. Véase N.W. Chamberlain y J. Metzger Schilling, The Impact of Strikes: Their Social and Economic Costs, Westport, Greenwood Press, 1954, pág. 8.

      223

       

      224

      [43] Los estudiantes son miembros de la comunidad académica de la U.P.R. Art. 10 de la Ley de la Universidad de Puerto Rico, 18 L.P.R.A. sec. 609. Como tal, están representados oficialmente en cada recinto por el Consejo General de Estudiantes y por el Consejo de Estudiantes de Facultades. Íd. Tanto el Consejo General como el Consejo de Estudiantes de Facultades son estructuras creadas por *311 la Ley de la Universidad de Puerto Rico para garantizar la participación estudiantil en la estructura administrativa de la U.P.R.

      225

       

      226

      El Consejo General de Estudiantes representa a todos los estudiantes de una unidad institucional y está constituido por un Presidente, por los representantes estudiantiles a la Junta Administrativa y la Junta Universitaria, los Senadores Estudiantiles electos, así como uno o más miembros adicionales de la directiva de cada Consejo de Estudiantes. Art. 3.2 del Reglamento General de Estudiantes, supra, pág. 13. Por su parte, el Consejo de Estudiantes de Facultades es la unidad organizada por facultades, escuelas o dependencias equivalentes, para representar a los estudiantes de éstas. Art. 3.3 del Reglamento General de Estudiantes, supra, pág. 13.

      227

      Ambos organismos tienen las atribuciones y responsabilidades siguientes:

      228

      1. Representar oficialmente al estudiantado que los haya elegido en los actos que se celebren dentro y fuera de la Universidad.

      229

      2. Servir de foro del estudiantado para la discusión y el esclarecimiento de los problemas que atañen a los estudiantes, a la comunidad universitaria y la comunidad en general.

      230

      3 Exponer, ante las autoridades correspondientes, sus opiniones y recomendaciones relativas a las situaciones que afectan a sus representados y la buena marcha de la Universidad.

      231

      4. Realizar y auspiciar actividades culturales, sociales, recreativas, científicas, académicas, educativas, y de orientación, entre otras, que complementen la educación universitaria.

      232

      5. Formular su reglamento interno a tono con el Reglamento General de Estudiantes y el reglamento de estudiantes de la unidad. ...

      233

      6. Participar, según se disponga, en los procesos que la Universidad establezca para la creación y enmienda de reglamentos y políticas estudiantiles, académicas e institucionales; en especial, en la formulación de enmiendas a este Reglamento, al Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico y a los reglamentos y normas de su unidad institucional.

      234

      7. Participar en el proceso de selección y evaluación del Procurador *312 Estudiantil, de conformidad a las medidas que a tales efectos establezca el Rector de cada unidad institucional.

      235

      8. Convocar a sus representados a asambleas de estudiantes y promover su participación en dichas asambleas y en el proceso eleccionario.

      236

      9. Reunirse con el Rector, el Decano de Estudiantes o el Decano de Facultad, según corresponda, por lo menos dos veces por semestre.

      237

      10. Escoger de su propio seno los miembros de su directiva, salvo que el reglamento de estudiantes de la unidad institucional disponga para la elección directa de la misma o de alguno de sus integrantes, conforme a lo dispuesto en el Capítulo V de este Reglamento.

      238

      11. Crear comités u organismos y establecer su organización de conformidad con su reglamento interno. Art. 3.4(A) del Reglamento General de Estudiantes, supra, págs. 13–14.

      239

      Además, el Consejo General de Estudiantes tiene las atribuciones y responsabilidades siguientes:

      240

      1. Proponer al Senado Académico, Rector y otros foros universitarios, la formulación de normas o políticas institucionales sobre cualquier asunto que estimen pertinente y recibir su respuesta oficial.

      241

      2. Formular recomendaciones a la Junta Universitaria, al Presidente y a la Junta de Síndicos sobre las propuestas que surjan de los Senados Académicos, Juntas Administrativas u organismos análogos.

      242

      3. Recibir, según se vayan aprobando, copia de todas las certificaciones y documentos normativos que surjan de estos cuerpos y funcionarios mencionados en el inciso anterior en la forma acostumbrada.

      243

      4. Consultar con los demás Consejos Generales de Estudiantes sobre decisiones que tengan impacto sobre la Universidad como sistema, mediante los procedimientos y estructuras que faciliten dichas consultas. Art. 3.4(B) del Reglamento General de Estudiantes, supra, pág. 14.

      244

      Como puede apreciarse, estas estructuras de representación estudiantil son parte de la Universidad. Sus facultades y responsabilidades denotan que se crearon con el propósito de asistir a la Universidad en la consecución de sus metas. En otras palabras, estos organismos permiten a los estudiantes contribuir, de forma organizada, a que la *313 Universidad pueda lograr sus objetivos. Así, como miembros de la comunidad académica, los estudiantes son colaboradores en la misión de cultura y servicio de la Universidad. Art. 10(a) de la Ley de la Universidad de Puerto Rico, supra. Ahora bien, a ninguno de estos órganos de representación estudiantil se le reconoce la prerrogativa o facultad de negociar colectivamente con la Universidad.

      245

      [44] En ese sentido, el Consejo General de Estudiantes y el Consejo de Estudiantes de Facultades son sustancialmente disímiles a las organizaciones obreras que se constituyen al amparo de la Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sec. 61 et seq. y de la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo. Conforme a estos estatutos, las organizaciones obreras que se constituyen para representar a los trabajadores se crean para negociar colectivamente con el patrono los salarios, horas de trabajo, condiciones de empleo, y todo lo pertinente a disputas, quejas y agravios. Véanse: Arts. 2(10) y 5 de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. secs. 63(10) y 66; 29 U.S.C.A. sec. 152(5). Precisamente para hacer efectivo el proceso de negociación colectiva estas leyes reconocen expresamente a los empleados el derecho a huelga. Véanse: Art. 13 de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sec. 74; 29 U.S.C.A. sec. 163 (“Right to Strike Preserved”). Debido a que el Consejo General de Estudiantes y el Consejo de Estudiantes de Facultades no son uniones u organizaciones obreras autorizadas a negociar colectivamente con la Universidad, no tienen la autoridad legal para convocar a una huelga.

      246

       

      247

      Los estudiantes, por definición, no son empleados de la Universidad, con derecho a negociar convenios o a irse a huelga para adelantar sus objetivos. Su relación con la universidad es de naturaleza contractual. Véanse: Ross v. Creighton University, 957 F.2d 410, 416 (7mo Cir. 1992); *314 Zumbrun v. University of Southern California, 101 Cal.Rptr. 499, 504 (Cal. Ct. App. 1972), y casos allí citados; H.B. Hilborn, Students-Athletes and Judicial Inconsistency: Establishing a Duty to Educate as a Means of Fostering Meaningful Reform of Intercollegiate Athletics, 89 (Núm. 2) Nw. U.L. Rev. 741, 748 (1995); K. Sarabyn, Free Speech at Private Universities, 39 (Núm. 2) J.L. & Educ. 145, 158–159 (2010). Véase, además y en general, M. Zolandz, Storming the Ivory Tower: Renewing the Breach of Contract Claim by Students Against Universities, 69 (Núm. 1) Geo. Wash. L. Rev. 91 (2000).

      248

      Cada estudiante firma un acuerdo con la U.P.R. en la que la segunda se compromete a enseñar y el primero a cumplir con sus deberes académicos. Por eso, el estudiante que no mantiene los requisitos académicos que la institución exige puede ser excluido de continuar sus estudios en la institución. Por su parte, si la U.P.R. no provee la educación que contrató con el estudiante se expone a acciones drásticas por su incumplimiento, tanto de parte de los estudiantes afectados como de parte de las agencias del estado que velan por el cumplimiento del ofrecimiento académico. La U.P.R. está obligada a garantizar su oferta académica a todos los estudiantes. Véase Art. 2(a)(1) de la Ley de la Universidad de Puerto Rico, supra. Sobre el cumplimiento de los contratos, en general, véanse los Arts. 1041, 1042, 1044, 1206, 1207, 1210 y 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 2991, 2992, 2994, 3371, 3372, 3375 y 3391.

      249

      [45] Por ende, ningún grupo de estudiantes, oficial o no, sea una mayoría o una minoría, ni mucho menos un estudiante en su carácter individual, tienen el derecho de evitar que la universidad cumpla con su ofrecimiento académico e impedir que aquellos estudiantes que así lo deseen asistan a clase. No hay referéndum, asamblea ni votación —sea electrónica o por papeleta, ya sea abierta o secreta— que conceda el derecho a ningún estudiante o grupo de estudiantes para interferir con el derecho de tan *315 siquiera uno de sus pares a recibir su enseñanza. El derecho a protestar de los recurridos y aquellos que piensan como ellos es incuestionable. A lo que no tienen derecho es a obligar a los demás a unirse a su protesta. Recuérdese que tal y como los recurridos tienen el derecho a protestar, la Constitución también le reconoce a los estudiantes que piensen distinto el derecho a no expresarse y a no unirse a la protesta. “There is necessarily, and within suitably de fined areas, a concomitant freedom not to speak publicly, one which serves the same ultimate end as freedom of speech in its affirmative aspect.” (Énfasis suprimido.) Harper & Row v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539, 559 (1985). Véase, además, Bartnicki v. Vopper, 532 U.S. 514, 532 esc. 20 (2001).

      250

       

      251

      [46] Reafirmamos que los estudiantes tienen ese derecho a expresarse o a no hacerlo, como cualquier otro ciudadano. Su condición de estudiantes no les priva de ese derecho constitucional. Incluso, el Reglamento General de Estudiantes de la U.P.R. reconoce expresamente cuáles son los derechos de expresión que tienen los estudiantes: el derecho a expresarse, a asociarse y reunirse libremente, a formular peticiones, a llevar a cabo actividades igual que cualquier otra persona en Puerto Rico, así como el derecho a celebrar piquetes, marchas, mítines y otros géneros de expresión dentro del campus universitario. Véase Art. 2.15 del Reglamento General de Estudiantes, supra. El único límite impuesto es que todos esos derechos se ejercen sin impedir que los demás ejerzan los suyos y sin impedir que se lleve a cabo la misión universitaria de educar. Por eso, el Art. 2.18 del Reglamento hace claro que ningún estudiante podrá interrumpir, obstaculizar ni perturbar las tareas regulares de la universidad mientras realiza las actividades expresivas que hemos enumerado.

      252

       

      253

      [47] Lo que los estudiantes recurridos llaman una “huelga” no es otra cosa que una protesta estudiantil colectiva y organizada. Aunque los estudiantes no tienen derecho *316 a huelga, sí pueden protestar de manera organizada y coordinada, siempre que no incumplan los deberes que asumieron como estudiantes y que están en el Reglamento de Estudiantes, y siempre que no interfieran impermisiblemente con la normalidad de las tareas universitarias y los derechos de aquellos que no piensan como ellos y que quieren asistir a clase.

      254

       

      255

      La U.P.R. alega que los recurridos impidieron la entrada al recinto universitario, detuvieron por completo la toma de clases, afectaron el derecho de los estudiantes interesados en completar sus grados académicos o sus cursos semestrales, paralizaron las labores institucionales, amenazaron la acreditación institucional y perturbaron tanto el orden como la seguridad, la normalidad y la continuidad de las tareas universitarias. En fin, se alega que los recurridos tomaron el control de un recinto universitario y pretenden hacerlo otra vez. De probarse, esa conducta plantea un impedimento sustancial y material al propósito central de la Universidad de Puerto Rico como primer centro docente de nuestra Isla.

      256

      [48] Los tribunales debemos gran deferencia al juicio de la administración universitaria de procurar el orden en el contexto colegial, siempre que no se transgreda la libertad de expresión y el derecho de los estudiantes a protestar. El escrutinio intermedio antes reseñado faculta a los foros judiciales a hacer ese balance de los intereses en pugna y salvaguardar los intereses involucrados.

      257

      D. El remedio del interdicto permanente y sus efectos sobre la libertad de palabra

      258

       

      259

      [49] En Madsen v. Women’s Health Center, Inc., supra, el Tribunal Supremo federal articuló que un interdicto, por el mero hecho de aplicar a un grupo en particular, no constituye una restricción del contenido de una expresión protegida. “An injunction, by its very nature, *317 applies only to a particular group (or individuals) and regulates the activities, and perhaps the speech, of that group. It does so, however, because of the group’s past actions in the context of a specific dispute between real parties.” Íd., pág. 762. El mero hecho de que el interdicto afecte a un grupo de personas con la misma visión sobre determinado asunto no significa que su propósito sea limitar el contenido de la expresión y que, por ende, le aplique un escrutinio judicial estricto. Íd., págs. 763–764.

      260

       

      261

      [50] Un interdicto que incida sobre la libertad de expresión difiere en su naturaleza de una reglamentación o legislación que haga lo mismo. Madsen v. Women’s Health Center, Inc., supra, pág. 764. Una reglamentación o legislación afecta el contenido de la expresión mediante dictámenes legislativos de aplicación general que procuran propulsar ciertos intereses particulares de la sociedad. Íd. En contraste, el interdicto es un remedio que aplica a personas particulares y es concedido por un juez porque una parte violó un decreto legislativo o judicial. Íd. Debido a lo anterior, el interdicto puede representar un riesgo mayor de censura y aplicación discriminatoria, ya que no ha gozado del debate público inherente al foro legislativo. Íd. Es por ello que el escrutinio judicial aplicable a interdictos judiciales será más riguroso que el que se estableció en Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, para toda regulación que afecta el tiempo, lugar y la manera de una expresión en un foro público tradicional o por designación.

      262

       

      263

      [51] Al considerar un interdicto judicial que incide sobre el lugar, el momento o la forma de la expresión, los tribunales debemos examinar si el injunction representa una limitación a la actividad expresiva más allá de lo necesario para alcanzar el interés significativo que persigue el Estado. Madsen v. Women’s Health Center, Inc., supra, pág. 765 (“We must ask instead whether the challenged provisions of the injunction burden no more speech than *318 necessary to serve a significant government interest”). Véanse, además: Schenck v. Pro-Choice Network of Western N.Y., 519 U.S. 357, 372 (1997); Nowak y Rotunda, op. cit., págs. 1463–1464. Igualmente, el interdicto debe estar diseñado estrechamente para alcanzar sus objetivos específicos. Madsen v. Women’s Health Center, Inc., supra, pág. 767.

      264

       

      265

      En conclusión, la administración universitaria está en mejor posición que un tribunal para diseñar la política pública que adelanta sus objetivos pedagógicos. Además, el remedio de injunction que solicita la U.P.R. es el adecuado cuando están en pugna los derechos a la libertad de palabra de los estudiantes y el interés en la necesidad del orden y la disciplina en el contexto universitario.

      266

       

      267

      VI

      268

      Recapitulamos:

      269

      • Este pleito no es académico. Así lo demuestra la conducta de los estudiantes recurridos luego del acuerdo alcanzado tras un proceso de mediación. Su proceder al declarar un “voto preventivo de huelga estudiantil” es un indicio razonable de que podría volver a ocurrir otra paralización de la U.P.R. y que la intención de los estudiantes recurridos nunca fue culminar con la controversia de autos.

      270

      • Este caso presenta interrogantes constitucionales sustanciales, relacionadas con los derechos de los estudiantes, que podrían escapar a nuestros pronunciamientos y que requieren una pronta atención. Por ello el caso es certificable.

      271

      • El campus de nuestra universidad pública es un foro limitado por designación, también conocido como foro semipúblico. Eso se desprende de la misión que el legislador asignó a la Universidad, de servir a toda la sociedad y *319 no solo a sus componentes. En fin, la U.P.R. es patrimonio de todos los puertorriqueños y no solamente de los que en ella estudian o laboran.

      272

      • Los estudiantes gozan de todas las protecciones amplias de libre expresión y asociación que la Constitución federal y la Constitución de Puerto Rico garantizan a todas las personas.

      273

      • El Consejo de Estudiantes es el organismo representativo de los estudiantes en la estructura administrativa universitaria. Sus facultades están delimitadas por ley y reglamento.

      274

      • No obstante, debe quedar claro que el Consejo de Estudiantes no es una unión laboral y que los estudiantes no gozan del derecho a huelga que la Constitución y las leyes le reconocen a los obreros. La relación entre los estudiantes y la Universidad se basa en un acuerdo de estudios y no en un contrato de trabajo.

      275

      • Lo que los estudiantes llaman “huelga” no es otra cosa que una protesta organizada. Ningún individuo o grupo tiene derecho a forzar a otro a unirse a su protesta. Por eso, el llamado “voto de huelga estudiantil” y el reclamo de que todos los estudiantes están obligados por él es ilegítimo. Ninguna asamblea, referéndum o votación (electrónica o en papel) puede obligar a nadie a unirse a una protesta en la que no cree.

      276

      • La administración de la U.P.R. tiene la obligación de salvaguardar el ejercicio libre y ordenado de los derechos constitucionales de expresión y asociación de todos los estudiantes, tanto los de los estudiantes recurridos y quienes coinciden con su protesta, como los de aquellos que discrepan de esas posiciones.

      277

      • Ahora bien, por tratarse de un foro semipúblico, la administración de la U.P.R. puede reglamentar el ejercicio libre y ordenado de los derechos de expresión y asociación de la comunidad universitaria, incluyendo los estudiantes, para asegurarse de que las manifestaciones y protestas *320 dentro del campus universitario no interrumpan el flujo normal de la tareas universitarias ni atenten contra los derechos de los individuos dentro de la comunidad universitaria.

      278

      • Existe un interés gubernamental significativo de garantizar el orden y la disciplina en el foro universitario, lograr un ambiente académico que cumpla con el fin educativo de la institución universitaria, proteger el derecho a estudiar de los estudiantes que deseen hacerlo, permitir que el pueblo tenga acceso al cúmulo de recursos que provee la Universidad y procurar la integridad y eficiencia institucional de nuestro primer centro docente. La administración universitaria está en mejor posición que un tribunal para diseñar la política pública que adelanta sus objetivos pedagógicos.

      279

      • Por consiguiente, la administración de la U.P.R. puede reglamentar el tiempo, lugar y la manera en que los estudiantes y demás componentes de la comunidad universitaria ejercen actividades de expresión protegida dentro del campus universitario, tales como manifestaciones o protestas, siempre que esa reglamentación: (1) sea neutral en cuanto al contenido de la expresión y no prohíba absolutamente que los manifestantes expresen sus puntos de vista; (2) haya sido diseñada estrechamente para que no se interrumpan o perjudiquen sustancialmente las tareas universitarias ni se violen los derechos de todos los componentes de la comunidad universitaria, y (3) no impida medios alternativos de comunicación.

      280

      • De igual modo, cualquier injunction u orden que emita el tribunal a petición de la administración universitaria tiene que cumplir con ese mismo escrutinio constitucional. La orden no debe limitar la actividad expresiva más allá de lo necesario y debe estar diseñada estrechamente para alcanzar el interés significativo que persigue el Estado. *321

      281

       

      282

      VII

      283

      Por los fundamentos anteriores, se expide el auto de certificación y se revoca la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Se devuelve el caso a dicho foro para que continúe con los procedimientos en conformidad con lo aquí resuelto. El tribunal citará a las partes a una vista de injunction permanente con la premura que la situación amerita. Además, evaluará la prueba en conformidad con los parámetros y el escrutinio constitucional explicados en esta Opinión, de manera que se garanticen los derechos constitucionales y estatutarios de todas las partes.

      284

      Se dictará sentencia de conformidad.

      285

      La Jueza Asociada Señora Fiol Matta disintió con una opinión escrita. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió con una opinión escrita. El Juez Presidente Señor Hernández Denton se inhibió.

      286

       

      287

      --O--

      288

      Voto de inhibición emitido por el Juez Presidente Señor Hernández Denton.

      289

      En vista de que mi señora esposa, la Lcda. Isabel Picó Vidal, catedrática retirada de la Universidad de Puerto Rico, es miembro de la Junta de Síndicos de la referida institución universitaria desde 2001, por imperativos éticos, nos inhibimos de entrar a considerar los méritos del presente caso. *322

      290

       

      291

      --O--

      292

      Voto disidente emitido por la Jueza Asociada Fiol Matta, acogiéndose al término provisto por la Regla 5 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

      293

      Disiento del trámite atropellado adoptado por la mayoría en este caso. La ponencia que hoy es Opinión mayoritaria se circuló en horas de la tarde del 6 de diciembre de 2010, con el propósito de certificarla el 13 de diciembre de 2010. De esa forma, los compañeros que suscriben la Opinión mayoritaria entendieron que unos seis días eran suficientes para estudiar y reaccionar a una ponencia de 79 páginas que atiende asuntos de alto interés público. Por el contrario, se trata de un término excesivamente corto que no nos permite desempeñar nuestro magisterio de forma sosegada y responsable. Generalmente, un foro colegiado está regido por el intercambio y la consideración ecuánime de las distintas posiciones de los magistrados. Se fomenta así la formulación de ponencias equilibradas, con el mayor insumo de criterios y perspectivas.1 Ciertamente, nuestro Reglamento permite acortar términos, pero esa alternativa, por las razones antes dichas, debe utilizarse en contadas ocasiones. Sin embargo, se está convirtiendo en una práctica más que una excepción. Ello da la impresión de que no se valora la acción concertada ni el diálogo y menos aún la conveniencia y deseabilidad de que, de haber una postura disidente, ésta pueda exponerse como parte de la expresión conjunta del Foro, pues, después de todo, el Tribunal no está compuesto solamente por los que están de acuerdo con la mayoría. Véanse, como ejemplos más recientes *323 de esta dinámica: Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 D.P.R. 1 (2010); In re Solicitud Aumentar Núm. Jueces TS, 180 D.P.R. 54 (2010). Cabe señalar que en esos casos, al igual que en éste, la mayoría del Tribunal acortó términos después de haberse redactado y circulado la Opinión mayoritaria. De esa manera, el Juez ponente pudo aprovechar todo el tiempo que entendió necesario para elaborar su ponencia, a la vez que se limitaron las opciones a quienes quisieran expresarse sobre su recomendación.

      294

      1

       

      “ ‘[P]ara impartir justicia y elaborar doctrinas jurídicas adecuadas, un tribunal colegiado tiene que disponer del sosiego y del reposo intelectual necesarios, sin los cuales toda discusión entre mentes debidamente instruidas es imposible.’ ” In re Solicitud Aumentar Núm. Jueces TS, 180 D.P.R. 54, 113 (2010), citando a Pueblo v. Rosario González, 80 D.P.R. 318, 328 (1958).

       

      295

       

      296

      La práctica de acortar el término para considerar una ponencia mayoritaria no nos permite formular recomendaciones y señalamientos que puedan servir para atemperar perspectivas y hasta para reconciliar posturas a la hora de sumar votos a la ponencia circulada. Además, prácticamente nos imposibilita redactar una respuesta a la altura de la controversia que tenemos ante nuestra consideración. La única alternativa en ocasiones como la presente es ejercer la opción de reservarnos el derecho de certificar una ponencia sobre los méritos de la controversia después de que se certifique la opinión mayoritaria. Por eso, me acojo al derecho de emitir una ponencia fundamentada en el término de diez días, según permite el Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 5(b).

      297

      No obstante, habré de adelantar algunas preocupa ciones.

      298

      El caso de autos debe devolverse al Tribunal de Primera Instancia para que disponga sobre el remedio de injunction solicitado. Sin embargo, la Opinión que hoy emite el Tribunal en certificación va mucho más allá. Al dictarle al Tribunal de Primera Instancia los criterios a los que debe responder ese dictamen, la Opinión restringe gravemente la discreción del foro de instancia en lo que es, precisamente, un recurso altamente discrecional. No hay ninguna necesidad jurídica para ello. *324

      299

      La acción de injunction, por su potencial de limitar las actividades legítimas de los ciudadanos, está claramente regulada y los criterios para su concesión están ampliamente desarrollados por abundante jurisprudencia tanto nuestra como federal. La insistencia de la mayoría en comparar estudiantes y obreros, en exponer su criterio sobre las actividades de expresión que por uso y costumbre llamamos “huelgas estudiantiles” y en elaborar extensamente sobre su particular visión de la Universidad Pública no pasan de ser lo que en lenguaje jurídico se llama dicta, es decir, expresiones innecesarias para la solución del caso, que no tienen efecto jurídico y que se deben tener por no puestas.

      300

      No son, sin embargo, expresiones innocuas, pues pretenden reducir el marco de análisis de los complejos problemas que enfrenta nuestro principal centro docente a dualismos simplistas, a saber, “legal/ilegal”, “estudiantes/obreros” y el más peligroso: “deber contractual de enseñar/deber contractual de aprender”. Peca también la Opinión de un enfoque generalizador que puede confundir al foro de instancia en cuanto a quiénes pueden estar incluidos en el dictamen de ese foro, en caso de que entienda procedente el remedio solicitado. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 57.5. Esta ambigüedad, mal entendida, puede resultar en violaciones al derecho de libertad de expresión de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Por último, la discusión sobre la naturaleza del espacio universitario como foro semipúblico en lo que se refiere a la libertad de expresión, requiere, de por sí, mucha ponderación y análisis crítico.

      301

      Es evidente, pues, la trascendencia y complejidad de esta decisión, así como la necesidad de un término mayor al que la mayoría tuvo a bien conceder, para elaborar en torno a las preocupaciones expuestas. *325

      302

       

      303

      --O--

      304

      Opinión disidente emitida por la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

      305

      “La Primera Enmienda se va de la Universidad de Puerto Rico.”

      306

      Rafael Martínez Torres, 1983

      307

      Disiento del curso que traza una mayoría del Tribunal por dos razones fundamentales, a saber: porque tengo una visión muy distinta del ámbito de protección que ofrece la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al derecho de todo ciudadano a expresarse, y porque creo que la Universidad es mucho más que un mero centro de estudios, más que un lugar para la transmisión, producción y difusión del conocimiento. El êthos universitario es el de la búsqueda irrenunciable de la verdad como presupuesto indispensable para la libertad, la transmisión del saber y la discusión abierta, crítica y libre de cualquier asunto. Las universidades son, a fin de cuentas, centros de imaginación de lo posible.1 Considero entonces que para el ejercicio puntual de este quehacer, es indispensable que exista un recinto adecuado en el cual prime ese diálogo abierto y crítico de parte de quienes aspiren a la verdad y precian su libertad. La protección de ese espacio de efervescencia debería ser nuestro norte, pues sólo así hacemos realidad el significado del nombre que lleva esta institución, universitatis.

      308

      1

       

      E. Rivera Ramos, La Universidad y lo Posible, 78 (Núm. 3) Rev. Jur. U.P.R. 643 (2009).

       

      309

       

      310

      La opinión que emite la mayoría de este Tribunal abre la puerta a limitar el derecho a la libre expresión en nuestro principal centro académico, al no justipreciar el alcance de nuestra tradición universitaria de tolerancia hacia la expresión y la discusión libre de temas diversos y diver *326 gentes. El ratio de la opinión mayoritaria —o su razón de ser— es hacer viable lo que ya se había anticipado por distintos funcionarios gubernamentales: circunscribir el derecho a la expresión de los estudiantes a un espacio específico y limitado, el cual el gobierno concede por mera liberalidad. Véase Anejo 1, Apéndice, pág. 1. Porque creo que en nuestro país la tradición vivida por décadas en nuestra Universidad le confiere las características de un foro público tradicional, rechazo enérgicamente el más reciente acto de acotamiento de derechos ciudadanos que ultima el “nuevo” Tribunal.

      311

       

      312

      I

      313

      Debemos comenzar destacando que debido al apresurado, atropellado y acomodaticio trámite que la mayoría concede al caso de autos —reduciendo los términos reglamentarios del Tribunal para certificar la ponencia circulada a sólo cinco días, de suerte que pueda coincidir con el inicio de una huelga universitaria pautada para mañana— nos vemos precisados a limitar nuestra discusión sólo a identificar una parte del errado razonamiento expuesto por el Tribunal.

      314

      La mayoría concluye en su ponencia que la Universidad de Puerto Rico es un foro público por designación. Para llegar a esta conclusión, parte de la premisa de que “tanto en la jurisdicción federal como en la local, los recintos universitarios no se catalogan como foros públicos tradicionales”. Opinión mayoritaria, pág. 299. Lo cierto es que la mayoría llega a esta conclusión luego de tergiversar el derecho federal aplicable como mecanismo para forzar su conclusión.

      315

      El derecho de los ciudadanos a expresarse libremente está reconocido en la Sección 4 del Artículo II de la Carta de Derechos de nuestra Carta Magna. Const. E.L.A., *327 L.P.R.A., Tomo 1. Este derecho de carácter fundamental se encuentra fuertemente arraigado a las nociones más básicas y esenciales de nuestro sistema democrático de gobierno. Vigoreaux Lorenzana v. Quizno’s, 173 D.P.R. 254 (2008); Bonilla Medina v. P.N.P., 140 D.P.R. 294, 299 (1996); Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15, 20–21 (1968). Sin embargo, ya hemos expresado que éste no es absoluto. Así, por ejemplo, el derecho a la libre expresión puede encontrar sus límites al enfrentarse al derecho a la intimidad de otra persona. Véase Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573 (1982).

      316

      Asimismo, en algunos casos, el derecho de la libertad de expresión en propiedad pública podría verse limitado mediante regulación gubernamental sobre el tiempo, el lugar y la manera de llevar a cabo la expresión. Véase U.N.T.S. v. Srio. de Salud, 133 D.P.R. 153 (1993). La validez de dicha regulación estará sujeta a las características de la propiedad en cuestión y su clasificación como: (1) foro público tradicional, (2) foro público por designación o (3) foro no público. Íd.

      317

      Los foros públicos tradicionales se han definido como “lugares que por larga tradición o por fíat del gobierno se han dedicado a la reunión y al debate”. (Traducción nuestra.) Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., 460 U.S. 37, 45 (1983). Ejemplos clásicos de esta clase de foro son los parques, las calles y las aceras, los cuales se han mantenido disponibles para el uso del pueblo, donde las personas se pueden reunir, comunicar y compartir sus pensamientos y discutir asuntos de interés público. Íd. En estos predios el Estado no puede vedar de forma absoluta la libertad de expresión; sólo puede regular el tiempo, lugar y modo en que se realizará la expresión. Ello siempre y cuando las limitaciones “responda[n] a un interés gubernamental significativo, limite la intervención a la mínima necesaria para alcanzar su objetivo ... y deje abiertas alternativas para la expresión”. U.N.T.S. v. Srio. de Salud, *328 supra, pág. 163, citando a Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, pág. 46.

      318

      Por otra parte, los foros no públicos son propiedades del Estado que no se relacionan con el intercambio de ideas y la libre comunicación de pensamiento entre los ciudadanos. Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, pág. 46. Los centros hospitalarios, los tribunales, y dependencias policiacas son muestras claras de esta categoría. En estos lugares la regulación gubernamental puede limitar la libre expresión que allí se produzca, de manera que sólo se permita aquélla que sea compatible con el objetivo de la propiedad. En cuanto a la validez de dicha regulación, basta con que ésta sea razonable y, además, neutral en cuanto a puntos de vista; sujeto a que no se trate de un disfrazado esfuerzo por suprimir la expresión. U.N.T.S. v. Srio. de Salud, supra, pág. 164, citando a International Soc. for Krishna Conciousness, Inc. v. Lee, 505 U.S. 672 (1992); Cornelius v. NAACP Legal Defense & Ed. Fund., 473 U.S. 788 (1985); Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra.

      319

      Finalmente, entre estas dos clasificaciones se encuentran los foros públicos por designación. Estos predios son generalmente foros no públicos en los que el Estado decide abrir un espacio para la actividad expresiva, aun cuando no está obligado a hacerlo. Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, pág. 45. De manera que se trata de lugares no creados originalmente para la libre comunicación, pero en los cuales se ha permitido la actividad expresiva. Las bibliotecas, las escuelas y los teatros estatales suelen ser utilizados como foros públicos por designación. Rodríguez v. Srio. de Instrucción, 109 D.P.R. 251, 256–257 (1979); Southeastern Promotions, Ltd. v. Conrad, 420 U.S. 546 (1975). Mientras estos espacios están abiertos a la actividad expresiva, el poder del Estado para regular la libertad de expresión se encuentra tan limitado *329 como cuando se trata de un foro público tradicional. U.N.T.S. v. Srio. de Salud, supra, pág. 163, citando a Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, págs. 45–46.

      320

      No obstante, hay una gran diferencia entre foros públicos tradicionales y foros públicos por designación. El carácter público de estos últimos depende de la voluntad del Estado. Es el gobierno quien designa el espacio como abierto a la expresión pública. De igual forma, el Estado conserva la autoridad para determinar qué grupos podrán utilizar el espacio o qué temas se podrán discutir en él. U.N.T.S. v. Srio. de Salud, supra, pág. 164, citando a Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, pág. 48. Más aún, la autoridad estatal podría cerrar la propiedad a la actividad expresiva por parte de la ciudadanía en general, retornando a su carácter no público. Véase Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, pág. 46. Tales facultades están ausentes cuando se trata de foros públicos tradicionales. Éstos siempre deben permanecer abiertos al flujo de ideas y pensamientos que son parte inherente a la naturaleza misma de estos predios. Allí no se puede delimitar qué grupos o temas se beneficiarán del acceso a la propiedad. La regla es sencilla: todos están invitados a ejercer su derecho a la libertad de expresión. Por ello, aunque hay similitudes entre los foros públicos tradicionales y los foros públicos por designación, en realidad, los ciudadanos gozan de mayor protección en los primeros.

      321

      Ahí radica el afán de la mayoría de catalogar la Universidad como un foro público por designación. Esta determinación no es más que la semilla sembrada en concierto, que habrá de germinar —o que ya germinó— en el proceder del Estado y las autoridades universitarias de designar un lugar restringido para “ejercer” el derecho a la libre expresión. *330

      322

       

      323

      II

      324

      En lo que representa un golpe mortal a la Universidad de Puerto Rico y a nuestro sistema democrático, la mayoría del Tribunal hoy cataloga a la Universidad como foro público por designación. Para ello utiliza fundamentos que, bien leídos, revelan lo errado de su proceder. Veamos.

      325

      La opinión mayoritaria cita Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263 (1981), para establecer que en la jurisdicción federal se ha decidido que los recintos universitarios no se pueden comparar con los foros públicos tradicionales “por sus objetivos pedagógicos y académicos ...”. Opinión mayoritaria, pág. 298.2 En primer lugar, debemos dejar claro que la cita utilizada por la mayoría del Tribunal no es más que un mero dictum en un escolio de una opinión. Además, la referida cita, verdaderamente, no expresa que las universidades no sean comparables con los foros públicos tradicionales, y mucho menos dice que dichas instituciones no sean foros públicos tradicionales. La expresión de la Corte Suprema sólo aclara que las instituciones universitarias no son iguales a algunos foros públicos, como calles, parques y teatros. Ello, en parte, por su misión educativa. Sin embargo, nada en la opinión de la Corte dispone del carácter tradicional o por designación de la universidad, y aún si lo hiciera, ello se limitaría a la institución universitaria sobre la cual se pasaba juicio en aquel entonces.

      326

      2

       

      “A university differs in significant respects from public forums such as streets or parks or even municipal theaters. A university’s mission is education, and decisions of this Court have never denied a university’s authority to impose reasonable regulations compatible with that mission upon the use of its campus and facilities.” Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263, 268 esc. 5 (1981).

       

      327

       

      328

      La expresión citada por la mayoría del Tribunal no impone juicio alguno sobre este Foro en cuanto a la controversia que hoy atendemos. Por un lado, este Foro siempre puede hacer uso de la factura más ancha que distingue nuestra Carta de Derechos de las delineaciones mínimas sobre derechos individuales que se establecen en la jurisdicción *331 federal, para brindar mayor protección a nuestros ciudadanos frente a la intromisión gubernamental. Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605, 618 (1987). Asimismo, los fundamentos históricos y realidades prácticas que inspiran las decisiones de los foros federales en el ámbito de la doctrina del foro público pueden no ser iguales al desarrollo histórico de nuestra sociedad. Estas divergencias justifican distanciarnos de doctrinas elaboradas en las cortes federales, de manera que se amplíen los derechos individuales conforme a nuestras tradiciones. Ya hemos resuelto que la Constitución del Estado Libre Asociado “tiene un origen y un historial distinto a la Constitución de Estados Unidos .... Nuestra Constitución reconoce y concede unos derechos fundamentales con una visión más abarcadora y protectora que la Constitución de Estados Unidos”. López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219, 226–227 (1987). Véase, también, Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E.Tel., 150 D.P.R. 924 (2000).

      329

      En segundo lugar, la opinión mayoritaria también cita Coss y U.P.R. v. C.E.E., 137 D.P.R. 877, 889 (1995), como fundamento para concluir que este Foro ha catalogado la Universidad de Puerto Rico como un foro no público tradicional. Opinión mayoritaria, págs. 289-299.3 Nuevamente, son varios los defectos del razonamiento expuesto por la mayoría. Aclaramos una vez más que la citada expresión es sólo un dictum traído de otra decisión de la jurisdicción federal, y originado en la discusión sobre la libertad de expresión en predios escolares, no universitarios. También recordamos que en Coss y U.P.R. v. C.E.E., supra, sólo se cuestionaba el carácter público de un medio de expresión o foro dentro de la Universidad: el periódico Diálogo. No se discutió entonces las características de toda *332 la Universidad según la doctrina de foro público, como hoy pretende hacer una mayoría de este Tribunal.

      330

      3

       

      “[L]as facilidades educativas podrían considerarse foros públicos, sólo si las autoridades escolares han —‘mediante política o por práctica’— abierto esas facilidades ‘para el uso indiscriminado del público en general’.” Coss y U.P.R. v. C.E.E., 137 D.P.R. 877, 889 (1995), citando a Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., 460 U.S. 37, 47 (1983).

       

      331

       

      332

       

      333

      III

      334

      De manera que no queda tan “claro”, como dice la Opinión del Tribunal, pág. 299, que los recintos universitarios no se catalogan como foros públicos tradicionales. Por el contrario, estimo que la Universidad de Puerto Rico representa un microcosmos abarcador y complejo, nutrido de una gran tradición de valores democráticos; por lo que, para evaluar nuestro primer centro docente a la luz de la doctrina de foro público, es imprescindible comprender sus propósitos, su historia, su composición y su rol en el desarrollo de nuestro país.

      335

      Si bien es cierto que “[e]n contraste con los parques, plazas y calles, considerados tradicionalmente foros por excelencia de expresión pública, las escuelas y bibliotecas estatales no se organizaron para celebrar en ellas libre intercambio comunitario”, Rodríguez v. Srio. de Instrucción, supra, págs. 256–257, no es menos cierto que la Universidad es mucho más. El libre intercambio de ideas, dinámica inherente a la institución, es precisamente lo que engrandece el proceso educativo en los centros universitarios. Véase Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, 113 D.P.R. 153, 159 (1982), citando a P. Monroe, Historia de la pedagogía, Madrid, 1905, T. II, pág. 145 (“Tratándose de universidades, esta norma constitucional comulga estrechamente con la esencia y razón histórica de esta institución, en la que como afirma Monroe de un modo claro, ‘la libertad de discusión, tanto política como eclesiástica y teológica encontró su primer hogar’ ”).

      336

      Pero, quién mejor para recordarnos qué es la Universidad, que aquel cuyo nombre está indeleblemente coligado a esta institución. En su discurso inaugural en la Universidad de Puerto Rico en 1943, nos decía Don Jaime Benítez: *333

      337

      [E]ntre los objetivos de la Universidad de Puerto Rico, yo le daría jerarquía primaria a éste: enseñar a los hombres a valerse de su entendimiento y de su albedrío; ayudar a los hombres a encararse con la vida, afianzados en los recursos y en las valoraciones dentro de ese ideal de vida noble, creadora y generosa, refrendado por treinta siglos de pensamiento, que avanza zigzagueante a través de la historia, jamás del todo oscurecido, jamás del todo realizado, que es el ideal de vida democrática. Es pues mi criterio, que el principal objetivo de esta universidad debe ser hacer hombres libres en su espíritu, hombres que no rindan la potencialidad creadora de su alma a nada de este mundo —ni al halago, ni al cliché social, ni al prejuicio, ni a la ambición, ni a la amenaza, ni al poder— a nada en este mundo. (Énfasis nuestro.) Jaime Benítez, “La Reforma Universitaria”, 1943, en H.L. Acevedo, ed., Don Jaime Benítez: entre la Universidad y la política, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2008, págs. 467–468.

      338

      La Universidad de Puerto Rico siempre ha sido un foro de discusión abierto al debate público. Véase L. Nieves Falcón y otros, Huelga y Sociedad, Río Piedras, Ed. Edil, 1982. Sus recintos siempre han recibido la más diversa gama de personas que aportan y han aportando con sus ideas al desarrollo del país. Para la producción de ese conocimiento enriquecedor se exige, “por supuesto, gozar de la posibilidad de criticar y cuestionar el conocimiento, las prácticas sociales y las creaciones culturales y tecnológicas”. E. Ramos Rivera, La Universidad y lo Posible, 78 (Núm. 3) Rev. Jur. U.P.R. 643, 646 (2009).

      339

      Al decir de Hannah Arendt, la libertad consiste en lograr que sea lo que no ha sido.4 Así, los grandes logros alcanzados por la Universidad de Puerto Rico han sido propiciados por el cultivo de valores democráticos que nutren sus aspiraciones. Proyectos de incalculable valor, como La Nueva Constitución de Puerto Rico, preparado por la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico —que sirvió de guía a los redactores de nuestra Constitución— se han producido rodeados de la protección *334 a la libertad de palabra que cobija a toda la comunidad universitaria. Y es que así tiene que ser, porque en nuestro país, la educación ha estado vinculada, constitucionalmente, a los derechos humanos. El Art. II, Sec. 5 de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 292, reconoce a toda persona el “derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales”. En Sánchez Carambot v. Dir. Col. Univ. Humacao, supra, pág. 161, ya adelantábamos que

      340

      4

       

      Hanna Arendt, Between Past and Future, Penguin Books, 2006, págs. 142–169, citado en Ramos Rivera, supra, pág. 649.

       

      341

       

      342

      ... el definitivo reconocimiento que las libertades civiles reciben en todo el ordenamiento nacional de sociedades como la nuestra, no puede ser razón hábil para menoscabar las garantías de libertad de expresión y asociación que desde tiempos pretéritos gozan los estudiantes y profesores universitarios. Precisamente, para que las salvaguardas civiles no decaigan es imprescindible la crítica ilustrada, acuciosa y constante de parte de esos grupos dedicados al más elevado estudio. Callar sus denuncias puede poner en peligro las libertades que con tanta dificultad se plasmaron en un pasado no muy remoto. Se trata, como advertimos en Rodríguez v. Srio. de Instrucción, ante, de proteger esa discusión enérgica de las ideas, que es tan esencial para el cabal desarrollo del hombre, como para la conservación y el sostenimiento del bienestar común en una sociedad que viva en democracia. (Citas omitidas y énfasis nuestro.)

      343

      Los objetivos de la ley orgánica de la Universidad también reconocen que la institución es un foro sumamente ligado a nuestra sociedad democrática. Así, vemos que el Artículo 2 de la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966 (18 L.P.R.A. sec. 601), establece que la Universidad debe “[t]ener presente que por su carácter de Universidad y por su identificación con los ideales de vida de Puerto Rico, ella está esencialmente vinculada a los valores e intereses de toda comunidad democrática”.

      344

      Esa es, a grandes rasgos, la historia de nuestra Universidad; no porque el Estado haya abierto un espacio a la libre expresión, sino porque ésa es, y ha sido su tradición, *335 su propia naturaleza. Nadie puede negar que la Universidad de Puerto Rico, mientras forja los intelectos de sus integrantes, siempre ha servido para la “reunión y el debate” y ha estado disponible para el uso del pueblo, para que los ciudadanos se reúnan pacíficamente y compartan y debatan ideas sobre los asuntos que les son de interés. Véase Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators’ Assn., supra, pág. 45. Ante semejante tradición, ¿cómo se puede concluir que se trata de un foro público por designación? ¿Dónde queda toda la historia de nuestro primer centro docente como punto de encuentro para el debate del más alto calibre?

      345

       

      346

      IV

      347

      Unas últimas consideraciones. El caso que hoy atendemos fue traído ante nosotros del Tribunal de Apelaciones mediante una certificación intrajurisdiccional. Ésta fue solicitada por la administración de la Universidad de Puerto Rico apenas un día luego de haber presentado ante el foro apelativo intermedio su recurso de apelación. Hoy el Tribunal utiliza la Regla 50 de su Reglamento para expedir y resolver la controversia sin permitir que las partes presenten sus alegatos. 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A. Como si el abrupto trámite procesal que otorga la mayoría de este Foro al recurso de autos fuera poco, el Tribunal también decide tomar conocimiento judicial de un hecho adjudicativo esencial para la controversia, sin brindar a la parte afectada la oportunidad de expresar su postura al respecto. Tal proceder, cuando menos, resulta contrario a los principios básicos de justicia.

      348

      La toma de conocimiento judicial de hechos adjudicativos es un medio probatorio que debe ser utilizado con cautela, pues al hacerse se releva a una parte de la carga probatoria que, de ordinario, recae sobre ella. Este mecanismo está disponible para hechos que no están sujetos a controversia razonable por ser: (1) de conocimiento general *336 en nuestra jurisdicción, o (2) de corroboración inmediata y exacta en fuentes que no pueden ser razonablemente cuestionadas. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 201(b). Sin embargo, cuando una parte solicita al tribunal que tome conocimiento judicial sobre un hecho, ella está obligada a ofrecer “información suficiente” para que el tribunal pueda conceder su pedido. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 201(c). Véase Pérez v. Mun. de Lares, 155 D.P.R. 697, 705 (2001) (“Para que un tribunal pueda tomar conocimiento judicial de un hecho adjudicativo, es necesario que la parte proponente ponga al tribunal en condición de poder hacerlo”). “Si la parte que solicita que se tome conocimiento judicial bajo la Regla 201(B)(2) no le provee al tribunal la información correspondiente, el tribunal no tomará conocimiento judicial y la parte tendrá que presentar evidencia para probar el hecho adjudicativo.” E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009: análisis por el Prof. Ernesto L. Chiesa, San Juan, Pubs. J.T.S., 2009, pág. 105.

      349

      Ante la norma hasta aquí expuesta, ya se hacen evidentes las deficiencias de la metodología adjudicativa de la mayoría del Tribunal. La opinión mayoritaria menciona que la Universidad “nos requiere que tomemos conocimiento judicial” de que estudiantes del sistema universitario aprobaron un voto de huelga preventivo. Opinión mayoritaria, pág. 274. Tal petición, como veremos, parece encontrarse escondida en una alegación de la Universidad a los efectos de que los estudiantes aprobaron el referido voto preventivo. Estimo, no obstante, que existe una diferencia entre una mera alegación carente de evidencia que la sustente, y una alegación acompañada de una solicitud formal para que se admita en evidencia un hecho mediante la toma de conocimiento judicial.

      350

      Incluso, un examen cuidadoso del expediente de autos nos muestra que la única expresión en el recurso de certificación que presentara la administración de la Universidad ante esta Curia, que podría asemejarse a una solicitud *337 para tomar conocimiento judicial, es la siguiente: “Como cuestión de hecho, de lo cual este Honorable Tribunal puede tomar conocimiento judicial, la prensa ha informado que en la ‘Asamblea Nacional’ convocada por los estudiantes el 21 de junio de 2010 se aprobó un ‘voto de huelga preventivo’ para protestar la imposición de una cuota especial en enero de 2011.” (Énfasis suplido.) Recurso de certificación, pág. 15. Si ello fuera considerado como una solicitud de toma de conocimiento judicial, deberíamos concluir que es sumamente vaga, por lo que el Tribunal debería denegarla de plano. Por otro lado, las palabras citadas distan mucho de ser lo que la mayoría del Tribunal pretende. Aun en un gran ejercicio de deferencia, no podemos concluir que los peticionarios requieren la toma de conocimiento judicial de la aprobación de un voto preventivo de huelga por parte de los estudiantes. A lo sumo, sólo podríamos pensar que solicitan se tome conocimiento judicial de que la prensa divulgó una noticia, pero no que el evento del que se habla en la noticia en efecto ocurrió. De manera que, ausente una solicitud de parte para que este Foro tome conocimiento judicial de la aprobación de un voto preventivo de huelga, es forzoso concluir que la mayoría del Tribunal ha decidido hacerlo motu proprio.

      351

      Ciertamente, las Reglas de Evidencia permiten la toma de conocimiento judicial por iniciativa propia del tribunal en cualquier etapa de los procedimientos. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 201(c) y (e). Empero, también garantizan el derecho de las partes a ser escuchadas en torno a si procede la toma de conocimiento judicial. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 201(d). “En todo caso, el tribunal debe respetar el derecho de las partes a ser oídas en torno a si bajo la Regla 201(B) procede la toma del conocimiento judicial.” Chiesa, op. cit., pág. 106. Este inciso de la Regla 201 tiene como propósito garantizar el debido proceso de ley de las partes, de manera que éstas conozcan los hechos que utilizará el foro judicial para arribar a su determinación y tengan, a su vez, la oportunidad *338 de elaborar argumentos a favor o contra el uso del referido mecanismo evidenciario.5 La importancia de esta salvaguarda procesal se agudiza aún más cuando se toma conocimiento judicial en etapas apelativas, como por ejemplo, en la solución de controversias ante esta Curia. Al respecto, así se expresa el Prof. Ernesto L. Chiesa:

      352

      5

       

      “An elementary sense of fairness might indicate that a judge before making a final ruling that judicial notice will be taken should notify the parties of his intention to do so and afford them an opportunity to present information which might bear upon the propriety of noticing the fact, or upon the truth of the matter to be noticed.” McCormick on Evidence, 4ta ed., St. Paul, Ed. West, 1992, Vol. 2, Sec. 333, pág. 407.

       

      353

       

      354

      En relación con tomar conocimiento judicial en la etapa apelativa, es esencial que el tribunal apelativo salvaguarde el derecho de una parte a ser oído en torno a la corrección de tomar conocimiento judicial, ya sea mediante escritos o argumentación oral. De ordinario, un tribunal apelativo no revocará una decisión del tribunal sentenciador a base de tomar conocimiento judicial de un hecho adjudicativo; por lo general se trata de hechos legislativos. Si se trata de verdaderos hechos adjudicativos, es necesario que el tribunal apelativo d[é] a la parte perjudicada oportunidad de ser oída en cuanto a si procede que se tome el conocimiento judicial. (Escolios omitidos.) E.L. Chiesa, Tratado de derecho probatorio: reglas de evidencia de P.R. y federales, [ed. de autor], 1998, T. II, Sec. 13.3, pág. 1150.

      355

      A pesar de la claridad y el peso de la doctrina que señalamos, la mayoría de este Tribunal toma conocimiento judicial de un hecho adjudicativo que resulta medular para atender la controversia sobre academicidad, sin tan siquiera hacer un intento por escuchar los planteamientos que pudieran ofrecer los estudiantes recurridos al respecto. No se les permitió presentar alegatos; tampoco se les ordenó mostrar causa por la cual no se debiera tomar conocimiento judicial del hecho en cuestión. Véase Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, op. cit., pág. 105 (“Como se puede tomar conocimiento judicial en la etapa apelativa, el tribunal apelativo debe emitir una orden para que se muestre causa por la que no debe tomarse conocimiento *339 judicial de determinado hecho adjudicativo. Así se satisface lo dispuesto en [la Regla 201(d)]”).

      356

      El proceder del Tribunal en efecto decomisa el derecho de los estudiantes recurridos de ser escuchados y levantar sus defensas. Así la Opinión del Tribunal acomete contra los postulados elementales del debido proceso de ley.

      357

       

      358

      V

      359

      Al concluir debo reseñar las elocuentes palabras del ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, el Prof. Efrén Rivera Ramos, quien en un ensayo sobre la universidad y lo posible, nos dice:

      360

      ... [L]a Universidad de Puerto Rico realmente contribuyó a hacer posible otro Puerto Rico en su debido momento. Su existencia amplió el acceso a la educación superior de los sectores menos aventajados. Ha sido centro de ebullición para la irradiación de valores y la circulación de reclamos cruciales para nuestra vida de pueblo. Sus miembros y egresados han participado e intervenido en procesos económicos, sociales, políticos y culturales muy importantes para el país. Con su activismo, sus estudiantes han dado en más de una ocasión la voz de alerta para que se corrija el rumbo en asuntos medulares de nuestra comunidad. Por otro lado, la histórica lucha por su autonomía y la protección constitucional que ser una universidad pública supone pueden asegurarle mayores espacios de libertad para la investigación, la reflexión, la expresión y la crítica sin los condicionamientos que una institución controlada por intereses económicos privados podría significar.

      361

      Esos espacios de libertad son indispensables para que la universidad pueda continuar siendo el laboratorio de lo posible.

      362

      De más está decir que nuestro país necesita ese laboratorio ahora más que nunca. (Énfasis nuestro.) Rivera Ramos, supra, pág. 659.

      363

      364

      Me hubiese gustado que este Tribunal no “[perdiera] de vista que la mejor manera de salvaguardar el orden en las universidades ... es sosteniendo el mandato constitucional: libre expresión para todos”. R. Martínez Torres, La primera enmienda se va de la Universidad de Puerto Rico: *340 restricciones absolutas a los derechos de expresión, 52 (Núm. 4) Rev. Jur. U.P.R. 665, 696 (1983). Hoy, con su proceder, una mayoría del Tribunal expulsa la libertad de expresión de la Universidad de Puerto Rico.

    • 2.2 Asociación de Periodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920 (2011)

      academicidad

      1

      EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR MARTÍNEZ TORRES emitió la opinión del Tribunal.

      2

       

      3

      Mediante petición de mandamus, la Asociación de Fotoperiodistas de PR, Inc., la Asociación de Periodistas de PR, Inc., la Cyber News Multimedia, Inc., el Centro de Periodismo Investigativo, Inc. y el Overseas Press Club, nos solicitan que ordenemos al Presidente del Senado, Hon. Thomas Rivera Schatz, a que cumpla con el mandato constitucional estatuido en la Sec. 11, Art. III de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, y con el Reglamento del Senado de 12 de enero de 2009, para permitirles acceso al hemiciclo senatorial durante las sesiones legislativas. El 2 de julio de 2010 la parte recurrida, sin someterse a la jurisdicción del Tribunal, solicitó la desestimación del recurso de mandamus, porque la controversia se tornó académica.

      4

      Posteriormente, el Presidente del Senado y el Secretario de ese cuerpo, Manuel Torres Nieves, presentaron un recurso de certificación ante este Tribunal en el caso Eduardo Bhathia, et al. v. Thomas Rivera Schatz, et al., KPE-2010-2423(907), porque entienden que el foro de primera instancia debió desestimar el caso por académico. La controversia en ese caso es la misma que en el recurso de mandamus que ya estaba ante nuestra consideración. Por esa razón se nos solicitó que consolidáramos ambos *926 recursos. Ante el alto interés público que rodea a esta controversia, y en virtud del poder que nos otorga el Art. 3.002 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, 4 L.P.R.A. sec. 24s, decidimos certificar. Evaluados ambos recursos, determinamos que son académicos y ordenamos su desestimación.

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      6

      I

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      MD-2010-7

      8

       

      9

      Los peticionarios en ese recurso aducen que el 24 y 25 de junio de 2010 el Presidente del Senado dio órdenes para que se desalojara al público y a miembros de la prensa que se proponían cubrir la sesión plenaria del Senado en que se habría de discutir el presupuesto de Puerto Rico. Como consecuencia de ello, se alegó que varios periodistas y fotoperiodistas se vieron imposibilitados de cubrir y transmitir los procedimientos a llevarse a cabo en el Senado. A raíz de estos sucesos, el 29 de junio de 2010 la Asociación de Fotoperiodistas de P.R., Inc., la Asociación de Periodistas de P.R., Inc., la Cyber News Multimedia, Inc., el Centro de Periodismo Investigativo, Inc., y el Overseas Press Club presentaron una petición de mandamus ante este Tribunal en la que solicitaron que se ordenase al Presidente del Senado cumplir con lo dispuesto en la Sec. 11 del Art. III de la Constitución de Puerto Rico, supra, que garantiza que las sesiones de las cámaras serán públicas, y permitir la asistencia del público y la prensa a la galería alta para presenciar los trabajos del Senado. En la alternativa, solicitaron que se ordenara al demandado cumplir con las disposiciones de la Sec. 26.1 del Reglamento del Senado, supra, pág. 77, sobre asistencia del público a la galería alta para presenciar la sesión senatorial, y con las disposiciones de la Sec. 26.11 del mismo reglamento relativas al palco de prensa, incluyendo, de ser necesario, una orden sobre el uso de cámaras que contenga los parámetros menos onerosos *927 posibles al derecho a la información así como a la libertad de prensa y expresión.

      10

      El 30 de junio de 2010 las organizaciones de prensa presentaron una moción suplementaria y una solicitud de remedio adicional en la que señalaron que el 29 de junio de 2010 el Presidente del Senado envió una carta a todos los medios de comunicación para dilucidar las reglas de conducta que regirían el uso y acceso de las instalaciones destinadas a los medios de prensa en el Senado. Sin embargo, los demandantes advirtieron que, conforme dispone el Reglamento del Senado, era necesaria una orden administrativa que regulara el acceso. Por ello, peticionaron que se le requiriera al Presidente del Senado adoptar una orden administrativa en la que se estableciera con claridad las reglas sobre el acceso del público y la prensa al Senado.

      11

      El 2 de julio de 2010 el Presidente del Senado, sin someterse a la jurisdicción del Tribunal, presentó una moción en la que solicitó la desestimación de la petición de mandamus. En ésta, el Presidente del Senado alegó que

      12

      ... mientras el Senado de Puerto Rico celebraba su sesión legislativa de forma ordinaria, un fotoperiodista se ubicó sobre un friso —el cual no tiene barandas de seguridad— colocándose en peligro de caerse o de que su cámara fotográfica cayera sobre las personas que se encontraban en el Hemiciclo, quien enfocó y tomó varias fotografías de documentos que se encontraban en el estrado presidencial, los cuales contenían análisis y recomendaciones sobre el presupuesto de la Isla, así como de otras medidas que se discutían en ese momento, que resultaban ser el producto del trabajo de sus asesores. Caso Núm. MD-2010-7, Moción de desestimación, pág. 1.

      13

      El Presidente del Senado adujo también que el fotoperiodista parecía intentar tomar fotos de la pantalla de su teléfono móvil. Por ello, solicitó al Jefe de Prensa y al Sargento de Armas del Senado que ordenaran a los fotoperiodistas abandonar el hemiciclo senatorial. Según alega el Presidente del Senado, en ese momento se suscitó una discusión entre algunos funcionarios del Senado y varios miembros de la prensa, quienes supuestamente se subieron a unas sillas y comenzaron a gritar hacia la parte baja *928 del hemiciclo. Como resultado de lo anterior, el Presidente del Senado hizo uso de las prerrogativas concedidas por la Sec. 9, Art. III de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, y las Secs. 6.1(j), 6.1(r), 6.1(t) y 26.1 del Reglamento del Senado, supra, págs. 13, 15–16 y 77, y restringió el acceso de la prensa hasta tanto se discutieran las reglas de conducta que regirían el uso y el acceso de las instalaciones destinadas a los medios de prensa.

      14

      Asimismo, añadió que la controversia se había tornado académica, ya que el 29 de junio de 2010 firmó la Orden Administrativa 10-63, con el propósito de “Regular el uso de cámaras o equipo para captar imágenes en el Hemiciclo del Senado de Puerto Rico”. Con esta orden se reabrió el acceso a la prensa al área designada del hemiciclo senatorial.

      15

      CT-2010-7

      16

      Por los mismos hechos, el 28 de junio de 2010 el Hon. Eduardo Bhatia Gautier, Senador por Acumulación del Partido Popular Democrático (PPD), presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, contra el Presidente y el Secretario del Senado. En ella adujo que “est[aba] siendo afectado debido a que la inacción de los demandados ha puesto en peligro su derecho a la información pública e igual derecho de las personas que el Demandante representa”. Caso Núm. CT-2010-0007, Demanda, págs. 8–9. Es decir, el senador Bhatia Gautier alegó que sus prerrogativas y funciones legislativas fueron menoscabadas como consecuencia de la conducta imputada al Presidente del Senado de exigir la salida o condicionar la entrada de algunos fotoperiodistas al palco destinado para los representantes de los medios noticiosos, durante los días 24 y 25 de junio de 2010. Por ello, solicitó que se ordenara a los demandados proveer acceso irrestricto a todos los representantes de los medios noticiosos a las sesiones senatoriales.

      17

      El 2 de julio de 2010 el senador Bhatia Gautier presentó una demanda enmendada en la que solicitó que se expidiera *929 un mandamus, un injunction y una sentencia declaratoria. A esta demanda enmendada se le sumaron como partes demandantes varios senadores del PPD,1 y el Sr. Víctor Lozano Santos, en calidad de ciudadano particular. En la demanda enmendada adujeron que las “actuaciones del Presidente del Senado constituyen conducta arbitraria, ilegal e inconstitucional que impiden que los Senadores demandantes pued[a]n descargar sus funciones informativas como los representantes del pueblo de Puerto Rico y de mantener al pueblo al tanto de los procesos de deliberación, fiscalización [e] información que le corresponde como representantes del pueblo y de la minoría en oposición al gobierno en el poder”. Caso Núm. MD-2010-7, Demanda enmendada, págs. 7–8. Asimismo, añadieron que

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      1

       

      Como parte demandante se unieron los senadores, Hons. Eder Ortiz Ortiz, Sila Mari González Calderón, Juan Eugenio Hernández Mayoral, Jorge Suárez Cáceres, José Luis Dalmau, Alejandro García Padilla y Antonio Fas Alzamora.

       

      19

       

      20

      ... las actuaciones del Presidente del Senado, y/o empleados del Senado siguiendo instrucciones de éste, constituyen conducta arbitraria, ilegal e inconstitucional que impiden que el demandante, señor Víctor Lozano Santos, pueda mantenerse al tanto de los procesos legislativos de alto interés público que impactan al pueblo de Puerto Rico, ya que no es usuario de Internet, su municipio de residencia no tiene acceso al canal Cable Visión, número 10 de la compañía de Cable OneLink, el cual transmite las sesiones senatoriales y camerales, y, según las instrucciones del Presidente del Senado, habría sido excluido, como todo otro ciudadano, de acceder las gradas para presenciar las sesión senatorial. Íd., pág. 8.

      21

      Por todo lo anterior, “solicitaron que se declarara “con lugar” la demanda enmendada, que se emitiera una sentencia declaratoria en la que se declarara inconstitucional la conducta imputada al Presidente y al Secretario del Senado, que se le ordenara a estos últimos cesar y desistir de dicha práctica, y que se les ordenara, además, que cumplieran con el mandato constitucional de que las sesiones del Senado sean públicas. *930

      22

      El 6 de julio de 2010 el Tribunal de Primera Instancia redujo el término para contestar la demanda en virtud de lo dispuesto en la Regla 68.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III (ed. 2001), y le concedió al Presidente y al Secretario del Senado hasta el 7 de julio de 2010, es decir, un día, para contestar la demanda. También se consolidó la vista de injunction con el juicio en los méritos para el 9 de julio de 2010, es decir, tres días después. El 7 de julio de 2010 el Presidente y el Secretario del Senado presentaron ante este Tribunal un recurso de certificación, porque a su juicio, el foro de primera instancia carecía de jurisdicción para atender el asunto planteado. Solicitaron la expedición del auto y la consolidación del caso con el recurso de mandamus de las organizaciones de periodistas, para que las decisiones que se emitieran fuesen uniformes. Además, el Presidente y el Secretario del Senado urgieron que de forma urgente y en auxilio de nuestra jurisdicción, paralizáramos los procedimientos ante el foro de primera instancia hasta tanto se consideraran los planteamientos esgrimidos en el recurso de certificación. El 8 de julio de 2010 el Presidente y el Secretario del Senado presentaron una segunda moción urgente en auxilio de jurisdicción en la que requirieron nuevamente la paralización de los procedimientos ante el foro primario.

      23

      La sala de verano de este Tribunal refirió el asunto al pleno y el 9 de julio de 2010 emitimos una Resolución en la que expedimos el auto de certificación en el recurso CT-2010-7 y paralizamos los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia hasta tanto nos expresáramos al respecto. También, consolidamos el recurso CT-2010-7 con el MD-2010-7 y concedimos cinco días improrrogables a la parte demandante para que alegara acerca del recurso de certificación.

      24

      El 15 de julio de 2010 la parte demandante presentó su escrito. Cabe señalar que el caso no quedó sometido antes de la presentación del alegato de la parte demandante en el recurso MD-2010-7. La indicación en contrario por nuestra *931 Secretaria a las partes fue errónea. Nunca se dieron instrucciones a esos efectos. Por lo tanto, el caso no quedó sometido hasta tanto la Asociación de Periodistas y otros presentaron su alegato el 16 de julio de 2010.

      25

      Por otra parte, en vista de que la controversia ante nos es académica, no acogimos las peticiones presentadas por la Comisión de Derechos Civiles, la American Civil Liberties Union y por el Colegio de Abogados, quienes solicitaron su intervención como amicus curiae. Con el beneficio de las comparecencias de todas las partes, procedemos a resolver.

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      II

      28

      [1–2] A. En múltiples ocasiones hemos expresado que los tribunales podemos evaluar únicamente aquellos casos que son justiciables. Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 D.P.R. 969 (2010); Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177 D.P.R. 893 (2010); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958). Los tribunales sólo debemos intervenir en controversias reales y vivas, en las cuales existan partes con intereses encontrados cuyo propósito sea obtener un remedio que tenga un efecto sobre la relación jurídica. E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 584. “[E]l principio de justiciabilidad como autolimitación del ejercicio del poder judicial responde en gran medida al papel asignado a la judicatura en una distribución tripartita de poderes, diseñada para asegurar que no intervendrá en áreas sometidas al criterio de otras ramas de gobierno”. Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178 D.P.R. 563 (2010). Véanse, además, Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 720 (1980); Flast v. Cohen, 392 U.S. 83 (1968). “En vista de que la justiciabilidad es una doctrina autoimpuesta, los propios tribunales deben preguntarse y evaluar si es o no apropiado entender en un determinado caso, mediante un análisis que les permite ejercer su discreción en cuanto al límite de su poder constitucional.” Smyth, Puig v. Oriental Bank, 170 D.P.R. 73, 76 (2007). *932

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      30

      [3–4] Para que una controversia sea justiciable se debe evaluar si es (1) tan definida y concreta que afecte las relaciones jurídicas entre las partes que tienen un interés jurídico antagónico; (2) que el interés sea real y substancial y que permita un remedio específico mediante una sentencia de carácter concluyente, y finalmente (3) si la controversia es propia para una determinación judicial, ya que se distingue de una disputa de carácter hipotético o abstracto, y de un caso académico o ficticio. E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 584. Por lo tanto, no será justiciable aquella controversia en la que: (1) se trata de resolver una cuestión política; (2) una de las partes no tiene legitimación activa; (3) después que ha comenzado el pleito, hechos posteriores la convierten en académica; (4) las partes buscan obtener una opinión consultiva, o (5) se promueve un pleito que no está maduro. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 421–422 (1994).

      31

       

      32

      [5] Entre las doctrinas que autolimitan la intervención judicial está la academicidad. Rullán v. Fas Alzamora, 166 D.P.R. 742, 761 (2006). En esencia, con esta limitación sobre el poder de los tribunales se persigue evitar el uso innecesario de los recursos judiciales e impedir precedentes que resulten superfluos. P.N.P. v. Carrasquillo, 166 D.P.R. 70, 75 (2005); C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 D.P.R. 927, 935–936 (1993).

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      34

      [6] Un caso es académico, cuando “se trata de obtener un fallo sobre una controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una determinación de un derecho antes de que éste haya sido reclamado o una sentencia sobre un asunto que, al dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos prácticos sobre una controversia existente”. San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., 174 D.P.R. 640, 652 (2008). Véanse, además: P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643, 675 (1995); C.E.E. v. Depto. de Estado, supra; E.L.A. v. Aguayo, supra. “Hemos expresado que una controversia puede convertirse en académica cuando los cambios fácticos o judiciales acaecidos durante el trámite judicial torna *933 en ficticia su solución, convirtiéndose así en una opinión consultiva sobre asuntos abstractos”. San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., supra, págs. 652–653. Véanse, además: Báez Díaz v. E.L.A., 179 D.P.R. 605 (2010); P.P.D. v. Gobernador I, supra; Pueblo en interés menor M.A.G.O., 138 D.P.R. 20 (1995). Por lo tanto, al evaluar el concepto de academicidad “hay que concentrarse en la relación existente entre los eventos pasados que dieron inicio al pleito y la adversidad presente”. P.P.D. v. Gobernador I, supra, pág. 676. Así pues, un caso se convierte en académico cuando con el paso del tiempo su condición de controversia viva y presente se ha perdido. Íd.

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      36

      [7] Sin embargo, existe una “serie de excepciones a la doctrina de academicidad que permiten la consideración de un caso que, de otro modo, resultaría académico en cuanto a su resultado o efecto inmediato”. P.P.D. v. Gobernador I, supra, pág. 676. Así, por ejemplo, operan las excepciones a la academicidad cuando se plantea ante el tribunal: (1) una cuestión recurrente o susceptible de volver a ocurrir; (2) cuando el demandado ha modificado la situación de hechos, pero el cambio no aparenta ser permanente, y (3) cuando aspectos de la controversia se tornan académicos pero subsisten consecuencias colaterales que tienen vigencia y actualidad. U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 D.P.R. 253 (2010); Báez Díaz v. E.L.A., supra; Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra. Véanse, además: San Gerónimo Caribe Project v. A.R.Pe., supra; Angueira v. J.L.B.P., 150 D.P.R. 10 (2000); P.P.D. v. Gobernador I, supra. Sin embargo, como señalamos recientemente en Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra, pág. 7, “[e]stas excepciones tienen que usarse con mesura, pues no se pueden obviar los límites constitucionales que inspiran la doctrina de academi cidad”.

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      38

      Es contención de los demandantes que, a pesar de la orden administrativa, estamos ante una “controversia viva, que no se despeja ni aclara con” esa orden. Caso Núm. MD-2010-7, Oposición a moción de desestimación, pág. 3. *934 Es decir, los demandantes entienden que, a pesar de la promulgación de la orden administrativa, existe la posibilidad de que la conducta alegada se repita.

      39

      [8] En el pasado hemos manifestado que la excepción de recurrencia aplica si concurren tres elementos específicos. Primero, la probabilidad de la recurrencia. En segundo lugar, la identidad entre las partes involucradas, y por último, la probabilidad de que el asunto sea capaz de evadir la revisión judicial. Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra. Véanse, además: Angueira v. J.L.B.P., supra; J.J. Álvarez González, Derecho constitucional de Puerto Rico y relaciones constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Ed. Temis, 2009, págs. 186–188.

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      El primero de los requisitos a la excepción de recurrencia “requiere que exista una ‘probabilidad razonable’ de que la controversia pueda repetirse”. Es decir, el

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      ... asunto debe ser de una naturaleza tal que evada su adjudicación o revisión. Esto sucede con mayor frecuencia en aquellas controversias que son de por sí de muy corta duración, pero puede haber otras razones además de la brevedad cronológica que ocasionen que una controversia sea capaz de eludir la revisión judicial. Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704, 721 (1991).

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      El segundo requisito de identidad de las partes “tiene el fin de fomentar la abstención judicial en situaciones en que los litigantes pudieron haber perdido el incentivo para continuar litigando vigorosamente el caso. Por tal razón, como regla general, debe existir tanto la capacidad de que se repita la controversia como la posibilidad de que la recurrencia sea entre las mismas partes”. P.N.P. v. Carrasquillo, supra, pág. 77.

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      El tercero y último requisito, “requiere que el daño sea ‘inherentemente de tan corta duración que sea probable que la controversia siempre se torne académica antes de que la litigación se complete’ ”. P.N.P. v. Carrasquillo, supra, pág. 76, citando a E. Chemerinsky, Constitutional Law Principles and Policies, 2da ed., Nueva York, Ed. Aspen, 2002, págs. 49–50. *935

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      [9] La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009 (32 L.P.R.A. Ap. V) “establece los fundamentos por los que una parte puede solicitar la desestimación de una demanda presentada en su contra, a saber: falta de jurisdicción sobre la materia o la persona, insuficiencia del emplazamiento o su diligenciamiento, dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio o dejar de acumular una parte indispensable”. Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Tribunal Supremo de Puerto Rico, marzo 2008, pág. 134. Como vemos, la Regla 10 de Procedimiento Civil

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      ... enumera seis defensas que hay que presentar en la alegación respondiente —cuando ésta se requiere— o, en todo caso, mediante moción fundamentada antes de alegar. Aunque toda defensa u obligación no renunciada puede presentarse en una alegación responsiva, la Regla 10 permite que se planteen, mediante moción de desestimación, antes de alegar. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. I, pág. 270.

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      48

      [10] Al evaluar una moción de desestimación debemos dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas hechas en la demanda. Además, hay que interpretarlas a favor de la parte demandante. Harguindey Ferrer v. U.I., 148 D.P.R. 13 (1999). Así pues, para desestimar un caso por falta de jurisdicción sobre la materia “es necesario determinar si, tomando como cierto lo alegado por el demandante, el foro tiene jurisdicción para atender el reclamo”. Íd., pág. 30. La defensa de falta de jurisdicción sobre la materia está siempre disponible por moción de parte o por iniciativa del tribunal. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 286.

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      [11] Como la jurisdicción es el poder o autoridad que posee un tribunal para considerar y decidir un caso o controversia, “su ausencia (1) no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco puede éste abrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; (4) impone a los Tribunales el ineludible deber de auscultar su *936 propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento a instancia de partes o por el tribunal motu proprio”. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 287. Véanse, además: González v. Mayagüez Resort Casino, 176 D.P.R. 848 (2009); ASG v. Mun. San Juan, 168 D.P.R. 337 (2006); Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 (1997); Vázquez v. A.R.PE., 128 D.P.R. 513 (1991).

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      52

      [12] Una vez surge por indicación de las partes o de algún otro modo que el tribunal carece de jurisdicción, entra en operación el inciso (c) de la Regla 10.8 de Procedimiento Civil de 2009 (32 L.P.R.A. Ap. V), que ordena la desestimación del pleito. Las cuestiones jurisdiccionales deben ser resueltas con preferencia, y de determinar un tribunal que carece de jurisdicción, “debe desestimar ... la reclamación ‘sin entrar en los méritos de la cuestión ante sí’ ”. González v. Mayagüez Resort Casino, supra, pág. 11, citando González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 D.P.R. 48, 63 (1989).

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      [13] Por lo tanto, una vez se determina que un pleito es académico y que no está presente ninguna de las excepciones que evadirían su academicidad, es deber de los tribunales desestimarlo. E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 562. Véase, además, Little v. Bowers, 134 U.S. 547 (1890). No está dentro de la prerrogativa del poder judicial no hacerlo. Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra. Véanse, además: ́Alvarez v. Smith, 130 S.Ct. 576, 175 L.Ed.2d 447; Alabama v. Davis, 446 U.S. 903 (1980); United States v. Munsingwear, Inc., 340 U.S. 36 (1950); Duke Power Co. v. Greenwood County, 299 U.S. 259, 267 (1936).

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      Ahora bien, adviértase que con la desestimación no se cierran las puertas de los tribunales. Por el contrario, de repetirse la situación, se “deja el camino libre a la litigación futura de las disputas entre las partes y preserva sus derechos, sin perjudicar a ninguna de ellas por una decisión que era meramente preliminar”. Moreno v. Pres. *937 U.P.R. II, supra, pág. 975. Véanse, además, ́Alvarez v. Smith, 130 S.Ct. 576, 581, citando United States v. Musingwear, Inc., 340 U.S. 36 (1950).

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      B. La alegada prohibición de la presencia de la prensa en las sesiones legislativas por parte del Presidente del Senado dio paso a la demanda que hoy nos ocupa. No está en disputa que la conducta alegada cesó a raíz de la promulgación de la Orden Administrativa 10-63, con la que se reguló el uso de cámaras o equipo para captar imágenes en el hemiciclo senatorial.

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      Sin embargo, en su oposición a la moción de desestimación, la parte demandante arguye que “[l]a expulsión arbitraria de la prensa está igualmente asequible en el futuro ... bajo los parámetros de la orden [promulgada]”. Caso Núm. MD-2010-7, Oposición a moción de desestimación, pág. 3. Entienden los demandantes que “[n]o hay parámetros de interpretación de los términos vagos y ambiguos de la orden”. Íd., pág. 5. Por lo tanto, concluyen que es probable que se repita la alegada conducta del Presidente del Senado en el pasado. Por consiguiente, razonan que la controversia ante nos cumple con una de las excepciones a la academicidad, a saber, la recurrencia.

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      A todas luces, la controversia ante nos no cumple con el primer requisito para que opere esta excepción, es decir, la probabilidad de recurrencia. Concluir que la supuesta conducta desplegada por el Presidente del Senado en las sesiones legislativas volverá a ocurrir, conllevaría “adentrarnos en el campo de la especulación”. Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra, pág. 976. En iguales términos nos expresamos en Presidente de la Cámara v. Gobernador, 167 D.P.R. 149, 159 (2006), cuando determinamos que no resultaba oportuna nuestra intervención pues “[a]ún asumiendo que el ambiente político y económico de Puerto Rico es propicio para que la controversia surja nuevamente, resulta igualmente especulativo resolver que dicho asunto pueda evadir la revisión judicial”.

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      [14] Tampoco estamos ante la excepción de cese voluntario *938 por parte de la parte demandada, pero sin visos de permanencia, como señalan equivocadamente la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez en su opinión disidente y la Jueza Asociada Señora Fiol Matta en su expresión disidente. Esta excepción a la doctrina de academicidad opera cuando “la terminación voluntaria de una conducta no tornará académica una controversia salvo que los eventos subsiguientes hagan absolutamente claro que no es razonable esperar que la alegada conducta impugnada vuelva a ocurrir”. U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra, págs. 282–283. “Por eso, un caso es académico solo si: (1) puede asegurarse que la violación alegada no va a volver a ocurrir y (2) el remedio provisional concedido o los eventos acaecidos han erradicado completa e irrevocablemente los efectos de la violación alegada”. Íd., pág. 283. “El peso de la prueba recae en la parte que alega que el pleito es académico.” Íd.

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      A la luz de lo anterior, es evidente que no estamos declarando académica esta controversia por un “acto de fe”, como señala la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez en su opinión disidente. Con la vigencia de la Orden Administrativa Núm. 10-63 de 12 de enero de 2009, existe la obligación de los demandados de cumplir con su mandato. No estamos ante una orden de aprobación temporera; se trata de una orden con vigencia inmediata y sin límites de tiempo para su eficacia. No podemos, apenas días después de su aprobación, suponer que esa orden será letra muerta. Llegar a esa conclusión crearía inseguridad en nuestra ciudadanía, que confía en que las leyes y los reglamentos están para cumplirse y oponerse a cualquiera que no los siga. En deferencia hacia un poder hermano, no adjudicaremos un hecho que en este momento es puramente figurativo. Concluir de otra forma sería adentrarnos en el debate partidista para insinuar que la Rama Legislativa burla a su Pueblo. No podemos suponer eso.

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      No olvidemos que los demandados cuentan con la oportunidad de acudir a los tribunales de incumplirse con la orden decretada. Es decir, cualquier periodista o fotoperiodista *939 afectado puede comparecer a los tribunales a solicitar su cumplimiento. Por esa razón, la controversia no escaparía la revisión judicial.

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      Como señalamos también en Presidente de la Cámara v. Gobernador, supra, pág. 160, mediante el Art. 3.002(e) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003 (4 L.P.R.A. sec. 24s(e)), “nuestro ordenamiento jurídico cuenta con el mecanismo adecuado para revisar este tipo de controversia con mayor agilidad” en caso de que resurja. Este artículo hace viable la certificación, y por consiguiente, adelanta el trámite judicial ordinario con el objetivo de que este Tribunal pueda atender cuestiones que por su gran importancia y envergadura ameritan ser resueltas prontamente. Íd. Véase, además, Rivera v. J.C.A., 164 D.P.R. 1 (2005). “En fin, la existencia del recurso de certificación elimina prácticamente la posibilidad de que este tipo de casos evada nuestro pronunciamiento sobre el asunto.” Presidente de la Cámara v. Gobernador, supra, págs. 160–161. Véase, además, U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra.

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      Por último, es norma reiterada que

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      [e]n ausencia de circunstancias que ameriten la intervención judicial, no estamos en posición de emitir directrices con el propósito de guiar al Ejecutivo y al Legislativo en la encomienda que los electores le han delegado .... Todas estas consideraciones ameritan nuestra prudencia y abstención en estas circunstancias no aptas para la intervención judicial. Presidente de la Cámara v. Gobernador, supra, pág. 162.

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      Por ello entendemos que ésta no es la ocasión propicia para un pronunciamiento nuestro.

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      Ello no obstante, la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez aduce que la doctrina de academicidad se encuentra en un “estado pantanoso” en esta jurisdicción. A renglón seguido, la Juez Asociada hace una apreciación muy particular de nuestras opiniones anteriores sobre el tema para concluir que la decisión de hoy de este Tribunal “contrasta marcadamente con lo que ha sido su postura en casos recientes”. *940

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      No vamos a discutir de nuevo los fundamentos de nuestras decisiones anteriores. Basta echarles un vistazo para conocerlos. Lo relevante es que los cambios en los hechos o el derecho determinan la academicidad de una controversia judicial. U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra, pág. 33; El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115, 123 (1988). Por eso, los casos citados son claramente distinguibles.

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      Por ejemplo, el Juez Presidente Señor Hernández Denton apunta que fuimos laxos al aplicar la doctrina de academicidad en Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones [I], 175 D.P.R. 909 (2009). Difícilmente puede afirmarse que no había una controversia viva en un caso que terminó adjudicando a qué candidato le correspondía ocupar un escaño senatorial. Véase Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones [II], 176 D.P.R. 31 (2009). Con todo respeto, la única incongruencia que atisbamos es que al disentir de la expedición del auto, el Señor Juez Presidente señaló que el escaño tendría que adjudicarse mediante un sorteo, pero al disentir de nuestra decisión seis semanas después, concluyó que procedía certificar a uno de los dos candidatos, por la proporción de votos obtenidos y sin la necesidad de efectuar sorteo alguno.

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      Por otro lado, en Pueblo v. Pagán Medina, 177 D.P.R. 842 (2010), nos enfrentamos a una situación que se repetía con frecuencia pero evadía su solución, ya que

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      ... como el procedimiento penal continuará su curso, y los términos de juicio rápido obligan al Estado a actuar con ligereza, con toda probabilidad la revisión de la orden de excarcelación ante el Tribunal de Apelaciones y luego ante esta Curia, no será resuelta de manera definitiva antes de que comience el juicio del imputado. Como es sabido, una vez comenzado el juicio, la cláusula constitucional de detención preventiva [Art. II, Sec. 11, Const. P.R., L.P.R.A., Tomo 1] dejará de tener vigencia y el asunto se tornará en uno académico. He aquí la naturaleza efímera de la controversia ante nuestra consideración. (Énfasis y escolio omitidos.) Íd., págs. 847–848.

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      Por último, en U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra, *941 resolvimos que el caso de injunction de la Universidad de Puerto Rico contra un grupo de estudiantes no era académico porque el Consejo de Estudiantes aprobó un llamado “voto preventivo de huelga” que amenazaba con que se repitiera la conducta alegada que había motivado la demanda. En el acuerdo entre las partes después de un proceso de mediación, ni siquiera hubo un compromiso de la parte demandada de no incurrir de nuevo en la conducta que se le imputó. En cambio, ahora nos encontramos ante un cese permanente de la conducta alegada, evidenciada por una orden administrativa del Senado que garantiza la presencia de la prensa en la galería del hemiciclo.

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      Para refutar esta clara diferencia, la opinión disidente procede a impugnar la constitucionalidad de la orden administrativa, sin que exista una persona afectada adversamente por ella. Rehusamos adentrarnos en esa ciénaga procesal. Sería esa intervención a destiempo, “zigzagueante y dúctil”, la que podría crear la “impresión de que el marco legal se adapta a las necesidades de los actores políticos ...”. Opinión disidente de la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, págs. 973 y 974.

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      Por eso, objetamos la metáfora del “vaivén de las olas” que la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez menciona en su opinión disidente, con exceso de sorna y ausencia total de corrección jurídica.2 De igual modo, rechazamos cualquier reacción a esta decisión cuyo único propósito *942 sea, como la resaca mañanera, nublar el entendimiento y provocar bascas. En cambio, le damos la bienvenida a la crítica seria, basada en el Derecho y en la intención loable de lograr que se haga justicia. Lo que rechazamos es lo que el filósofo Max Scheler llamó la “crítica resentida”, que “se caracteriza por no querer en serio lo que pretende que rer ...”. M. Scheler, El resentimiento en la moral, (J. Gaos, trad.), Buenos Aires, Ed. Espasa-Calpe, 1938, pág. 26.

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      La expresión a la que se refiere la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez no tiene el alcance que ella insinúa. Eso quedó meridianamente claro en Martínez Román y otros v. E.L.A., 177 D.P.R. 569 (2009), opinión del Juez Asociado Señor Martínez Torres y de la Jueza Asociada Señora Pabón Charneco referente a moción de inhibición. Como se señaló entonces, “los electores eligen sus gobernantes en la Rama Ejecutiva y el Senado, y les encomiendan la nominación y confirmación, respectivamente, de los Jueces del Tribunal Supremo. A ese proceso le he llamado el ‘flujo normal de la marea judicial en una democracia, producto indirecto del mandato del Pueblo expresado donde corresponde, en las urnas’ ”. Íd., pág. 572. Véase, además, Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., 177 D.P.R. 230 (2009), opinión de conformidad.

      “Solamente una mente prejuiciada o de escasa cultura jurídica puede interpretar esa última frase como una advertencia de que los recursos ante este Tribunal se van a resolver conforme al resultado de las elecciones generales o a favor del Poder Ejecutivo.” (Escolio omitido.) Martínez Román y otros v. E.L.A., supra, pág. 573.

      Es decir: “Las decisiones, a diferencia de los nombramientos, responden a los hechos y al Derecho. Se ajustan a la conciencia libre e independiente del juez y no a los deseos de los políticos. Se emiten con total imparcialidad e independencia de criterio judicial, con absoluta fidelidad a la Constitución y las leyes, y de acuerdo con los hechos que están ante el Tribunal”. (Énfasis en el original.) Íd., pág. 571.

       

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      III

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      [15] Como mencionamos anteriormente, otro de los instrumentos de autolimitación y de prudencia judicial que tiene su origen en la doctrina de justiciabilidad es la legitimación activa o el standing de quienes acuden a los tribunales a vindicar sus derechos. Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 D.P.R. 559, 563 (1989). “Después de todo, el examen de la legitimación activa es un mecanismo usado por los tribunales para delimitar su propia jurisdicción y no adentrarse en los dominios de otras ramas de gobierno, y no lanzarse a resolver cuestiones hipotéticas o planteadas dentro de un contexto inadecuado.” (Escolio omitido.) Hernández Torres v. Hernández Colón et al., 131 D.P.R. 593, 598 (1992). Véase, además, E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 D.P.R. 394, 399 (1983). Con ello se persigue “que el promovente de la acción [sea] uno cuyo interés es de tal índole que, con toda probabilidad, habrá de proseguir su causa de acción vigorosamente y habrá de traer a la atención del tribunal las cuestiones en controversia”. Hernández Torres v. Hernández Colón et al., supra, pág. 599, citando a Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 413 (1982). Véanse, además: Col. Ópticos de *943 P.R. v. Vani Visual Center, supra; Flast v. Cohen, supra, págs. 99–100.

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      [16–17] Para determinar si una parte tiene legitimación activa debe cumplir con los requisitos siguientes: (1) haber sufrido un daño claro y palpable; (2) que el referido daño sea real, inmediato y preciso, y no abstracto o hipotético; (3) una conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada, y (4) que la causa de acción surja bajo el palio de la Constitución o de una ley. Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, supra. Véanse, además: Col. Peritos Elec. v. A.E.E., 150 D.P.R. 327, 331 (2000); Asoc. Maestros P.R. v. Srio. Educación, 137 DP.R. 528, 535 (1994). Asimismo, hemos señalado que “un legislador personal y directamente afectado por una actuación gubernamental puede cuestionar la constitucionalidad de una ley o de una actuación estatal al amparo de los derechos de terceras personas igualmente perjudicadas, siempre que cumpl[a] con los requisitos estrictos de la doctrina de ius tertii”. Hernández Torres v. Gobernador, 129 D.P.R. 824, 838–839 (1992). Véase, además, Noriega v. Gobernador, 122 D.P.R. 650 (1988).

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      [18] Por otra parte, como regla general, hemos establecido que las partes “tienen capacidad tan solo para plantear sus propios derechos contra actos alegadamente ilegales del gobierno”. C.E.S. U.P.R. v. Gobernador, 137 D.P.R. 83, 106 (1994), citando a E.L.A. v. P.R. Tel. Co., supra, pág. 396. Véase, además, Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 271 (1975). “La norma no tiene rango constitucional y únicamente es un método que los tribunales emplean de forma voluntaria para ejercer con moderación y prudencia sus poderes constitucionales.” C.E.S. U.P.R. v. Gobernador, supra, pág. 106. Véase, además, E.L.A. v. P.R. Tel. Co., supra, págs. 396–397. “La tendencia actual es decididamente hacia la liberalización y simplificación de las normas que rigen esta zona del Derecho.” E.L.A. v. P.R. Tel. Co., supra, pág. 398. Por ello, *944 algunos comentaristas consideran “que se debe reconocer la capacidad para invocar el jus tertii en todo caso, excepto: (1) cuando el tribunal crea razonablemente que el litigante no representará debidamente el interés de los terceros concernidos, o (2) cuando el cuadro de hechos no sea lo suficientemente concreto como para permitir la adjudicación de las cuestiones presentadas, conforme las normas relativas a la madurez de las controversias”. Íd. Además, debe haber “una relación causal entre el daño al litigante y la acción gubernamental impugnada”. Íd.3

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      3

       

      En Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 272 (1975), resumimos así los criterios para invocar los derechos constitucionales de terceros: “(1) el interés del litigante; (2) la naturaleza del derecho invocado; (3) la relación existente entre el litigante y las terceras personas, y (4) la factibilidad de que los terceros puedan hacer valer tales derechos en una acción independiente ...”. Estos criterios han sido muy criticados. Véase E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 D.P.R. 394 (1983).

       

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      [19] En Hernández Torres v. Hernández Colón et. al., supra, enumeramos varias instancias en las que los legisladores están legitimados para acudir a los tribunales. Por ejemplo,

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      ... cuando la controversia trata sobre la elegibilidad del legislador a ocupar un escaño legislativo, Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750 (1977); cuando alguna de las Cámaras ha autorizado a uno o varios legisladores a vindicar derechos y prerrogativas de dicha Cámara, Hernández Agosto v. Romero Barceló, supra, pág. 413; Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 D.P.R. 576 (1983); cuando se cuestionan reglas senatoriales que coartan sus derechos constitucionales a participar en las etapas esenciales y significativas en las comisiones de la Cámara Alta, Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986), y por último, cuando un legislador se ve afectado directamente en su carácter personal por acciones gubernamentales, éste puede impugnar la constitucionalidad de una ley o actuación gubernamental. Noriega v. Gobernador, 122 D.P.R. 650 (1988). Hernández Torres v. Hernández Colón et al., supra, págs. 599–600.

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      En Hernández Torres v. Gobernador, supra, pág. 840, establecimos los criterios que deberán utilizar los tribunales para evaluar la legitimación activa de un legislador. A esos efectos, señalamos que un legislador debe demostrar *945 un daño claro y palpable, y cumplir con los criterios de legitimación aplicables a cualquier ciudadano particular. Además, en Hernández Torres v. Hernández Colón et al., supra, pág. 601, establecimos que el daño sufrido por el legislador debe ser uno “claro e inmediato a sus prerrogativas legislativas. Claro, no se trata de unas prerrogativas abstractas y que en nada tengan que ver con el ejercicio de sus funciones legislativas”. Apuntamos además que “las prerrogativas legislativas son la garantía que tiene todo legislador a ejercitar plenamente su derecho constitucional a legislar comprendido en el Art. III, Sec. 1 de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1”. Íd. Véanse, además: Silva v. Hernández Agosto, supra; Hernández Agosto v. Romero Barceló, supra. “Los tribunales deberán quedar convencidos de que no se trata de un traslado del debate legislativo al foro judicial y sí de una verdadera lesión a sus prerrogativas legislativas.” Hernández Torres v. Hernández Colón et al., supra, pág. 601.

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      [20] Asimismo, expresamos que es necesario que los legisladores prueben “que existe una conexión entre el daño sufrido y la acción que pretenden ejercitar”. Hernández Torres v. Hernández Colón et al., supra. Por lo tanto, los legisladores no tienen legitimación activa para impugnar la validez de un estatuto únicamente en representación del interés de la ciudadanía en general. Corresponde a los ciudadanos directamente perjudicados, que hayan sufrido un daño claro y palpable, recurrir a los tribunales en defensa de sus intereses. Hernández Torres v. Gobernador, supra, pág. 843. Es decir, “[s]us alegaciones no pueden estar basadas en que acuden al tribunal representando a sus constituyentes en vindicación de un interés general”. Hernández Torres v. Hernández Colón et al., supra, pág. 601.

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      [21] Cuando un legislador aduce que sus prerrogativas como legislador se ven afectadas debido a que no puede fiscalizar adecuadamente la obra legislativa, debe poder demostrar que no existen mecanismos razonables y necesarios que hagan viable su participación plena en todas las *946 etapas críticas del proceso legislativo. Hernández Torres v. Hernández Colón et al., supra, pág. 602. “Es por esto que una mera alegación de que no se le permite fiscalizar no tiene el efecto automático de otorgarle legitimación activa para presentar una acción ante los tribunales.” Íd.

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      Tampoco es suficiente que el legislador alegue que una ley menoscaba las prerrogativas de su cargo. Al respecto, en Raines v. Byrd, 521 U.S. 811 (1997), varios congresistas que habían votado en contra de la Ley de Veto de Línea (Line Item Veto Act) cuestionaron su constitucionalidad porque supuestamente diluía sus derechos consagrados en el Art. I de la Constitución de Estados Unidos como miembros del Congreso. El Tribunal Supremo federal resolvió que los congresistas no ostentaban legitimación activa. Concluyó que la reclamación de dilución de los poderes institucionales de los congresistas no es suficiente para sostener un daño particular e individualizado. Se trata de un daño generalizado, compartido por todos los congresistas. Es decir, los congresistas no tenían un interés personal suficiente en la controversia y no alegaron un daño concreto para cumplir con los requisitos mínimos de legitimación activa dispuestos en el Art. III de la Constitución de Estados Unidos. El tribunal dejó claro que no estaba ante una situación en la que los votos se anularon o se le prohibió a un congresista ocupar el escaño para el que fue elegido. A diferencia de un reclamo de inconstitucionalidad de una ley, esas son circunstancias directamente relacionadas con las prerrogativas legislativas. La norma es cónsona con lo que hemos resuelto al amparo de la Constitución de Puerto Rico respecto a los legisladores.

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      IV

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      A. En lo que respecta a la demanda presentada por los senadores del PPD, tenemos que concluir que éstos no han podido demostrar que se les haya causado un daño claro e inmediato a sus prerrogativas legislativas. En ningún momento *947 se privó a estos legisladores de ejercer su derecho a votar en contra de una legislación, ni a “discutir y convencer a sus opositores de los defectos de la legislación”. Hernández Torres v. Hernández Colón et al., supra, pág. 604. Mucho menos se les requirió que abandonaran su escaño en el hemiciclo. Raines v. Byrd, supra. Los legisladores no han podido demostrar que las garantías contenidas en el Art. III, Sec. 1 de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, de ejercer plenamente su derecho a legislar, han sido menoscabadas.

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      Asimismo, los legisladores no han probado que existe un nexo entre el daño alegadamente surgido y la acción que hoy ejercen. Más aún, la alegación de que acuden a los tribunales en representación del pueblo ha sido rechazada antes por este Tribunal. En Hernández Torres v. Gobernador, supra, dejamos claro que un legislador no puede acudir a los tribunales con alegaciones basadas en que lo hace en representación de sus constituyentes, es decir, en defensa de un interés general.

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      Por otra parte, en el pleito que certificamos aparece como parte demandante el señor Lozano Santos. Éste alega únicamente que si hubiera acudido en el día de los hechos al hemiciclo a presenciar los procesos legislativos, se le habría negado la entrada. El señor Lozano Santos en ningún momento arguye que acudió al Senado a presenciar los trabajos legislativos y se le negó la entrada. Por lo tanto, sus argumentos son meras especulaciones de lo que le pudo haber sucedido de haber acudido al hemiciclo senatorial.

      102

      El primero de los requisitos que establece la doctrina de legitimación activa requiere poder demostrar que se sufrió un daño claro y palpable. Lo cierto es que el señor Lozano Santos no sufrió ningún daño. Los daños que alega son puramente hipotéticos y abstractos, pues nadie le negó acceso a las graderías del Senado, a las que nunca acudió.

      103

      Por todo lo anterior, concluimos que los senadores demandantes en el recurso CT-2010-7 tampoco cuentan con *948 legitimación activa para reclamar a nombre de la ciudadanía en general, los derechos consagrados en la Sec. 11 del Art. III de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1. Tampoco ostentan legitimación activa para vindicar los derechos del demandante, Sr. Víctor Lozano Santos.

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      B. En resumen, la controversia ante nuestra consideración se tornó académica con la promulgación de la orden administrativa que reguló el acceso de la prensa al hemiciclo senatorial. Por ello, estamos impedidos de pronunciarnos sobre los señalamientos constitucionales argüidos por las partes peticionarias.

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      La contundencia del reclamo de academicidad que hicieron el Presidente y el Secretario del Senado aconsejaba que el Tribunal de Primera Instancia le diera consideración detallada y sosegada. Después de todo, al citar el caso para vista estaba en vigor la orden administrativa y nadie alegaba que se le estaba excluyendo del hemiciclo del Senado en ese momento. Además, la misma controversia y la misma defensa de academicidad ya estaban planteadas en el recurso de mandamus MD-2010-7, pendiente ante nos. Todo lo anterior sugería considerar con más detenimiento la moción de desestimación en lugar de citar a una vista evidenciaria en los méritos con menos de 72 horas de antelación. Por eso nos resulta incomprensible la premura inusitada de la Hon. Rebecca De León Ríos para señalar una vista evidenciaria en un caso académico. Eso nos forzó a intervenir y certificar el recurso con igual o mayor premura, para evitar una violación de los principios básicos de justiciabilidad que siempre han regido en esta jurisdicción.

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      V

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      Por los fundamentos anteriormente señalados, se desestima la petición de mandamus MD-2010-7 y se desestima la demanda en el recurso CT-2010-7.

      109

      Se dictará sentencia de conformidad. *949

      110

      El Juez Presidente Señor Hernández Denton concurrió con una opinión escrita. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez disintió con una opinión escrita. La Jueza Asociada Señora Fiol Matta disintió al entender que el análisis de la doctrina de academicidad que se requiere en este caso corresponde a la excepción sobre la ausencia de visos de permanencia en la conducta del demandado, en vez de la excepción de recurrencia que utiliza la mayoría del Tribunal. De igual forma, entiende que la conducta del demandado que tornó académica la controversia no refleja suficientes visos de permanencia y deja al arbitrio de la parte demandada incurrir nuevamente en la conducta impugnada, tal y como resolvió este Tribunal en U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 D.P.R. 253 (2010).

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      --O--

      113

      Opinión concurrente emitida por el Juez Presidente Señor Hernández Denton.

      114

      Al igual que una mayoría de este Tribunal, entendemos que la controversia planteada en los dos casos de epígrafe se tornó académica. Sin embargo, no podemos suscribir la totalidad de los fundamentos de la Opinión del Tribunal, razón por la cual emitimos esta opinión concurrente.

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      I

      117

      La presente controversia surgió el 28 de junio de 2010, cuando el Sen. Eduardo Bhatia Gautier y demás senadores por acumulación de la minoría legislativa del Partido Popular Democrático, junto al ciudadano Víctor Lozano Santos, presentaron, ante el Tribunal de Primera Instancia, un recurso de mandamus dirigido a que el tribunal ordenara al Presidente del Senado permitir el acceso de la prensa a las sesiones legislativas. Acto seguido, un grupo de organizaciones periodísticas presentó, esta vez ante este Tribu *950 nal, otro recurso de mandamus dirigido al mismo propósito. Ambos recursos aludían al hecho de que el 24 de junio de 2010, el Presidente del Senado prohibió el acceso de la prensa a las gradas del Hemiciclo, veda que se extendió por varios días. Esta controversia, sin embargo, se tornó académica cuando el Presidente del Senado restituyó el acceso de la prensa a las sesiones legislativas y de esta manera cumplió con el mandato expreso de nuestra Constitución.

      118

      Debe recordarse que nuestra Constitución consagra el acceso público a las sesiones legislativas. Sobre este particular, nuestro texto fundacional no podría ser más claro: “Las sesiones de las cámaras serán públicas.” Art. III, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 391. Dicha disposición promueve un interés ciudadano estrechamente relacionado con el derecho a la información pública. Este derecho, por su parte, es corolario de los derechos de libertad de expresión, prensa y asociación, según consagrados en nuestra Constitución. Art. II, Sec. 4, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, 152 D.P.R. 161 (2000); Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982). De igual forma, una reclamación de la prensa en cuanto al derecho de acceso público a ciertos procedimientos gubernamentales tiene tangencia con la cláusula de libertad de expresión, prensa y asociación de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Richmond Newspapers, Inc. v. Virginia, 448 U.S. 555 (1980).

      119

      El carácter público de las sesiones legislativas es un elemento fundamental del parlamentarismo estadounidense y puertorriqueño desde sus inicios. Como señalara el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Richmond Newspapers, Inc. v. Virginia, supra, las libertades de expresión y prensa juegan un rol estructural en asegurar y promover nuestro sistema republicano de gobierno, y ello incluye las presunciones de un debate público vigoroso y de un comportamiento cívico informado. Íd., pág. 588. *951

      120

      Una vez el Presidente del Senado implantó las medidas administrativas para cumplir con el referido mandato constitucional, la controversia perdió su carácter adversativo y se tornó académica. Aunque no contamos con determinaciones de hechos que establezcan con exactitud cuándo fue que se restituyó el acceso, tomamos conocimiento judicial de que, en los meses siguientes a los referidos hechos, la Cuarta Sesión Ordinaria de la Decimosexta Asamblea Legislativa se llevó a cabo de principio a fin sin que, durante ese período, los demandantes presentaran nuevas alegaciones de que el acceso a las sesiones legislativas continuaba vedado. Por ende, la controversia traída ante los foros judiciales cesó de existir.

      121

      Claramente, a la luz de los hechos expuestos anteriormente, no aplica aquí la excepción a la doctrina de academicidad basada en la recurrencia de la controversia. Como se sabe, esta excepción aplica sólo en circunstancias excepcionales, a saber: cuando una controversia que se ha tornado académica, de repetirse, evadiría la revisión judicial. Dicho elemento, considerado esencial, no está presente en la controversia de autos. Si el Presidente del Senado prohibiera nuevamente el acceso público a las sesiones del Senado, en contravención del mandato constitucional, no existiría impedimento para que las personas afectadas por dicha actuación insten la acción judicial correspondiente para hacer valer sus derechos constitucionales. Es evidente, pues, que si la controversia se repitiese, ésta no evadiría la revisión judicial. Esa es precisamente la conclusión a la que una mayoría de este Tribunal llega hoy.

      122

      Al así resolver, la mayoría aplica restrictivamente la doctrina de academicidad, reconociendo que la excepción de recurrencia sólo aplica en circunstancias excepcionales. Esa es la doctrina vigente en nuestro ordenamiento, aun cuando, a nuestro entender, la mayoría haya sido laxa recientemente al aplicarla en otros casos. Véanse: U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 D.P.R. 253 (2010); Pueblo v. *952 Pagán Medina, 177 D.P.R. 842 (2010); Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 175 D.P.R. 909 (2009).1

      123

      1

       

      Tal laxitud no pasó desapercibida en Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 175 D.P.R. 909 (2009), y Pueblo v. Pagán Medina, 177 D.P.R. 842 (2010). Véanse nuestros votos disidentes en ambos casos. Por su parte, en U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 D.P.R. 253 (2010), nos inhibimos. Cabe señalar que, desde hace un tiempo, nuestra posición ha sido que la doctrina de academicidad, específicamente la excepción de recurrencia, debe aplicarse restrictivamente. En tal sentido, véanse: C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 D.P.R. 927 (1993), opinión concurrente; P.N.P. v. Carrasquillo, 166 D.P.R. 70 (2005); Rullán v. Fas Alzamora, 166 D.P.R. 742 (2006), opinión disidente.

       

      124

       

      125

      Tal incongruencia en la aplicación de la doctrina de academicidad resta seguridad y certeza jurídica a nuestras decisiones y puede levantar interrogantes sobre el posible uso de una metodología consecuencialista de adjudicación dirigida al resultado.

      126

       

      127

      II

      128

      Por último, no suscribimos las expresiones de la mayoría de este Tribunal sobre el manejo del recurso presentado por el Senador Bhatia y otros, por parte del Tribunal de Primera Instancia. En esencia, se objeta la premura de dicho foro para señalar una vista en un caso que, según alegaba el demandado, se había tornado académico. No estamos de acuerdo con este criterio.

      129

      Al momento de señalar la vista, el foro de instancia aún tenía jurisdicción sobre el caso ante su consideración. Por lo tanto, dicho tribunal actuó correcta y responsablemente dentro de sus funciones ministeriales para atender con rapidez el recurso ante su consideración. Tal sentido de diligencia es precisamente lo que se espera de las salas que atienden recursos extraordinarios, particularmente, cuando, como en este caso, se alega la violación de derechos fundamentales.

      130

      Además, como imperativo del debido proceso de ley, procedía que el foro de instancia llevara a cabo una vista para dilucidar si la controversia se había tornado académica o no, si ésta era capaz de repetirse y evadir la revisión judicial, *953 y si la decisión del Presidente del Senado de restituir el acceso a las gradas atendía los reclamos de los demandantes de manera permanente.

      131

       

      132

      --O--

      133

      Opinión disidente emitida por la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

      134

      A popular Government, without popular information, or the means of acquiring it, is but a Prologue to a Farce or a Tragedy, or, perhaps both. Knowledge will forever govern ignorance: And a people who mean to be their own Governors, must arm themselves with the power which knowledge gives.

      135

      James Madison

      136

      Hace ya un año, cuando este Tribunal en Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 175 D.P.R. 909 (2009) (Rodríguez Rodríguez, J., Op. disidente), optó por limitar el derecho al voto de los puertorriqueños, advertimos del “desolado y escarpado camino” por el cual marchaba la Democracia puertorriqueña. Hoy, una mayoría de este Tribunal empina aún más ese camino y continúa, a paso firme, devaluando nuestra democracia y nuestros derechos consti tucionales.

      137

      Elucubrando una teoría de autolimitación judicial al margen de normas de derecho vigentes claramente aplicables a esta controversia y que mandan otro resultado, la mayoría decide desestimar este recurso por considerarlo académico. Al así actuar, se desatiende el Derecho aplicable, se actúa contrario a lo que recientemente esa propia mayoría pautó, y se continúan menospreciando y apocando los derechos fundamentales de los ciudadanos y de la prensa frente al Estado.

      138

      Tenemos ante nuestra consideración dos recursos que versan sobre un mismo asunto, a saber: la decisión del Presidente *954 del Senado de cerrar las gradas del Senado al público y a la prensa del país, y cómo ello compagina con la disposición constitucional que ordena que las sesiones de las cámaras sean públicas.1 Art. III, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

      139

      1

       

      Uno de los recursos es un mandamus (MD-2010-07) presentado en jurisdicción original ante este Tribunal por varios medios noticiosos. El segundo es un recurso de certificación (CT-2010-07) expedido por la mayoría, que se refiere a una demanda de injunction, sentencia declaratoria y solicitud de mandamus presentada por varios senadores y un ciudadano en particular en contra del Presidente del Senado y el Secretario de dicho cuerpo.

       

      140

       

      141

      Estamos llamados así, a impartirle contenido a una cláusula constitucional sobre la cual no nos habíamos expresado previamente. Nos confrontamos, sin duda, a una controversia de enorme trascendencia para la convivencia democrática en nuestro país. Se trata de una actuación gubernamental que, se argumenta, atenta contra el derecho de los ciudadanos a mantenerse informados sobre los asuntos que se dilucidan en la Asamblea Legislativa, en menosprecio del texto constitucional y del derecho ciudadano a acceder a información del gobierno. Dicha actuación menoscaba, además, las prerrogativas legislativas de sus miembros y que lacera el derecho de la prensa a informar y a fiscalizar a los gobernantes.

      142

      Se advierte de lo anterior la importancia que reviste la controversia ante nuestra consideración. Ello nos obliga, como punta de lanza, reflexionar brevemente en torno a los valores en juego.

      143

      La democracia junto a la libertad de prensa y la de expresión, es un binomio indisoluble en nuestra sociedad. Existe una noción universalmente aceptada, enraizada en las ideas “jeffersonianas”, de que no puede existir una sociedad libre si no existe libertad de expresión, encarnada ésta en una prensa libre. Por esta razón se asevera que sin libertad de prensa no hay democracia y sin democracia no hay libertad de prensa.

      144

      La libertad de informar y ser informado determina el grado de respeto que nuestra sociedad le reconoce a los *955 derechos humanos. El periodismo vigila las acciones de los gobernantes y la información que disemina permite que los gobernados abandonen el papel de espectadores acríticos de pseudorealidades, para convertirse en individuos deliberantes, reflexivos y con conocimientos, cualidades todas indispensables del ámbito democrático. Es decir, el periodismo, al brindar información ayuda al ciudadano a ejercer su ciudadanía y a participar, de manera efectiva, en las decisiones de su gobierno. En una sociedad democrática, la prensa libre sienta las bases del debate público y la participación ciudadana.

      145

      Para que la prensa pueda ejercer ese rol fundamental, es indispensable que no pueda ser controlada por el gobierno o manipulada para servir a los intereses de aquellos en el poder. Es por ello que se considera que sólo el periodismo libre e independiente es el único verdaderamente útil en la democracia.

      146

      Con estos valores en mente, pasemos a resumir los hechos que le sirven de trasfondo a la delicada controversia que nos toca adjudicar en esta ocasión.

      147

       

      148

      I

      149

      Comenzamos señalando que debido a la apresurada intervención que realizó una mayoría de este Tribunal al expedir un recurso de certificación cuando la controversia estaba planteándose inicialmente ante los tribunales,2 no contamos con determinaciones de hechos establecidas por un foro judicial de primera instancia.3 Ahora bien, habida *956 cuenta de que el Presidente del Senado y el Secretario del Cuerpo solicitaron en la petición de certificación4 la desestimación de la demanda incoada en instancia y el recurso de mandamus presentado ante nosotros en jurisdicción original, invocando la Regla 10.2 de las nuevas Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, tomaremos como ciertas todas las alegaciones fácticas bien hechas en las acciones incoadas por los demandantes. Harguindey Ferrer v. U.I., 148 D.P.R. 13, 30 (1999).5 A continuación entonces los hechos que suscitaron la presente controversia, según han sido alegados por los demandantes.

      150

      2

       

      Resaltamos el trámite ponderado, serio y profesional que este caso siguió ante el Tribunal de Primera Instancia. Rechazamos por lo tanto su cuestionamiento gratuito por parte de la mayoría.

      La mayoría cuestiona la “premura inusitada” del tribunal de instancia al atender este caso; sin embargo, no ve problema alguno en la “inusitada premura” con la cual expidió el auto de certificación para traer, a destiempo, este caso ante su consideración. Esta práctica se ha tornado rutinaria en casos que tratan de asuntos públicos.

       

      151

       

      152

      3

       

      En la mejor técnica adjudicativa, las determinaciones fácticas de un tribunal inferior son necesarias para evaluar, por ejemplo, la conducta del Presidente del Senado a los efectos de examinar si estamos ante un asunto académico o si sus actos se ajustan a las exigencias de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

       

      153

       

      154

      4

       

      Nos preocupa la proclividad de la mayoría de expedir peticiones de certificación en cada ocasión en que se plantean controversias públicas, pues ello no permite que las controversias maduren apropiadamente. Con este proceder la mayoría actúa como un foro de instancia y no como el más Alto Tribunal de un país. Además, se menosprecia la labor de los jueces de instancia pues se crea la impresión de que no deben atender casos controversiales y del interés de los poderes públicos del país.

      Por otro lado, estar continuamente atendiendo asuntos de dimensión constitucional en primera instancia, nos asemeja más al modelo concentrado de adjudicación constitucional que al difuso que recoge, al presente, nuestra Constitución.

       

      155

       

      156

      5

       

      “Además, hay que interpretarlas de la manera más favorable para el demandante. Así, en casos como el de autos, donde se plantea la desestimación por falta de jurisdicción en la materia, es necesario determinar si, tomando como cierto lo alegado por el demandante, el foro tiene jurisdicción para atender el reclamo.” (Citas omitidas.) Harguindey Ferrer v. U.I., 148 D.P.R. 13, 30 (1999).

       

      157

       

      158

      Desde octubre de 2009, mientras se celebraban sesiones legislativas, el Presidente del Senado, Hon. Thomas Rivera Schatz, ordenó el cierre de las gradas desde donde la ciudadanía tradicionalmente podía observar los trabajos realizados en el hemiciclo del Senado, impidiendo así el acceso del público. El 24 de junio de 2010 el Presidente del Senado también excluyó a todos los fotoperiodistas del palco designado para los medios de prensa. Asimismo el 25 de junio del mismo año, último día disponible para la aprobación de medidas en la tercera sesión ordinaria de la decimosexta Asamblea Legislativa, el Presidente del Senado denegó el acceso a dicho palco a todos los medios noticiosos del país.

      159

      Durante esa sesión el senador por acumulación, Hon. *957 Eduardo Bhatia Gautier, presentó una moción al Cuerpo del Senado para que se permitiera el acceso de los medios de comunicación; ésta fue derrotada en la votación del Cuerpo. Posteriormente, el 28 de junio de 2010 el Presidente del Senado limitó el acceso de algunos periodistas a la sesión legislativa. A los reporteros que lograron presenciar las labores de los senadores se les prohibió el uso de cámaras.

      160

      Horas más tarde, el senador Bhatia Gautier presentó un recurso de mandamus en el Tribunal de Primera Instancia contra el Presidente del Senado y el Sr. Manuel Torres Nieves, Secretario del Senado. Allí solicitó que se ordenara a los demandados cumplir con su deber ministerial de brindar acceso público a las sesiones legislativas, según ordena la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Art. III, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Esta demanda fue enmendada días después para solicitar también un injunction y una sentencia declaratoria, e incluir como demandantes a los senadores por acumulación: Eder Ortiz Ortiz, Sila Mari González Calderón, Juan Eugenio Hernández Mayoral, Jorge Suárez Cáceres, José Luis Dalmau, Alejandro García Padilla y Antonio Fas Alzamora. También incluyeron al Sr. Víctor Lozano Santos, residente del pueblo de Naranjito.

      161

      Por otra parte, el 29 de junio de 2010, la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico Inc., la Asociación de Periodistas de Puerto Rico Inc., Cyber News Multimedia Inc., el Centro de Periodismo Investigativo Inc., y el Overseas Press Club presentaron ante nosotros un recurso de mandamus en jurisdicción original contra los mismos demandados. En este recurso, MD-2010-07, las entidades peticionarias reiteran los hechos alegados por los demandantes y recurridos en el recurso de certificación y solicitan que ordenemos al Presidente del Senado que cumpla el mandato constitucional de garantizar que las sesiones del Senado sean públicas, tanto para los ciudadanos como para la prensa. En la alternativa, requieren se le ordene al Presidente del Senado cumplir con el Reglamento del Senado, *958 aprobado el 12 de enero de 2009, en cuanto éste garantiza el acceso de los ciudadanos a la Galería Alta del hemiciclo para presenciar las sesiones legislativas, Sec. 26.1, pág. 77, y dispone que el Presidente del Senado emitirá una orden administrativa para regular el uso de cámaras en las instalaciones, Sec. 26.11, pág. 81.

      162

      En esa misma fecha, 29 de junio de 2010 el Presidente del Senado promulgó la Orden Administrativa Núm. 10–63 para regular el uso de cámaras o equipo para captar imágenes en el hemiciclo senatorial. Al día siguiente, y en vista de que la prohibición de acceso a las gradas por parte de la ciudadanía seguía en pie, el codemandante Senador Hernández Mayoral presentó una moción en el Senado para que se restableciera el acceso. La sesión legislativa, no obstante, expiró sin que el Presidente del Senado atendiera la referida moción.

      163

      Así las cosas, el 2 de julio de 2010 los demandados presentaron dos mociones para desestimar tanto la demanda en el foro primario, como el recurso de mandamus pendiente ante nosotros, por considerar que las controversias planteadas no eran justiciables. Sin embargo, luego de que el Tribunal de Primera Instancia pautara una fecha para la vista del juicio en sus méritos, el Presidente del Senado y el Secretario acudieron entonces ante este Tribunal el 7 de julio de 2010, mediante un recurso de certificación intrajurisdiccional. Al cabo de dos días, el 9 de julio, una mayoría de este Tribunal decidió expedir la certificación, consolidarla con el recurso de mandamus y proveer cinco días a los demandantes y recurridos en la certificación para que presentaran su posición. Éstos comparecieron oportunamente. Los peticionarios en el recurso de mandamus presentaron posteriormente su alegato.

      164

       

      165

      II

      166

      A. Como dijimos, en los recursos ante nuestra consideración se cuestiona el cierre de las gradas del Senado de *959 Puerto Rico por el Presidente de ese Cuerpo. En su defensa, éste sostiene que la controversia que está ante nuestra consideración no es justiciable, para lo cual invoca la totalidad de las doctrinas agrupadas bajo la sombrilla del principio de justiciabilidad. Solicita en consecuencia que se desestimen los recursos.

      167

      Primero, sostiene que los demandantes en el recurso de certificación carecen de legitimación activa para presentar su reclamación. Sobre los senadores demandantes indica que éstos no han sufrido daño alguno como tampoco se le han limitado sus prerrogativas legislativas, por lo que carecen de legitimación activa para acudir al tribunal. Indican que más bien lo que los senadores intentan es trasladar al foro judicial el debate legislativo que esta controversia generó en el Senado de Puerto Rico y en el cual no prevalecieron.

      168

      Respecto al ciudadano particular, señor Lozano Santos, sostienen que éste no ha sufrido un daño real, inmediato ni preciso pues la demanda sólo presenta un escenario hipotético en el cual si el individuo hubiera tratado de entrar a las gradas del hemiciclo “habría sido excluido”, como todos los demás ciudadanos.

      169

      En segundo lugar, el Presidente del Senado y el Secretario de ese Cuerpo, invocan la doctrina de cuestión política y la inmunidad parlamentaria para solicitar que este Tribunal no intervenga con la determinación tomada por el Presidente del Senado. Ello, según el fundamento de que hacer lo contrario supondría una violación al principio de separación de poderes.

      170

      Como tercera defensa la parte demandada arguye que ambos recursos, tanto el mandamus como la certificación, se han tornado académicos debido a que el Presidente del Senado restableció el acceso de los fotoperiodistas al palco del hemiciclo senatorial designado para los medios de comunicación y promulgó la Orden Administrativa Núm. 10-63 de 12 de enero de 2009.

      171

      Sobre el alcance de la Sección 11 del Artículo III de la Constitución, supra, afirman, que esta disposición no tiene *960 el alcance pretendido. Se arguye que el carácter público del que habla la Constitución no implica un derecho constitucional a estar presente en las gradas del hemiciclo senatorial. El Presidente del Senado sostiene que existen diversos medios para dar publicidad a las sesiones, como el diario de sesiones y la difusión por la internet, la televisión y la prensa, lo que es suficiente para darle cumplimiento al mandato constitucional, por lo que no cabe hablar de que se ha violado disposición constitucional alguna.

      172

      B. Por otro lado, los demandantes en el recurso de certificación, aseveran que la actuación del Presidente del Senado de ordenar el cierre de las gradas, les coarta su prerrogativa constitucional de mantener informado a la ciudadanía y al electorado sobre su gestión legislativa. Por lo que los senadores demandantes afirman que su reclamo no se basa en un interés público general, sino que intentan vindicar una prerrogativa legislativa de rango constitu cional.

      173

      Sostienen también, en consecuencia, que no se trata de trasladar al foro judicial una disputa sobre un asunto en el que no prevalecieron en el hemiciclo del Senado, sino más bien de una solicitud de que se le dé cumplimiento a una disposición constitucional que le reconoce una prerrogativa legislativa a cada senador. En este tenor, plantean que los medios alternos para dar publicidad a las sesiones legislativas, como la difusión televisiva que actualmente realiza la Asamblea Legislativa a través del Canal 10 y el diario de sesiones, no son sustitutos adecuados de la presencia física de los ciudadanos y la prensa, que es posible gracias al acceso público que garantiza la Constitución.

      174

      Finalmente, argumentan que la controversia entre las partes no se ha tornado académica, pues el Presidente del Senado, incluso luego de adoptar la Orden Administrativa Núm. 10-63, reitera tener “poderes irrestrictos para excluir a la prensa y el público con sólo ordenarlo verbal mente”. Contrario a lo alegado por los demandados, sostienen que la orden administrativa perpetúa la incertidumbre *961 entre la ciudadanía y los medios noticiosos debido a que ésta facilita nuevos actos arbitrarios y caprichosos por parte del Presidente del Senado, por lo que no existe seguridad de que la parte demandada no va a repetir la conducta que originó los recursos ante nosotros.

      175

      Por su parte, los peticionarios en el recurso de mandamus opinan que las actuaciones del Presidente del Senado laceran el derecho de los ciudadanos y la prensa de acceso a la información en manos del Estado, protegido por el derecho a la libertad de expresión y de la prensa. A su vez arguyen que la Orden Administrativa Núm. 10-63 no es una garantía suficiente de que los demandados acatarán el deber ministerial de mantener públicas las sesiones legislativas que alegadamente les impone la Constitución. Ello pues la orden no establece criterios objetivos ni procedimientos claros para ordenar la expulsión de los visitantes, permaneciendo entonces sujeto al capricho del demandado.

      176

      De igual forma exponen que en el supuesto de que un fotoperiodista tomara fotos del celular del Presidente del Senado durante el transcurso de la sesión —como alegan los demandados— resulta irrazonable y desproporcional expulsar de las gradas del hemiciclo a todos los miembros de la prensa; mucho más si no se provee justificación alguna para el desalojo o simplemente se brinda una excusa de poca credibilidad unos días después.

      177

      Los peticionarios del recurso de mandamus también estiman que la promulgación de la orden administrativa del Senado respondió a una táctica fallida que tenía la intención de hacer los recursos ante nosotros académicos. Por último sostienen, al igual que los demandantes en el recurso de certificación, que los medios alternos de publicidad invocados por los demandados no pueden suplantar el acceso físico de todos los puertorriqueños a las sesiones legislativas.

      178

      Una vez resumidos los argumentos de las partes, procede que pasemos a considerar los méritos de los asuntos traídos ante nuestra consideración. *962

      179

       

      180

      III

      181

      Aunque “es un axioma de la litigación constitucional que el Poder Judicial tiene facultad para revisar y determinar la constitucionalidad de las actuaciones de las otras ramas de gobierno”, Noriega Rodríguez v. Jarabo, 136 D.P.R. 497, 506–07 (1994), este Tribunal ha adoptado medidas prudenciales de autolimitación judicial recogidas al amparo del concepto de justiciabilidad. Estas normas de carácter prudencial persiguen evitar una intervención a destiempo de la Rama Judicial en áreas sometidas al criterio de otras ramas de gobierno. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958).

      182

      Como discutimos, el Presidente del Senado ha invocado las reglas de justiciabilidad para solicitar la desestimación de los recursos ante este Tribunal. Pasemos entonces a evaluar sus planteamientos.

      183

      A. Reiteradamente hemos expresado que una parte posee legitimación activa para acudir al tribunal cuando: (1) ha sufrido un daño claro y palpable, (2) el daño es real, inmediato y preciso y no abstracto o hipotético, (3) existe conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada, y (4) la causa de acción surge bajo el palio de la Constitución o un estatuto. Romero Barceló v. E.L.A., 169 D.P.R. 460 (2006); Col. Peritos Elec. v. A.E.E., 150 D.P.R. 327 (2000); Asoc. Maestros P.R. v. Srio. Educación, 137 D.P.R. 528 (1994); Hernández Torres v. Gobernador, 129 D.P.R. 824 (1992); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407 (1982); Fund. Arqueológica v. Depto. de la Vivienda, 109 D.P.R. 387 (1980). Aplicando estos principios cuando quien reclama es un legislador, hemos establecido que éste tiene legitimación activa cuando busca vindicar un interés personal en el ejercicio pleno de sus prerrogativas legislativas. En estos casos, éste debe demostrar claramente cuál es el derecho constitucional o estatutario que busca defender y cómo la actuación del demandado se lo ha vulnerado. Hernández Torres v. Gobernador, supra, págs. *963 837–838. Véanse, además: Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986); Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750 (1977).

      184

      A esos efectos hemos resuelto que “la esencia de las prerrogativas legislativas es la garantía que tiene todo legislador a ejecutar plenamente su derecho constitucional a legislar, derecho comprendido en la Sec. 1 del Art. III de la Constitución de Puerto Rico”. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 436 esc. 30 (1994), citando a Hernández Torres v. Hernández Colón et al., 131 D.P.R. 593, 601 (1992). Por ello, cuando un funcionario a cargo de una de las ramas políticas del gobierno incurre en actos que trastocan el procedimiento legislativo, los legisladores están legitimados para requerir que éste se lleve a cabo según lo ordena nuestra Constitución. Véase: Noriega v. Hernández Colón, supra. Cfr., Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 D.P.R. 443 (2006).

      185

      Igualmente, hemos sostenido que entre las funciones esenciales del legislador está la de “fiscalizar al gobierno, debatir asuntos de interés general e informar al país sobre la marcha de la cosa pública”. Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115 D.P.R. 368, 375 (1984). Ello así, ya que estas prerrogativas sirven para que la Asamblea Legislativa cumpla a cabalidad con su función representativa en el esquema constitucional de gobierno. Limitarle a un miembro de la Asamblea Legislativa su función o prerrogativa de informar, o fiscalizar o debatir asuntos de interés público necesariamente lacera las prerrogativas constitucionales de ese legislador causándole un daño real.

      186

      Es en este contexto que los senadores demandantes hacen su reclamo. Ellos indican que la Sección 11 del Artículo III de la Constitución, supra, se configura como indispensable para el ejercicio pleno de la prerrogativa legislativa de informar al ciudadano, función que es inseparable a la función de legislar. Evidentemente las votaciones, los debates y otros trabajos que se llevan a cabo durante las sesiones legislativas en el hemiciclo del Senado forman parte integral del procedimiento legislativo. De la misma *964 forma, fiscalizar, informar y debatir asuntos de interés público, son potestades constitucionales del legislador.

      187

      La limitación de cualesquiera de estas facultades, se configura como un daño real y concreto, y no hipotético como reclaman los demandados. Cerrar las gradas del Senado al acceso de la ciudadanía, impide que un Senador pueda informarle directamente y de manera efectiva a la ciudadanía el tenor de su labor como tal. No tienen razón la mayoría de este Tribunal y el Presidente del Senado cuando indican que los Senadores demandantes no tienen legitimación activa para instar su demanda.6

      188

      6

       

      Habiendo concluido que los Senadores demandantes tienen legitimación activa para instar ante el foro de instancia el pleito que fue certificado, es innecesario expresarnos sobre la legitimación activa del señor Lozano Santos.

       

      189

       

      190

      Como se indicó, los demandados invocaron también la doctrina de separación de poderes —en particular el poder de la Asamblea Legislativa para adoptar reglas que rijan sus procedimientos y gobierno interno— como impedimento para que este Foro dilucide en sus méritos las controversias planteadas. Expresan que no corresponde a los tribunales pasar juicio sobre la interpretación y aplicación que el Cuerpo Legislativo realice de sus propios reglamentos, salvo que excedan el ámbito de los poderes que ostenta dicha Rama.

      191

      Ciertamente, la Asamblea Legislativa ostenta la facultad constitucional de adoptar e implantar normas para regir sus procesos internos. Noriega Rodríguez v. Jarabo, supra; Silva v. Hernández Agosto, supra. Sin embargo, también es cierto que esa facultad debe ejercerse sin exceder el ámbito de los poderes que le han sido conferidos y observando, además, las limitaciones establecidas en la propia Constitución de Puerto Rico. Íd. Precisamente, las controversias traídas ante la consideración de este Tribunal versan sobre la alegada transgresión del Artículo III, Sección 11, de la Constitución de Puerto Rico, supra, por parte del Presidente del Senado. No se cuestiona la facultad de las Cámaras Legislativas para adoptar e implantar *965 normas relativas a sus procesos internos. Más bien, el argumento central plantea que el Presidente del Senado, amparándose en el Reglamento del Senado, ha actuado arbitrariamente impidiendo que la ciudadanía y los miembros de la prensa presencien las sesiones de ese Cuerpo, en contravención a lo dispuesto en la citada disposición constitucional.

      192

      Ante planteamientos de esa índole, es el deber constitucional de este Tribunal ejercer nuestra facultad de interpretar la validez de las actuaciones legislativas impugnadas. Esa facultad se enmarca en el poder que ostenta la Rama Judicial para “determinar si las otras ramas del Gobierno observaron las limitaciones constitucionales” y si sus actos exceden los poderes que le fueron delegados. Córdova y otros v. Cámara Representantes, 171 D.P.R. 789, 801 (2007). Es decir, por ser los tribunales los intérpretes finales de la Constitución también son los encargados de definir los contornos de las facultades de la Asamblea Legislativa. Santa Aponte v. Srio. del Senado, supra, pág. 759; Silva v. Hernández Agosto, supra, pág. 55.

      193

      El caso ante nuestra consideración no pretende trasladar al foro judicial una controversia interna de la Rama Legislativa. Se trata, más bien, de una controversia relativa a la alegada violación por parte de miembros del Poder Legislativo de una exigencia constitucional cuyo alcance aún no ha sido interpretado por este Foro. Dejar al arbitrio del Presidente del Senado, o de dicho Cuerpo, la interpretación sobre el alcance del Artículo III, Sección 11 de la Constitución de Puerto Rico, supra, sería abdicar de nuestra función como “intérpretes finales de las leyes y la Constitución, incluso de las actuaciones de las otras Ramas del Gobierno”. C.R.I.M. v. Méndez Torres, 174 D.P.R. 216, 227 (2008).

      194

      Los argumentos esbozados en las peticiones de desestimación, esencialmente, invitan a este Tribunal a permitir que el Poder Legislativo —y en particular el Presidente del Senado— se convierta en único juez de sus propios actos en patente contravención al sistema de pesos y contrapesos *966 establecido en la Constitución de Puerto Rico. C.R.I.M. v. Méndez Torres, supra. Véanse, además: Silva v. Hernández Agosto, supra, pág. 55 (“Nuestra estructura de gobierno no permite que las ramas políticas del Gobierno se conviertan en árbitros de sus propios actos”); Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 D.P.R. 576, 591 (1983). Si bien es cierto que este Foro no está disponible para recrear el debate legislativo, nuestra función adjudicativa siempre prevalece “cuando las actuaciones de otras ramas de gobierno present[a]n claros problemas de constitucionalidad y no meras disputas procesales o interpretativas”. Noriega Rodríguez v. Jarabo, supra, pág. 534.

      195

      En vista de lo anterior, en cuanto a la alegación de que la presente controversia es una cuestión política, basta decir que dicha norma no es aplicable cuando existen derechos individuales de alta jerarquía que podrían ser vulnerados si los tribunales no intervienen. Noriega Rodríguez v. Jarabo, supra, pág. 510, citando a F.W. Scharpf, Judicial Review and the Political Question: A Functional Analysis, 75 Yale L.J. 517 (1966). Por otro lado, debido a que se nos solicita que ordenemos al Presidente del Senado cumplir con lo que aparenta ser un deber ministerial de carácter constitucional, ajeno al ejercicio de su discreción, los demandados no están protegidos por la inmunidad parlamentaria. Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, supra.

      196

      En síntesis, contrario a lo esbozado por los demandados, resolver si las actuaciones —alegadamente inconstitucionales— del Presidente del Senado cumplen con los parámetros establecidos en nuestra Constitución, es función de este Tribunal y constituye un asunto justiciable a la luz de la doctrina de separación de poderes. Véase Silva v. Hernández Agosto, supra, pág. 61.

      197

      C. Como fundamento adicional para que este Foro deniegue examinar en los méritos las controversias planteadas, los demandados invocan que los recursos instados se han tornado académicos. A pesar que una mayoría de este Tribunal hoy decide adoptar dicho parecer, soy del criterio *967 que tal planteamiento resulta claramente inmeritorio. Como discutiremos a continuación, el razonamiento que utiliza la mayoría de este Tribunal para concluir que este caso es académico, revela el estado pantanoso en el que se encuentra esta doctrina en nuestro país.7 Resultará muy difícil, en lo sucesivo, encontrar criterios objetivos que permitan identificar cuándo un caso es o no es académico. Pasemos a considerarlo con algún detenimiento.

      198

      7

       

      Decía el historiador romano Tácito: “Quien se enfada por las críticas, reconoce que las tenía merecidas.”

       

      199

       

      200

      Un caso inicialmente justiciable se torna académico cuando no persiste una controversia real o viva entre las partes debido a modificaciones acaecidas en los hechos o en el derecho que anulan los efectos prácticos que tendría un dictamen judicial. Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 724–725 (1980). Véase, además, P.N.P. v. Carrasquillo, 166 D.P.R. 70, 75 (2005). Ahora bien, se han reconocido varias excepciones que de estar presentes permiten considerar en sus méritos un caso que, en primera instancia, parecería académico. P.N.P. v. Carrasquillo, supra, pág. 76; Angueira v. J.L.B.P., 150 D.P.R. 10, 19 (2000); Noriega v. Gobernador, 122 D.P.R. 650, 687–688 (1988); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, supra, pág. 725. Una de dichas excepciones se presenta cuando la parte contra quien se reclama modifica los hechos que suscitaron la controversia o cesa voluntariamente su alegada conducta ilegal, sin que tal modificación goce de visos de permanencia. Íd.

      201

      El cese voluntario por parte del demandado, no constituye impedimento para un pronunciamiento judicial salvo que existan garantías de que no repetirá su conducta alegadamente ilegal. Presidente de la Cámara v. Gobernador, 167 D.P.R. 149, 165–69 (2006) (Rodríguez Rodríguez, Op. disidente y fuentes allí citadas). Véase, también, United States v. W.T. Grant. Co., 345 U.S. 629, 632 (1953). Así, el demandado no podrá evitar los efectos de un dictamen judicial meramente por el cese transitorio de su conducta. *968 Véanse: Comisión de la Mujer v. Srio. de Justicia, supra, pág. 728 (“un caso no se torna ilusorio por conducta voluntaria de un demandado, quien luego puede ‘retornar a sus viejos caminos’ ”); Rullán v. Fas Alzamora, 166 D.P.R. 742, 764–765 (2006) (“Aunque los tribunales pierden su jurisdicción sobre un asunto cuando ocurren cambios durante el trámite judicial de un caso que hacen que éste pierda actualidad, los cambios fácticos o judiciales a los que hace referencia la jurisprudencia no pueden ser, bajo ninguna circunstancia, resultado de una actuación del demandado para burlar [la] facultad revisora [de un tribunal apelativo] respecto a un caso que está sub júdice [sic]”).

      202

      Mediante la aplicación de la referida excepción, la posibilidad de que el demandante obtenga los remedios que en derecho procedan, y el ejercicio pleno del poder judicial, no quedan subordinados al arbitrio o la sola voluntad del demandado. Ello se logra requiriendo que el cese de la conducta esté acompañado de circunstancias que objetivamente le confieran un carácter de permanencia. Véanse, e.g.: Fed. Nat. Mortg. Assoc. v. Corchado, 145 D.P.R. 175 (1998); El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988), discutidos en J.J. Álvarez González, Derecho constitucional de Puerto Rico y relaciones constitucionales con los Estados Unidos, Bogotá, Ed. Temis, 2009, pág. 191.

      203

      Corresponde al foro judicial examinar si el cese de la alegada conducta ilegal por parte del demandado goza de visos de permanencia. Para ello resulta claramente insuficiente un acto de fe en la afirmación del propio demandado de que no incurrirá nuevamente en la alegada conducta ilegal, tal como aparenta hacer la Opinión del Tribunal. Quien ha cesado voluntariamente su conducta, e invoca tal hecho como fundamento de que el caso se ha tornado académico, tiene el peso de demostrar que en el futuro no repetirá las actuaciones impugnadas. Véase Friends of Earth, Inc. v. Laidlaw Environmental Services (TOC), Inc., 528 U.S. 167, 190 (2000) (“[A] defendant claiming that its voluntary compliance moots a case bears the formidable burden of showing that it is absolutely clear the allegedly *969 wrongful behavior could not reasonably be expected to recur”). En ese tenor, le corresponde establecer de forma clara que no existen expectativas razonables de que incurrirá nuevamente en la alegada conducta ilegal. Íd. Véanse, además: United States v. Phosphate Export Assn, 393 U.S. 199, 203 (1968); United States v. W.T. Grant Co., supra.

      204

      A la luz de la normativa antes expuesta, no procedía en el caso de autos la desestimación de los recursos presentados por los demandantes sin que este Tribunal tuviese ante sí los elementos de juicio necesarios para negar la aplicación de la excepción a la doctrina de academicidad antes discutida, a saber: que la modificación de la conducta impugnada no goza de visos de permanencia. Máxime cuando los recursos ante nuestra consideración versan sobre la alegada transgresión por parte del demandado de una disposición de jerarquía constitucional —la exigencia de que las sesiones de ambas Cámaras de la Asamblea Legislativa sean públicas— y no existen garantías de que las referidas actuaciones no se repetirán.

      205

      Los argumentos esbozados en las peticiones de desestimación, así como el razonamiento que ofrece la Opinión del Tribunal, son insuficientes para establecer o demostrar de forma clara que las actuaciones —alegadamente inconstitucionales— del Presidente del Senado, no volverán a suscitarse. Tras examinar detenidamente los fundamentos expuestos en las peticiones de desestimación notamos que en éstas, esencialmente, se argumenta que el Presidente del Senado ostenta una “amplia discreción” para conducir los trabajos de dicho Cuerpo de forma tal que prevalezca el “orden y el decoro en todos los predios”. En ese tenor se cita el Reglamento del Senado, el cual le confiere al Presidente de dicha entidad la facultad de “ordenar el desalojo inmediato de dichos lugares, así como el arresto de las personas que ocasionaron o promovieron la situación”. Sec. 6.1(j) del Reglamento del Senado, supra, pág. 13.

      206

      Por otra parte, tanto en la Opinión del Tribunal como en las peticiones de desestimación, se invoca la Orden Administrativa *970 Núm. 10-63 como garantía de que no se repetirán actuaciones como las que suscitaron la presentación de los recursos de certificación y mandamus. Ello según el argumento de que la discreción del Presidente del Senado está limitada por la referida orden administrativa y que dicho funcionario está obligado a su cumplimiento. No obstante, el lenguaje amplio incluido en la Orden Administrativa Núm. 10-63 le confiere al Presidente del Senado la facultad de “cancelar en cualquier momento la autorización” conferida a un miembro de la prensa que según su criterio “actúe contrario al orden y al decoro del Cuerpo”. Art. 3, Orden Administrativa del Senado Núm. 10-63, pág. 2.

      207

      Al analizar en conjunto las disposiciones del Reglamento del Senado y de la Orden Administrativa Núm. 10-63, puede colegirse que ellas confieren al Presidente del Senado una “amplia discreción” —según se califica en las peticiones de desestimación— para tomar medidas que estime necesarias para mantener el “orden y el decoro del Cuerpo”. En virtud de ello, los demandados afirman que las alegadas actuaciones ilegales del Presidente del Senado constituyeron un ejercicio válido de sus prerrogativas para “garantizar la publicidad de los procesos legislativos mediante distintos medios y, por otro lado, salvaguardar el orden y el decoro que exige el Hemiciclo Senatorial”. La parte demandada emitió de esta forma su propio juicio sobre la validez constitucional de sus actuaciones y reclama que tal criterio debe estar exento de ser revisado por este Tribunal.

      208

      Lo argüido en las peticiones de desestimación, lejos de garantizar que no se suscitarán nuevamente las alegadas actuaciones ilegales, reafirman que la postura del Presidente del Senado y de la mayoría de ese Cuerpo es que éstas constituyen ejercicios válidos de sus prerrogativas y no lesionan la disposición constitucional que exige que las sesiones legislativas sean públicas. Tal posición, evidentemente, dista mucho de constituir una garantía de que no se repetirá la alegada conducta ilegal. Por el contrario, sugiere *971 la inclinación de repetir actuaciones como las impugnadas si, según el solo criterio del Presidente del Senado, ello es necesario para mantener sus propios estándares de orden y decoro en el hemiciclo del Senado.

      209

      La firmeza con la que una mayoría de este Tribunal ha desestimado la controversia de autos por entender que ésta se ha tornado académica, contrasta marcadamente con lo que ha sido su postura en casos recientes. Veamos.

      210

      En Pueblo v. Pagán Medina, 177 D.P.R. 842 (2010), en una singular aplicación de la doctrina de academicidad, la mayoría razonó que el solo hecho de que ese caso estuviera pendiente ante este Foro era causa suficiente para aplicar la excepción de recurrencia de la doctrina de academicidad, negándose así a desestimar el pleito pendiente. Íd. Al así resolver, la misma mayoría que hoy desestima este caso indicó lo siguiente: “la cuestión ante nuestra consideración es recurrente toda vez que, al estar pendiente de adjudicación ante este Tribunal una solicitud de reconsideración, no se ha pautado de manera final y firme la norma aplicable. Su importancia es aún mayor debido a que lo que tenemos ante nuestra consideración es la interpretación de una norma constitucional ....” Íd., págs. 844–845. Ciertamente, según la flexible teoría avalada en esa ocasión por la mayoría del Tribunal, no comprendemos cómo no se pueda trasladar esta teoría al caso de autos.

      211

      Por otro lado, llama marcadamente la atención que, aún sin haberse secado la tinta en U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 D.P.R. 253 (2010), la mayoría olvida lo allí resuelto. Pero no tan sólo lo olvida, sino que parecería ser que este caso no existe, pues ni siquiera se menciona en la opinión.

      212

      Como sabemos, recientemente en U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra, la mayoría de este Tribunal entendió que la aprobación por parte de “los estudiantes” de un “voto preventivo de huelga” en una asamblea estudiantil, sin más, era fundamento adecuado para resolver que el cambio en conducta de los demandados no mostraba visos de permanencia. Tal razonamiento viabilizó que se aplicara al *972 caso la excepción a la doctrina de academicidad conocida como la excepción del cese voluntario de la actuación impugnada, a la que hicimos referencia anteriormente.

      213

      Esta conclusión de la mayoría sirvió de preludio para luego de decretar que la controversia era justiciable, entender en los méritos del caso en el cual se conculca el derecho a la libre expresión en la Universidad de Puerto Rico. Véase U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra. En Laborde Torres, la mayoría del Tribunal indicó: “[n]o existe una garantía real de que los estudiantes no habrán de incurrir en la conducta impugnada, especialmente luego de la aprobación del ‘voto preventivo de huelga’. Por el contrario, su conducta es un indicio razonable de que podría volver a ocurrir otra paralización de la U.P.R. y que la intención de los estudiantes recurridos nunca fue culminar con la controversia de autos.” Íd., pág. 284.

      214

      En ese proceso, la mayoría de este Foro tomó conocimiento judicial motu proprio, sobre un hecho adjudicativo esencial para atender la controversia sobre academicidad: la aprobación de un “voto preventivo de huelga” en una asamblea estudiantil. Ello sin antes brindarle a los recurridos en ese caso, la oportunidad de expresarse en torno a si tal ejecutoria era procedente en derecho, según es requerido por ley.

      215

      Se sostuvo en ese caso, además, que los estudiantes tenían la carga de probar que “su conducta con relación al fin de la huelga [sería] permanente”. U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra, pág. 284. Y entendió la mayoría, que tal carga probatoria no se satisfizo con la suscripción por las partes de un acuerdo transaccional que fue presentado ante el Tribunal de Primera Instancia y que propició el fin de la huelga estudiantil. Íd.

      216

      De atenernos fielmente a lo resuelto por la mayoría en U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra, procedería concluir en este recurso, que eran los demandados —el Presidente del Senado y otros— sobre quienes recaía el peso de demostrar que en el futuro no repetirán las actuaciones impugnadas. Este análisis nos llevaría también a concluir, *973 que la Orden Administrativa Núm. 10-63 que reglamenta el uso de cámaras o equipo para captar imágenes en el hemiciclo senatorial, no es suficiente en derecho para revestir de permanencia la acción del demandado permitiendo nuevamente el acceso a las sesiones legislativas. De la misma forma que el acuerdo suscrito por los estudiantes en Laborde Torres no fue suficiente para satisfacer el peso de la prueba de que no se incurriría en la actuación impugnada nuevamente por lo que el caso no era académico, así también la orden promulgada por el Presidente del Senado no puede satisfacer ese quantum de prueba de que no volverá a cerrar las gradas del Senado, por lo que este caso tampoco es académico.

      217

      A lo anterior se suma la alegación de los demandantes de que el Presidente del Senado ha manifestado públicamente, tal y como recoge la prensa del país, que volvería a repetir la conducta cuya constitucionalidad ha sido cuestionada. Esta última alegación tiene el mismo efecto que el voto preventivo de huelga del caso de Laborde Torres, sobre el cual la mayoría tomó conocimiento judicial; procedería entonces, en ánimo de ser consistentes, que la mayoría del Tribunal tomara conocimiento de estas expresiones del Señor Presidente del Senado. El paralelismo entre este caso y los hechos en Laborde Torres es más que evidente; lo inexplicable es que en un caso la mayoría concluya que aplica la doctrina de academicidad y en el otro no. Y que entre un caso y otro, sólo medien días. La inconsistencia entre los dictámenes es patente. Ello crea la impresión de que el marco legal se adapta a las necesidades de los actores políticos, lo que erosiona la confiabilidad de la ciudadanía en este Tribunal.

      218

      Cabe entonces cuestionarnos sobre las razones por las cuales la aplicación de la doctrina de academicidad en el caso de autos se revela irreconciliable con los precedentes sentados recientemente en Pueblo v. Pagán Medina, supra, y en U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra. Sumando la decisión que ahora nos ocupa, en menos de un año se trasladan a la perpetuidad tres dictámenes emitidos por esta *974 Curia cuyas interpretaciones de la doctrina de academicidad levitarán mancilladas por la inconsistencia. ¿Será que nuevamente el vaivén de las olas arropa el entendimiento y provoca un tracto jurisprudencial zigzagueante y dúctil? Véase Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., 177 D.P.R. 230 (2009), Martínez Torres, J., Op. de conformidad, págs. 286-287.

      219

      Así pues, ante el cuadro fáctico que tuvo lugar en este caso, procedía que este Foro examinara si las alegadas actuaciones inconstitucionales del Presidente del Senado son o no legítimas a la luz de la exigencia del Artículo III, Sección 11 de la Constitución de Puerto Rico, supra. Ello, por no haber cumplido los demandados su carga de establecer, de forma clara, que no existen expectativas razonables de que se no se repetirán las actuaciones impugnadas en el futuro.

      220

      Ya que estimo errada la decisión mayoritaria de desestimar los recursos, procederé a evaluar los contornos de la cláusula constitucional que provocó la presente contro versia.

      221

       

      222

      IV

      223

      Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta Constitución para el Estado Libre Asociado que en el ejercicio de nuestro derecho natural ahora creamos dentro de nuestra unión con los Estados Unidos de América.

      224

      Al así hacerlo declaramos:

      225

      Que el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad puertorriqueña;

      226

      Que entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde el orden político está subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas .... Preámbulo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 266. *975

      227

      La elocuencia de la declaración de Pueblo incluida en el Preámbulo de nuestra Constitución demuestra la claridad de las aspiraciones de aquellos hombres y mujeres que se reunieron por primera vez el 17 de septiembre de 1951 para desarrollar y establecer lo que sería la base jurídica de la ordenación político-social del pueblo puertorriqueño. No hubo vacilación en establecer que “el sistema democrático es fundamental para la vida puertorriqueña” y que el sistema democrático es “aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público ... y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas”. Preámbulo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra.

      228

      Para que esa fuente del poder público, la voluntad del Pueblo, pueda verse concretizada adecuadamente, se reconocen varios derechos en el Artículo II de nuestra Carta de Derechos. Uno de los principales y más preciados es el derecho al sufragio “universal, igual, directo y secreto” como herramienta para que el pueblo pueda establecer el programa de gobierno que entienda correcto. Art. II, Sec. 2, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 278. No hay duda de que la ciudadanía reconoce el “valor del voto como su principal arma y piedra angular del sistema democrático”. P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 D.P.R. 199, 210 (1981).

      229

      El ejercicio democrático y la “libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas”, no obstante, no sólo se manifiestan intermitentemente en el voto eleccionario de cada cuatro años. La democracia es un continuo que no se interrumpe temporalmente en ausencia de consultas electorales masivas, sino que se cultiva día a día mediante la participación en, y la discusión y fiscalización de, la gestión pública de aquellos elegidos a representarnos. Es por esto que la Constitución reconoce, como herramienta para lograr lo anterior, la libertad de palabra, de prensa y el derecho a pedir al gobierno la reparación de agravios en todo momento. Art. II, Sec. 4, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. *976

      230

      Consustancial con los derechos antes mencionados, este Tribunal reconoció, como derecho constitucional fundamental, el acceso a la información en manos del Estado. Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982). Allí, indicamos que

      231

      [e]s lógico, pues, concluir que existe una estrecha correspondencia entre el derecho a la libre expresión y la libertad de información. La premisa es sencilla. Sin conocimiento de hechos no se puede juzgar; tampoco se puede exigir remedios a los agravios gubernamentales mediante los procedimientos judiciales o a través del proceso de las urnas cada cuatro (4) años. Íd., pág. 485.

      232

      Añadimos, citando a Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 D.P.R. 264, 279 (1960), que “[l]os ciudadanos de una sociedad que se gobierna a sí misma deben poseer el derecho legal de examinar e investigar cómo se conducen sus asuntos, sujetos sólo a aquellas limitaciones que impone la más urgente necesidad pública”. (Énfasis suplido.) Soto v. Srio. de Justicia, supra. En ese tenor, en Soto delineamos unas situaciones en las cuales el derecho de acceso a información pública cede ante ciertos reclamos del Estado que han de ser —en todo caso— de la más alta jerarquía y sujetos a un escrutinio judicial estricto. Véase Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 D.P.R. 582, 592 (2007).

      233

      Ese esquema de acceso a información y transparencia en el manejo de los asuntos públicos, permea igualmente el Artículo III de nuestra Constitución que regula a la Asamblea Legislativa. Y es que es natural que, siendo la Asamblea Legislativa la rama gubernamental más representativa de la voluntad del pueblo, todos los ciudadanos que constituyen el poder público tengan el derecho de conocer —de primera mano— las discusiones de la cosa pública que allí se realizan. No podemos olvidar que “[e]l derecho a saber es un pilar indispensable de la sociedad democrática”. E. Rivera Ramos, La libertad de información: necesidad de su reglamentación en Puerto Rico, 44 (Núms. 1–2) Rev. Jur. U.P.R. 67, 68 (1975). *977

      234

      En ese contexto, el Artículo III de la Constitución incluye varias cláusulas que obran como mecanismos para lograr la diseminación de información desde las Cámaras hacia los constituyentes. Se trata de la cláusula que exige que las sesiones camerales sean públicas y aquella que ordena la publicidad de los procedimientos legislativos mediante un diario de sesiones. Art. III, Secs. 10 y 17, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Dichas cláusulas tienen una naturaleza dual que sirve a un propósito similar: (1) se imponen como obligaciones a ambos cuerpos legislativos de que deben actuar conforme a los postulados contenidos en ellas al ejercer sus funciones legislativas, de modo que los representados conozcan la labor de sus representantes, y (2) constituyen garantías para la ciudadanía y para los propios legisladores, de que los asuntos debatidos en cada una de las Cámaras se difundirán adecuadamente dentro y fuera del Capitolio de Puerto Rico para el beneficio de éstos y de futuras generaciones.

      235

      Una de las cláusulas establecidas en la Constitución para permitir que toda la ciudadanía conozca lo que ocurre en las Cámaras Legislativas es, precisamente, la que está en controversia en este caso. La Sección 11 del Artículo III de nuestra Constitución, supra, establece que “[l]as sesiones de las cámaras serán públicas”. Aunque toda disposición constitucional o estatutaria siempre está sujeta a diversas interpretaciones, Nogueras v. Hernández Colón, 127 D.P.R. 405, 411–412 (1990), considero que la nitidez del verbo utilizado en la mencionada cláusula deja una sola interpretación posible. Se trata de un lenguaje sucinto y sencillo —pero tajante— cuyo significado es evidente: las sesiones de cada una de las Cámaras estarán abiertas al público para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda presenciar los trabajos de aquellos y aquellas que los representan. Como afirmó el Informe de la Comisión de la Rama Legislativa de la Asamblea Constituyente, el propósito de dicha cláusula es “asegurar al pueblo la oportunidad de escuchar los debates legislativos ...”. 4 Diario de *978 Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico 2583 (1961).

      236

      Qué mejor forma de que el pueblo pueda conocer las funciones que llevan a cabo nuestros legisladores durante una sesión legislativa que estar presentes en éstas y así ver el comportamiento de ellos durante las sesiones, además de escuchar de primera mano los argumentos a favor o en contra de los asuntos allí discutidos. Que todo ciudadano pueda sentarse en las gradas de cualquiera de las Cámaras a observar la dinámica legislativa y cómo los distintos intereses allí presentes convergen en legislación que le afectará directa o indirectamente es, indudablemente, un modo superior de fiscalización de la cosa pública y de nuestros representantes gubernamentales. De esa manera, los ciudadanos pueden asegurarse que las leyes allí aprobadas son “el producto de un proceso meditado en amplia deliberación” que procura “el progreso y engrandecimiento del pueblo”. N. Rigual, El poder legislativo de Puerto Rico, Río Piedras, E.D.U.P.R., 1961, pág. 20.

      237

      Mediante la participación del pueblo en las sesiones legislativas, la ciudadanía puede pasar juicio sobre la labor de sus representantes directamente y sin filtros, de modo que puedan forjar una opinión propia y no manipulada sobre los trabajos legislativos. Así, se garantiza el flujo de información que permite el ejercicio responsable del derecho y el deber de cada persona de tomar parte en los asuntos que le conciernen. Rivera Ramos, supra, pág. 69.

      238

      Igualmente, las sesiones públicas son una herramienta adicional al elector para que al momento de efectuar su selección de cada cuatro años, no sólo dependa de anuncios comerciales o estribillos realizados por especialistas en propaganda audiovisual, sino que conozcan la calidad y altura de los debates que se desarrollan en el Capitolio de Puerto Rico y sus respectivos protagonistas. El más preciado de nuestros derechos, el derecho al voto, sería un derecho huero de significado, si al ciudadano se le impide conocer directamente el historial de quienes pretenden su voto. *979

      239

      Es evidente de todo lo anterior, que la propia estructura de poderes forjada en nuestra Norma Fundamental, el sistema republicano de gobierno, exige que el ciudadano tenga derecho a estar informado de los procesos deliberativos del gobierno. Y este derecho es efectivo únicamente mediante el acceso directo a esas deliberaciones. Véase J. Assaf, Mr. Smith Comes Home: The Constitutional Presumption of Openness in Local Legislative Meetings, 40 Case W. Res. 227, 230 (1990). Véase, además, Richmond Newspapers, Inc. v. Virginia, 448 U.S. 555 (1980). Consecuentemente, la Sección 11 del Artículo III de la Constitución, supra, se revela imprescindible para la supervivencia misma de nuestro sistema de gobierno.

      240

      No podemos perder de vista también que “[e]l público puede ser un importante freno en el ejercicio arbitrario del poder por parte del gobierno. Sin embargo, este freno sólo puede funcionar si el gobierno proporciona información sobre sus acciones”. S. Rose-Ackerman, La corrupción y los gobiernos: causas, consecuencias y reforma, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 2001, pág. 223. La apertura de los procesos legislativos es, no tan sólo un potente profiláctico contra el ejercicio arbitrario del poder, sino que es también un recio detente contra la corrupción.

      241

      Por otro lado, como dijimos, la cláusula constitucional que exige que las sesiones camerales sean públicas, no sólo constituye una obligación de los Cuerpos Legislativos y un derecho de la ciudadanía, sino que estructura un mecanismo adicional para que los legisladores individuales puedan cumplir con una de sus funciones principales: informar. En Romero Barceló v. Hernández Agosto, supra, pág. 375, reconocimos que los legisladores tenían entre sus funciones esenciales, además de formular legislación, “fiscalizar al gobierno, debatir asuntos de interés general e informar al país sobre la marcha de la cosa pública”.

      242

      Indicamos, además, que dichas funciones provienen del propio concepto de un gobierno dividido en tres poderes y no están subordinadas a la prerrogativa de legislar. Romero Barceló v. Hernández Agosto, supra. La función de *980 fiscalizar, debatir asuntos de interés público e informar al país tienen su propia justificación, pues “contribuyen al desempeño por una asamblea representativa de su papel constitucional”. Íd. Concluimos que “la limitación de alguna de las funciones básicas de un parlamento socavaría la base misma de la democracia en el país concernido”. Íd., págs. 375–376. Así, la exigencia constitucional de publicidad de las sesiones legislativas permite un contacto directo del legislador con sus constituyentes, de forma tal que éste pueda cumplir con su función constitucional de informarles sus ideas, preocupaciones y proyectos de forma inmediata y abierta.

      243

      No obstante, el peticionario en certificación, Hon. Thomas Rivera Schatz, arguye que “[a]unque la Constitución establece que las sesiones son públicas, eso no implica que exista un derecho constitucional a estar en las gradas”. Se alega que “[l]a publicidad se logra mediante diversas maneras. El mecanismo oficial de publicidad que dispone la Constitución de Puerto Rico en su Artículo III Sección 17 es el Diario de Sesiones”. Por último, se indica que “[s]e garantiza, además, que las sesiones sean públicas al transmitirse por internet, por televisión, mediante la presencia de la prensa y la participación de las minorías ...”. Caso Núm. CT-2010-0007, Certificación, pág. 21. Atendamos estos planteamientos en orden.

      244

      En primer lugar, la discusión anterior no deja margen a dudar que, en efecto, la cláusula estudiada crea un derecho constitucional de todo ciudadano a asistir a las sesiones camerales. No debemos perder de perspectiva que, tal y como discutimos anteriormente, se trata de un derecho coexistente al derecho constitucional a obtener información sobre los asuntos públicos y, por lo tanto, a la libertad de expresión, por lo que tiene la mayor preeminencia y no se puede restringir irrazonablemente. Por otro lado, además de un derecho ciudadano, es una obligación de cada una de las Cámaras Legislativas el cumplir con el mandato constitucional, pues los legisladores individuales también tienen el derecho de exigir que se cumpla con la mencionada *981 disposición, en tanto es un mecanismo que les permite cumplir a su vez con sus obligaciones parlamentarias.8 Por lo tanto, no tiene razón el demandado al afirmar que no se trata de un derecho constitucional.

      245

      8

       

      No expreso criterio, por no estar ante la consideración del Tribunal, sobre la validez de legislación aprobada mientras se suscite una violación de la cláusula constitucional que exige que las sesiones camerales sean públicas.

       

      246

       

      247

      En segundo lugar, como bien mencionan los demandados, la Sección 17 del Artículo III de la Constitución, establece que se le “dará publicidad a los procedimientos legislativos en un diario de sesiones, en la forma en que se determine por ley”. El objetivo del diario de sesiones es que “quede una constancia cabal de lo que cada delegado expresa con respecto a cada enmienda o a cada asunto que es motivo de discusión en los procedimientos legislativos”. 3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico 1938 (1961). Después de todo, “el pueblo tiene derecho a que se le dé todos los días la información de lo que aquí hacen sus representantes”. Íd., pág. 1943. No obstante, el hecho de que la Constitución exija que se desarrolle un diario de sesiones, no implica que se pueda desatender el requerimiento de que las sesiones camerales sean públicas. Las cláusulas no son mutuamente excluyentes; al contrario, se coadyuvan en el objetivo que permea el Artículo III de mantener los procedimientos legislativos transparentes y a la ciudadanía bien informada.

      248

      Además, es una reconocida regla de hermenéutica que “el Legislador no hace cosas inútiles” ni “escribe cosas redundantes”. García v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 153, 156 (1964); R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 1987, Vol. 1, pág. 81. No podemos adoptar la interpretación pretendida por los demandados de la cláusula constitucional concernida, pues sería sancionar que la Asamblea Constituyente incluyó en nuestra Carta Magna una disposición vacua. Si hubiese sido suficiente para brindar información y transparencia a la ciudadanía *982 sobre los asuntos públicos el mantener un diario de sesiones, la Asamblea Constituyente no hubiese incluido una disposición específica y separada de aquella que lo exige, ordenando que las sesiones camerales fueran públicas.9

      249

      9

       

      En apoyo a esa conclusión, en el Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, el delegado Francisco Paz Granela quiso incluir en la cláusula sobre la publicidad de las sesiones camerales, la disposición que obligaría a la Asamblea Legislativa a adoptar un diario de sesiones. Por oposición del delegado Luis Negrón López, dicha enmienda fue derrotada, pues ya la Comisión sobre la Rama Legislativa de la Convención había recomendado la publicidad de las labores legislativas en la sección que trataba sobre el procedimiento legislativo, la cual posteriormente se convirtió en la Sección 17 del Artículo III. Véase 2 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico 852–854 (1961). Lo anterior significa que los constituyentes estaban claros en que se trataba de dos disposiciones separadas, con significados distintos.

       

      250

       

      251

      Por último, la parte demandada nos invita a concluir que la publicidad de las sesiones se garantiza con otros medios como lo son la televisión y la red cibernética. En apoyo de su argumento cita a Romero Barceló v. Hernández Agosto, supra. En ese caso, se cuestionó la utilización de fondos públicos para la transmisión de las vistas a celebrarse por la Comisión de lo Jurídico sobre el P. del S. 1094, el cual propuso la creación del cargo de Fiscal Especial Independiente. Luego de examinar las facultades de los legisladores y la experiencia en Estados Unidos acerca del uso de la televisión en la diseminación parlamentaria de la información, concluimos que la alusión a un diario de sesiones en la Constitución no significa que ese sea el único modo de cumplir con la obligación informativa de la Asamblea Legislativa, sino que se puede optar también por el uso de la televisión. Sin embargo, de allí no surge que el uso de la televisión pueda sustituir la obligación constitucional de mantener un diario de sesiones.

      252

      Igual solución se impone a la controversia ante la consideración del Tribunal. El mandato constitucional es claro y contundente: las sesiones de las cámaras serán públicas. El hecho de que existan nuevos medios mediante los cuales se pueda mantener al pueblo informado de los asuntos públicos, no implica que se pueda prescindir de las obligaciones *983 impuestas por la Constitución. La televisión, el internet y cualquier otro medio de comunicación existente o futuro, son herramientas que asisten y apoyan al Estado a difundir la información pública en beneficio de la ciudadanía. Pero dichos medios de ninguna manera sustituyen el derecho de toda persona a asistir y presenciar, en vivo, las labores de nuestros legisladores.

      253

      Además, los demandados tienen que coincidir en que dichos medios, por masivos que sean, no brindan igual oportunidad a los ciudadanos de observar y escuchar los debates legislativos. La transmisión de la sesión por cualquier medio se concentra en aquel legislador que en ese momento tenga el uso de la palabra, y deja fuera todas las otras acciones o reacciones de los demás legisladores. La expresión silente, la atención aguda de algunos o la desatención de otros durante los debates, son también parte de la fiscalización que el pueblo está llamado a realizar de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, dichos medios, por útiles y valiosos que son, no reemplazan la oportunidad de presenciar personalmente una sesión legislativa.

      254

      Esta conclusión, no obstante, no significa que el derecho de asistir a las sesiones camerales sea absoluto o irrestricto. Desde luego, tiene que estar sujeto a cierta regulación por parte de la Asamblea Legislativa. Esa regulación puede incluir, por ejemplo, limitaciones a la asistencia por razón del cupo de las gradas o el establecimiento de normas claras sobre comportamiento para el público que asiste a las sesiones legislativas. No debemos olvidar que “[t]odo legislador debe preservar la dignidad e influencia del Cuerpo a que pertenece, mediante la observación de una actitud reverente hacia él”. Rigual, op. cit., pág. 205. No se le puede exigir menos al público que visite los hemiciclos camerales.

      255

      En ese tenor, el Presidente del Senado arguye que las acciones alegadamente realizadas por éste el 24 de junio de 2010 de excluir a los fotoperiodistas de los medios de comunicación de Puerto Rico del palco asignado para la prensa, y el 25 de junio de 2010 de excluir del referido *984 palco a todos los representantes de los medios noticiosos, se sostienen a la luz de las prerrogativas que le concede la Regla 26 del Reglamento del Senado, supra, págs. 77–82. Aduce que dicha medida respondió a que un fotoperiodista enfocó y tomó varias fotografías de documentos que se encontraban en el estrado presidencial, referentes a la aprobación del Presupuesto.

      256

      Puesto que una mayoría de este Tribunal no permitió que, mediante una vista evidenciaria, se depuraran los hechos de lo acontecido durante los días finales de la pasada sesión ordinaria, no podemos responsablemente adjudicar la controversia ante nuestra consideración. Sin embargo, sí podemos afirmar que, aun tomando como cierto el argumento del demandado, el comportamiento indebido de un visitante de las sesiones camerales no justifica la exclusión de todos los visitantes y periodistas que allí se dan cita. No es aceptable la violación del derecho a asistir a las sesiones camerales de la totalidad del pueblo, por la actuación errada de uno solo de nuestros compueblanos. Una regulación que permita a cualquier oficial legislativo cerrar las puertas del Parlamento puertorriqueño a toda la ciudadanía, escudándose en la alegada falta de orden de algún ciudadano, se revela irrazonable a la luz de la primacía del derecho restringido. Es preciso recordar que estamos ante un derecho de fundamental importancia, por lo que su regulación no puede ser arbitraria ni caprichosa.

      257

      Ante una situación de desorden en las gradas de los hemiciclos camerales, lo procedente sería suspender la sesión y restaurar la normalidad para la continuación de los trabajos. De hecho, esa es la solución que el propio Reglamento del Senado dispone para situaciones análogas al establecer que “[e]n caso de ocurrir algún desorden en la Sala de Sesiones estando el Senado reunido, el Presidente podrá ordenar la suspensión de la sesión o decretar un receso a fin de tomar la acción que corresponda”. Sec. 6.1(j) del Reglamento del Senado, supra.

      258

      Desconocemos el porqué no se siguió ese procedimiento y, por el contrario, se excluyó a todos los presentes en dicho *985 palco ese día y el próximo día no se permitió la entrada de persona alguna a las gradas o al palco de prensa. Tampoco sabemos por qué el Presidente del Senado no prefirió remover de las instalaciones únicamente al fotoperiodista que presuntamente incurrió en conducta impropia, por ejemplo, cancelando sus beneficios como miembro de la prensa según dispone el mismo Reglamento del Senado en la Sección 26.11, supra. Véase también Art. 3, Párr. 4, Orden Administrativa del Senado Núm. 10-63, pág. 2.

      259

      La expulsión de los ciudadanos del recinto parlamentario y la prohibición de entrada a éste son antagónicas a la aspiración de democracia participativa del pueblo puertorriqueño, plasmado en el Preámbulo de la Constitución. Ese tipo de acciones reviste la labor gubernamental de tonos propios de otros regímenes extraños a nuestra naturaleza como pueblo. Como muy bien expresó el Prof. Efrén Rivera Ramos:

      260

      Permitir que el gobierno maneje los asuntos públicos bajo el manto de secretividad es invitar a la arbitrariedad, la mala administración, la indiferencia gubernamental, la irresponsabilidad pública y la corrupción. Rivera Ramos, supra, pág. 69.

      261

      Igualmente, impedir la cobertura de las sesiones legislativas por los medios de noticias constituye una afrenta a las mejores tradiciones de nuestro sistema de gobierno. Recordemos que “[e]n la esfera política, los medios informativos han sido llamados con propiedad ‘la cuarta rama del gobierno’, nombre que describe la función del periodismo como guardián fiel y motivador de las otras tres ramas”. Oliveras v. Paniagua Diez, 115 D.P.R. 257, 264 (1984), citando a L. Brown, Responsabilidad Social de la Prensa, México, Eds. Asociados, 1977, pág. 9. Mediante la labor periodística, se educa al público, se ofrecen críticas, se le brinda a la ciudadanía un foro para la discusión y el debate, y se le facilita al ciudadano las noticias que por sí y como individuos no pueden o desean compilar. Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 D.P.R. 153, 159 (1986). Dicha función informativa no se puede realizar adecuadamente si *986 el Estado mantiene los asuntos públicos bajo un manto de confidencialidad y misterio.

      262

      Debemos recalcar que, además del aspecto informativo de la prensa, ésta goza igualmente de un aspecto social y político importantísimo para la vida de la comunidad, pues ella es el vehículo mediante el cual se manifiesta la opinión pública y las relaciones del ciudadano y el Estado. L. Muñoz Morales, Lecciones de Derecho Constitucional, Río Piedras, Junta Editora de la Universidad de Puerto Rico, 1949, T. I, págs. 141–142. La prensa es un instrumento necesario no sólo para recoger y difundir esa opinión pública, sino también para encauzarla, siendo herramienta esencial del pueblo para influenciar a quienes se les ha delegado el poder y el privilegio de gobernarnos. Para cumplir con tan valiosa y delicada empresa, es necesario que los medios periodísticos tengan acceso a los centros de los cuales fluye la información de la gesta pública, como lo son los hemiciclos camerales. Así lo entendió la Asamblea Constituyente al ordenar, mediante la Sección 11 del Artículo III de la Constitución, supra, que las sesiones camerales fueran públicas y así debemos, como intérpretes de ese documento histórico, reconocerlo.

      263

      A pesar de todo lo anterior, este Tribunal hoy desoye un reclamo novel, apremiante y justiciable de talante fundamental. El acceso de la ciudadanía y la prensa a las sesiones legislativas no es poca cosa. Es necesario para el mejor funcionamiento de nuestro sistema de democracia representativa y así lo conmina el documento que todo funcionario público, incluyendo el Presidente del Senado, juró obedecer y defender: la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En vista de que difiero del criterio mayoritario, pues estimo que estamos ante una controversia justiciable relacionada a un mandato constitucional, enérgicamente, disiento.    

  • 3 LOS PODERES DE LOS ESTADOS

    • 3.1 ELA v. Northwestern Selecta, 185 DPR 40 (2012)

      Comercio Interestatal

      1

      EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR FELIBERTI CINTRÓN emitió la opinión del Tribunal.

      2

       

      3

      La controversia planteada a través de este recurso incide en las limitaciones a la facultad reguladora del Gobierno de Puerto Rico (Gobierno) en aquellos asuntos donde se ve afectado el comercio interestatal. Ésta se circunscribe a determinar si es constitucional una ley que impone a una parte pagar contribuciones que culminan en el financiamiento de una campaña publicitaria que atenta contra sus intereses económicos. Para poder atenderla nos toca resolver en esta ocasión si la Cláusula de Comercio de la Constitución de Estados Unidos de América (Constitución Federal), en su aspecto durmiente, aplica a Puerto Rico.

      4

       

      5

      I

      6

      La controversia tiene su génesis en una demanda en cobro de dinero instada por el Gobierno, a través del Secretario de Hacienda, para reclamar de Northwestern Selecta, Inc. (Northwestern o la peticionaria), en su calidad de importadora de carne de res en Puerto Rico, el pago de aportaciones presuntamente adeudadas al Fondo para el Fomento de la Industria de la Carne de Res (Fondo), según provisto en la Ley Núm. 95-1992 (5 L.P.R.A. secs. 30013012) (Ley Núm. 95).

      7

      Northwestern, por su parte, ha resistido reiteradamente los intentos de cobro del Gobierno alegando como defensa, entre otros, la inconstitucionalidad de la Ley Núm. 95.

      8

      Los argumentos legales interpuestos por la peticionaria como fundamento para oponerse al pago de la deuda en cuestión fueron descartados por el foro primario. A estos efectos, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) denegó la solicitud de sentencia sumaria sometida por Northwestern y en su lugar concedió la contrapropuesta del Gobierno, validando *49 de este modo el cobro de los dineros ascendentes a trescientos un mil quinientos veintiséis dólares con veintiocho centavos ($301,526.28).

      9

      Por su parte, el Tribunal de Apelaciones no encontró vicio constitucional en el estatuto en controversia al amparo de la primera enmienda de la Constitución Federal. Asimismo, declinó entrar a considerar su impugnación a base de la Cláusula de Comercio en su estado durmiente por no haberse presentado dicho cuestionamiento oportunamente ante el foro primario y por existir alternativas dispositivas del caso. Tampoco encontró justificación legal para impedir el ingreso de los dineros recaudados al amparo de la Ley Núm. 95 a un fondo creado en virtud de la Ley Núm. 238-1996 (5 L.P.R.A. secs. 30513061) (Ley Núm. 238). Por último, dispuso que la deuda según decretada por el TPI era correcta, por lo que Northwestern estaba obligada a satisfacer el monto total reclamado por el Departamento de Hacienda.

      10

      Inconforme, la parte peticionaria acude ante nos señalando los errores siguientes:1

      11

      1

       

      Como discutiremos más adelante, solamente atenderemos el primer y tercer error señalados.

       

      12

       

      13

      PRIMER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al determinar que la intención legislativa de la derogada Ley 95, según implantada, no era promocionar la carne de res del país para contrarrestar el efecto negativo ocasionado por las importaciones de carne a Puerto Rico. El tribunal basó su determinación en el texto escrito de la ley núm. 95; no en su historial legislativo ni en su aplicación.

      14

      ........

      15

      TERCER ERROR: Erró el honorable Tribunal de Apelaciones al negarse a considerar que el pago de la aportación ordenada por el tribunal de primera instancia viola la cláusula de comercio interestatal de la constitución de los Estados Unidos en su “estado durmiente” [“dormant commerce clause”]. Petición de certiorari, págs. 5–6.

      16

      Evaluado el recurso, acordamos expedir. Contando con *50 el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver sin trámite ulterior.

      17

       

      18

      II

      19

      En su escrito, la parte peticionaria plantea que la interpretación dada por el Tribunal de Apelaciones a la Ley Núm. 95 resulta contraria a su historial legislativo. En apoyo a su postura, Northwestern sostiene que la Ley Núm. 95 es inconstitucional al utilizarse dineros del Fondo para la promoción exclusiva de la industria pecuaria local, contrario a los intereses de los importadores de carne de res, y menoscabando de este modo sus garantías constitucionales a la libre asociación y expresión. Argumenta también que la aportación preceptuada por dicha disposición estatutaria contraviene la Cláusula de Comercio de la Constitución Federal en su estado durmiente. Por último, impugna la validez de la Ley Núm. 238 en tanto y en cuanto requiere que los dineros previamente aportados por los importadores de carne conforme a la Ley Núm. 95 sean asignados a un fondo constituido por operación del estatuto promulgado.

      20

       

      21

      III

      22

      Ley Núm. 95 y Ley Núm. 238

      23

      A. Ley Núm. 95

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      1. Oficina de la Reglamentación

      26

      [1] La Ley Núm. 95, conocida como Ley para Crear la Oficina de la Reglamentación y Promoción de la Industria de la Carne de Res, fue aprobada el 29 de noviembre de 1992 y estuvo en vigor hasta el 31 de diciembre de 1996. En términos generales, las funciones encomendadas a la *51 entidad creada iban dirigidas a “poner en vigor programas y medidas orientadas a propiciar el desarrollo de una industria ganadera, próspera, así como resolver diferentes situaciones o problemas relacionados con la producción, promoción, distribución y venta de la carne de res”. Art. 3 de la Ley Núm. 95 (5 L.P.R.A. sec. 3002). Con el objetivo de asegurar el “desarrollo y fortalecimiento de la industria de la carne de res en Puerto Rico”, se delegó en la Oficina de la Reglamentación y Promoción de la Industria de la Carne de Res (Oficina de la Reglamentación) las encomiendas siguientes:

      27

      (1) Promover la producción y consumo de carne de res, así como estimular y fortalecer el establecimiento de nuevas unidades de producción a ser administradas individualmente o mediante cooperativa, sociedades, corporaciones o grupo de personas.

      28

      (2) Promover el mercadeo ordenado tanto de la carne de res producida localmente así como la importada.

      29

      (3) Ofrecer a los productores, así como a los importadores de carne de res los servicios de asesoramiento técnico en las áreas de producción, venta, mercadeo, importación y en las prácticas de administración de unidades productoras. Art. 4 de la Ley Núm. 95 (5 L.P.R.A. sec. 3003).

      30

       

      31

      Del propio texto del estatuto se deduce su propósito dual de beneficiar tanto la industria local como los intereses de los importadores. Ello se consigna al (1) procurar atender las necesidades de los productores locales, (2) aumentar las ventas a través de un mercadeo sistematizado, a la vez de (3) proveer asesoramiento técnico. Estas dos últimas encomiendas sirven de provecho igualmente a los importa dores.

      32

      [2] Conforme al esquema estatutario, la Oficina de la Reglamentación quedó a cargo de un Administrador nombrado por el Secretario de Agricultura. Art. 5 de la Ley Núm. 95 (5 L.P.R.A. sec. 3004). Entre sus funciones se destacan: promover iniciativas dirigidas al consumidor; procurar *52 una mayor participación de los productores e importadores en las iniciativas gubernamentales atinentes a la producción y mercadeo; recopilar y publicar información pertinente y estadísticas para la evaluación de la política pública e investigar las transacciones y relaciones comerciales de los diversos componentes de la industria local, así como los importadores. Art. 6 de la Ley Núm. 95 (5 L.P.R.A. sec. 3005).

      33

       

      34

      2. Fondo para el Fomento de la Industria de la Carne de Res

      35

      [3] Con el propósito de adelantar el cumplimiento de los objetivos de propulsar el mejoramiento de este renglón de la economía, la Ley Núm. 95 conjuntamente decretó la creación del Fondo. Según estatuido, el presupuesto del Fondo provendría de dineros aportados tanto por los productores como los importadores de carne conforme a la fórmula siguiente: (1) cuatro dólares con catorce centavos ($4.14) por cada animal sacrificado en matadero; (2) un centavo (1¢) por libra de carne de res importada y (3) un dólar ($1) por cada ternero sacrificado en matadero. Art. 9 de la Ley Núm. 95 (5 L.P.R.A. sec. 3008).

      36

       

      37

      Se facultó al Secretario de Hacienda a cobrar las aportaciones establecidas por ley sobre la carne de res importada. Art. 11 de la Ley Núm. 95 (5 L.P.R.A. sec. 3010).

      38

      El 10% de las cantidades recaudadas fueron destinadas a la Oficina de la Reglamentación para cubrir sus gastos administrativos y operacionales. Art. 4 de la Ley Núm. 95, supra. Por otra parte, se dispuso que los dineros allegados debían de ser utilizados “para la promoción de la producción, venta, elaboración y consumo de la carne de res, y toda otra gestión necesaria para el progreso de la industria de la carne de res”. Art. 9 de la Ley Núm. 95, supra. *53

      39

      La administración del Fondo recayó sobre una Junta Administrativa (Junta Administrativa) constituida por el Administrador, en calidad de miembro ex officio, dos representantes de los importadores y tres de los productores, así como un representante del interés público. Una vez constituida dicha Junta Administrativa, ésta nombraría su Presidente. Art. 10 de la Ley Núm. 95 (5 L.P.R.A. sec. 3009).

      40

      B. Ley Núm. 238

      41

      1. Oficina de Ordenamiento de las Industrias Agropecuarias de Puerto Rico

      42

      [4] Aproximadamente cuatro años más tarde,2 en virtud de la Ley Núm. 238, conocida como Ley para el Ordenamiento de las Industrias Agropecuarias de Puerto Rico, se derogaron todas aquellas disposiciones de la Ley Núm. 95 que se hallaran en conflicto con el nuevo estatuto. La Ley Núm. 238 dispuso para la creación de la Oficina de Ordenamiento de las Industrias Agropecuarias de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Agricultura. Art. 3 de la Ley Núm. 238 (5 L.P.R.A. sec. 3052).

      43

       

      44

      2

       

      La Ley Núm. 238 entró en vigor el 1 de enero de 1997. Art. 15 de la Ley Núm. 238.

       

      45

       

      46

      Dirigida a promover el desarrollo de las industrias agropecuarias en la Isla, con particular énfasis en el mercadeo de sus productos, la Ley Núm. 238 cambió el enfoque que perseguía la Ley Núm. 95. El nuevo estatuto se circunscribió a atender la gestión empresarial local en el sector agropecuario, dejando fuera de su ámbito el quehacer comercial de los importadores de carne de res. Asimismo, organizó su esfera de poder aglutinando al amparo de su competencia diversas industrias relacionadas a este renglón de la economía, entre ellas, la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera, la Oficina para la Promoción y Reglamentación *54 de la Agroindustria del Caballo de Paso Fino de Puerto Rico, la Oficina de la Reglamentación y Promoción de la Carne de Res y el Consejo de la Industria Pesquera y Acuicultura.

      47

      Se autorizó al Secretario de Agricultura a transferir los programas antes mencionados, todos relacionados a la Industria Agropecuaria de Puerto Rico, al amparo de la jurisdicción de la Oficina de Ordenamiento de la Industria Agropecuaria. Para hacer viable el proyecto de desarrollo económico establecido en la ley, cada una de las industrias que quedara adscrita a dicha oficina crearía un fondo dirigido a promover la producción y comercialización de sus productos, encomienda que se lograría mediante la transferencia de sus correspondientes asignaciones presupuestarias a ese nuevo fondo. Arts. 7 y 12 de la Ley Núm. 238 (5 L.P.R.A. secs. 3056 y 3061). La Junta Administrativa del Fondo constituida en virtud de la Ley Núm. 95 pasaría a ser el cuerpo directivo del programa equivalente al amparo de la Oficina de Ordenamiento de la Industria Agropecuaria, una vez ésta fuese reestructurada conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 238. Art. 2 de la Ley Núm. 238 (5 L.P.R.A. sec. 3051 n.).

      48

       

      49

      IV

      50

      Como fundamento para dejar sin efecto la determinación recurrida, Northwestern aduce un total de cuatro errores alegadamente cometidos por el foro apelativo intermedio. Por las razones que procedemos a enunciar más adelante, atenderemos únicamente el primer y el tercer error que transcribiéramos anteriormente, según esbozados por Northwestern en su alegato.3 Debido a que ambos *55 señalamientos están íntimamente relacionados entre sí, los discutiremos de manera integrada.

      51

      3

       

      En el segundo error se cuestiona la constitucionalidad de la Ley Núm. 95 a la luz de los derechos a la libre asociación y expresión, mientras que en el cuarto señalamiento la peticionaria aduce que es ilegal que los dineros que le son requeridos mediante la Ley Núm. 95 pasen al fondo creado por la Ley Núm. 238 para uso exclusivo de los intereses de la industria de carne local.

       

      52

       

      53

      La peticionaria cuestionó por primera vez la validez de la Ley Núm. 95 a la luz de los principios rectores que emanan de la Cláusula de Comercio de la Constitución Federal durante el trámite apelativo. No se presentó este argumento como parte de los procedimientos en instancia, por lo que el Tribunal de Apelaciones rehusó considerar sus méritos.4

      54

      4

       

      En su alegato, el Gobierno se limitó a objetar nuestra consideración de dicho planteamiento, sin entrar a discutir los méritos de éste.

       

      55

       

      56

      [5] Aunque como regla general un tribunal apelativo no debe entrar a resolver cuestiones no planteadas a nivel de instancia, repetidamente hemos reafirmado el principio rector de que en miras de impartir justicia, un “tribunal apelativo tiene la facultad inherente de considerar y resolver errores patentes que surjan de un recurso aun cuando éstos no hayan sido presentados por las partes”. S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 D.P.R. 843, 851 (2008), citando a Hernández v. Espinosa, 145 D.P.R. 248, 264 (1998). Véase, además, Hons. Castro, Cabán v. Depto. de Justicia, 153 D.P.R. 302, 312 (2001).

      57

       

      58

      Ya desde Piovanetti v. Vivaldi, 80 D.P.R. 108, 121–122 (1957), reconocimos que la norma de rechazar cuestiones no planteadas o resueltas por los tribunales inferiores no es un dogma inquebrantable. Véanse, además: Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 D.P.R. 1, 46–47 (1989); Sánchez v. Eastern Air Lines, Inc., 114 D.P.R. 691, 694–695 (1983); Santiago Cruz v. Hernández Andino, 91 D.P.R. 709, 711 (1965).

      59

      Según hemos explicado, dicha máxima restrictiva debe aplicarse con gran cautela, apartándose de los rigores e inflexibilidad de una regla automática. Santiago Cruz v. *56 Hernández Andino, supra, pág. 711; Piovanetti v. Vivaldi, supra, pág. 122.

      60

      De ahí que si la cuestión planteada por primera vez en apelación no suscita ninguna controversia de hecho, y por el contrario, sólo envuelve una cuestión de derecho cuya solución basta para dictar en apelación un fallo final, no podríamos negarnos a considerarla sin faltar a nuestro deber de impartir justicia y de hallar en cada litigio la verdad. Piovanetti v. Vivaldi, supra, pág. 122.

      61

      La controversia suscitada en este recurso gira en torno a un asunto de gran trascendencia para nuestro ordenamiento, lo que nos induce a manifestarnos finalmente de manera directa y contundente sobre la Cláusula de Comercio y sus efectos en nuestra jurisdicción. Consideramos apropiado este caso para dilucidar dicha problemática, ya que no se encuentran presentes hechos en controversia relacionados con este planteamiento en particular, lo que limita nuestra labor a una de estricto derecho.

      62

       

      63

      V

      64

      Cláusula de Comercio en su “estado durmiente”

      65

       

      66

      Previo a dilucidar el asunto medular de si aplica a Puerto Rico la Cláusula de Comercio de la Constitución Federal en su versión durmiente o negativa, juzgamos pertinente precisar en qué consiste.

      67

      [6] La potestad del Congreso de Estados Unidos (Congreso) para regular el comercio entre los estados, así como con naciones extranjeras, aparece conferida taxativamente en el Art. I, Sec. 8 de la Constitución Federal, L.P.R.A., Tomo 1.5 Dicha disposición constitucional, conocida *57 comúnmente como la Cláusula de Comercio, ha servido a través de los años como fuente amplia del poder reglamentario de la rama legislativa federal. L.H. Tribe, American Constitutional Law, 3ra ed., Nueva York, Foundation Press, 2000, Vol. 1, págs. 807–808; E. Chemerinsky, Constitutional Law, Principles and Policies, 4ta ed., Nueva York, Aspen Publishers, 2010, págs. 238–239.

      68

       

      69

      5

       

      La Cláusula de Comercio dispone que el Congreso tendrá la facultad “[p]ara reglamentar el comercio con naciones extranjeras, así como entre los estados y con las tribus indias”. Art. 1, Sec. 8, Const. EE.UU., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 167.

       

      70

       

      71

      A pesar de que la Constitución Federal no establece restricción alguna a la injerencia de los estados en el comercio interestatal, hace ya más de un siglo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos (Tribunal Supremo federal) decretó que, en vista de la facultad congresional específicamente adscrita, existen unas prohibiciones implícitas al poder de los estados en este renglón. Cooley v. Board of Wardens, 53 U.S. 299 (1851).

      72

      Esta limitación regulatoria se ha denominado como el aspecto “durmiente” o “negativo” de la Cláusula de Comercio y surge como contraparte al poder que le ha sido conferido expresamente al Congreso a través de dicho precepto constitucional. Department of Revenue of Ky. v. Davis, 553 U.S. 328, 337–338 (2008); United Haulers Assn., Inc. v. Oneida-Herkimer Solid Waste Management Authority, 550 U.S. 330, 338 (2007); American Trucking Assns., Inc. v. Michigan Pub. Serv. Comm’n, 545 U.S. 429, 433 (2005).

      73

      Por su parte, James Madison, considerado como el padre de la Constitución Federal, consideró el aspecto negativo de la Cláusula de Comercio como el más importante. A estos efectos, indicó que la Cláusula de Comercio se redactó como medida para atender el abuso de poder ejercitado por los estados al imponer cargas tarifarias sobre los productos provenientes de los otros estados. Explicó que, más que concederle autoridad al Gobierno central, tenía como fin prevenir la injusticia entre los propios estados. West Lynn Creamery, Inc. v. Healy, 512 U.S. 186, 193 esc. 9 (1994). *58

      74

      [7] A. A través de los años el Tribunal Supremo federal ha utilizado diversas teorías para apoyar el desarrollo de la doctrina de la Cláusula de Comercio en su aspecto durmiente.

      75

       

      76

      Inicialmente, ésta surge como medida para atender los efectos económicos adversos en el colectivo de la nación norteamericana sobrevenidos como resultado de los intentos de proteccionismo económico de los estados individuales. Es decir, pretendía desalentar aquellas disposiciones reglamentarias dirigidas a beneficiar los intereses económicos dentro del estado que imponían cargas o restricciones a los competidores de fuera de sus lindes geográficos. A tales efectos, se destaca la importancia de operar conjuntamente como una nación, a la vez que se le reconoce cierto grado de autonomía fiscal a sus componentes. En otras palabras, en términos económicos los Estados Unidos son una sola nación. “[The Constitution] was framed upon the theory that the peoples of the several states must sink or swim together, and that in the long run prosperity and salvation are in union and not division”. Baldwin v. G.A.F. Seelig, Inc., 294 U.S. 511, 523 (1935). Véanse, además: American Trucking Assns., Inc. v. Michigan Pub. Serv. Comm’n, supra, pág. 433; West Lynn Creamery, Inc. v. Healy, supra, pág. 206. “This principle that our economic unit is the Nation, which alone has the gamut of powers necessary to control of the economy, including the vital power of erecting customs barriers against foreign competition, has as its corollary that the states are not separate economic units”. H.P. Hood & Sons, Inc. v. Du Mond, 336 U.S. 525, 537–538 (1949).

      77

      Los efectos perjudiciales que la doctrina quiere evitar han sido denominados por el Tribunal Supremo federal como “aislamiento” o “balcanización”, y las medidas impugnadas han sido analizadas a la luz de la necesidad apremiante de alcanzar el beneficio común sobre el de cada *59 estado individual. “The point is to effectuate the Framers’ purpose to prevent a State from retreating into the economic isolation that had plagued relations among the Colonies and later among the States under the Articles of Confederation”. (Citas, comillas y corchetes omitidos). Department of Revenue of Ky. v. Davis, supra, pág. 338. Véase, además, West Lynn Creamery, Inc. v. Healy, supra, pág. 202.

      78

      This mandate reflects a central concern of the Framers that was an immediate reason for calling the Constitutional Convention: the conviction that in order to succeed, the new Union would have to avoid the tendencies toward economic Balkanization that had plagued relations among the Colonies and later among the States under the Articles of Confederation. (Cita, comillas y corchetes omitidos). Granholm v. Heald, 544 U.S. 460, 472 (2005). Véanse, además: Department of Revenue of Ky. v. Davis, supra, págs. 337–338; Wardair Canada, Inc. v. Florida Dept. of Revenue, 477 U.S. 1, 7 (1986).

      79

      Parte de lo que se persigue al proscribir el proteccionismo es evitar represalias de los otros estados generadas en respuesta al trato desigual brindado a sus residentes por un estado hermano, lo cual socavaría los designios del esquema constitucional federal. “The central rationale for the rule against discrimination is to prohibit state or municipal laws whose object is local economic protectionism, laws that would excite those jealousies and retaliatory measures the Constitution was designed to prevent”. C & A Carbone, Inc. v. Clarkstown, 511 U.S. 383, 390 (1994).

      80

      Igualmente, se protege la libertad de movimiento de los bienes entre los estados y los demás componentes de la Nación Americana salvaguardando el libre acceso y competencia de los mercados constituidos por estos.

      81

      Our system, fostered by the Commerce Clause, is that every farmer and every craftsman shall be encouraged to produce by the certainty that he will have free access to every market in the Nation, that no home embargoes will withhold his exports, *60 and no foreign state will by customs duties or regulations exclude them. Likewise, every consumer may look to the free competition from every producing area in the Nation to protect him from exploitation by any. Such was the vision of the Founders; such has been the doctrine of this Court which has given it reality. H.P. Hood & Sons, Inc. v. Du Mond, supra, pág. 539; West Lynn Creamery, Inc. v. Healy, supra, págs. 206–207.

      82

      Por otro lado, se le ha permitido a los estados imponer medidas no discriminatorias siempre y cuando éstas sean aplicadas de forma neutral aunque acarreen algún efecto adverso sobre el comercio interestatal. Ello, en parte, por entender que los intereses afectados dentro del estado operan como salvaguarda contra el posible abuso legislativo ejercitado hacia los residentes de otros estados. West Lynn Creamery, Inc. v. Healy, supra, pág. 200.

      83

      [8] Cabe notar que las restricciones concomitantes a la Cláusula de Comercio no son de aplicación cuando es el propio estado, en calidad de partícipe en el mercado y no como ente regulador, quien ejercita esta facultad a favor de sus propios ciudadanos. Al amparo de su poder de razón de estado (“police power”), los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger la salud, la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. Es por ello que, tradicionalmente, gozan de gran discreción para legislar sobre asuntos relacionados con estas áreas de interés.

      84

      [A]n exception covers States that go beyond regulation and themselves participate in the market so as to exercise the right to favor their own citizens over others. This market-participant exception reflects a basic distinction between States as market participants and as market regulators. ... When a state or local government enters the market as a participant it is not subject to the restraints of the Commerce Clause. Department of Revenue of Ky. v. Davis, supra, pág. 339. *61

      85

       

      86

       

      87

      VI

      88

      A. De entrada debemos resolver si la Cláusula de Comercio en su estado durmiente aplica a Puerto Rico. Como sabemos, Puerto Rico pasó a formar parte del esquema constitucional de Estados Unidos como resultado de la Guerra Hispanoamericana. Mediante el Tratado de París de 1898, la soberanía de Puerto Rico fue cedida a los Estados Unidos —Art. II, Tratado de París, L.P.R.A., Tomo 1— y se estableció que los derechos de los habitantes de la Isla serían definidos por el Congreso. Íd., Art. IX. De suerte que desde inicios de nuestra relación con Estados Unidos, la manera en la cual la Constitución Federal aplicaría a Puerto Rico fue objeto de intensos debates. Véase J.J. Álvarez González, Derecho constitucional de Puerto Rico y relaciones constitucionales con los Estados Unidos: casos y materiales, Bogotá, Ed. Temis, 2009, págs. 409–410.

      89

      A final de cuentas, le tocó al Tribunal Supremo federal resolver de qué manera aplicaría la Constitución Federal a los nuevos territorios adquiridos a finales del Siglo XIX. Mediante los llamados “Casos Insulares”, el Tribunal Supremo federal decidió que la Constitución no aplicaba en su totalidad ex proprio vigore a todos los territorios. Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244 (1901). Sólo aquellos territorios que hubieran sido “incorporados” a Estados Unidos estarían sujetos en su totalidad a las disposiciones de la Constitución Federal. En el caso de Puerto Rico, mediante opinión dividida, se decidió que este era un territorio no incorporado al cual sólo le aplicarían las cláusulas de naturaleza fundamental de la Constitución Federal. Íd., pág. 291.

      90

      Así las cosas, el Tribunal Supremo federal ha ido paulatinamente estableciendo cuáles cláusulas de la Constitución Federal son de naturaleza fundamental y, por ende, de aplicación a Puerto Rico. Así, se ha resuelto que aplica a la *62 Isla la protección a la libertad de expresión de la Primera Enmienda, Posadas de Puerto Rico Associates v. Tourism Co. of Puerto Rico, 478 U.S. 328 (1986), la protección contra registros y allanamientos irrazonables, Torres v. Com. Puerto Rico, 442 U.S. 465 (1979), la garantía a un debido proceso de ley, Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., 416 U.S. 663 (1974), la garantía de igual protección de las leyes, Examining Bd. v. Flores de Otero, 426 U.S. 572 (1976), y la cláusula de suspensión del hábeas corpus, Boumediene v. Bush, 553 U.S. 723 (2008).

      91

      En cuanto a la Cláusula de Comercio Interestatal, inicialmente rechazamos su injerencia en nuestro ordenamiento por entender que la relación de Puerto Rico con Estados Unidos estaba cimentada en la Cláusula Territorial de la Constitución Federal.6 Siguiendo esta línea de pensamiento, concluimos que “contrario al efecto que tiene [la Cláusula de Comercio] sobre el poder de las legislaturas estatales, [dicha disposición] no restringe el poder de la legislatura insular ...”. Ballester Hnos. v. Tribunal de Contribuciones, 66 D.P.R. 560, 566–567 (1946).

      92

      6

       

      El Art. IV, Sec. 3, Cl. 2 de la Constitución Federal provee lo siguiente: “The Congress shall have Power to dispose of and make all needful Rules and Regulations respecting the Territory or other Property belonging to the United States; and nothing in this Constitution shall be so construed as to Prejudice any Claims of the United States, or of any particular State”.

       

      93

       

      94

      Posteriormente, en R.C.A. v. Gobierno de la Capital, 91 D.P.R. 416 (1964), sostuvimos que la Cláusula de Comercio no aplicaba a Puerto Rico ex proprio vigore. En ese momento, a mediados del siglo pasado, apuntamos que luego de la cesión de Puerto Rico a Estados Unidos mediante el Tratado de París, a diferencia de otras comunidades, no se hicieron extensivas en su totalidad las disposiciones constitucionales a la Isla. Mencionamos también que expresamente se excluyeron de aplicación a Puerto Rico la Ley sobre Comercio Interestatal, así como sus enmiendas, al igual que la Ley para Regular el Comercio, aprobada el 4 *63 de febrero de 1887 y las leyes enmendatorias de la misma.7 Añadimos que tampoco se hicieron extensivas las leyes de rentas internas federales.8

      95

      7

       

      Actualmente consignado en el Art. 38 de la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico (Ley de Relaciones Federales), L.P.R.A., Tomo 1, Sec. 38.

       

      96

       

      97

      8

       

      Art. 9 de la Ley de Relaciones Federales, L.P.R.A., Tomo 1, Sec. 9.

       

      98

       

      99

      Subsiguientemente, aplicamos lo señalado en R.C.A. v. Gobierno de la Capital, supra, en otra jurisprudencia. Véase South P.R. Sugar Corp. v. Com. Servicio Pub., 93 D.P.R. 12, 15–16 (1966) (donde resolvimos que de todos modos la medida impugnada no constituía “una carga irrazonable, discriminatoria u onerosa sobre el comercio interestatal ...”). Mientras, en M. & B.S., Inc. v. Depto. de Agricultura, 118 D.P.R. 319 (1987), sostuvimos la validez de la reglamentación de cierta leche importada conforme a la normativa federal sobre la Cláusula de Comercio, haciendo la observación de que dicho resultado hacía innecesario resolver su aplicabilidad a Puerto Rico.

      100

      Sin embargo, nuestra decisión en R.C.A. v. Gobierno de la Capital, supra, comenzó a cuestionarse posteriormente por varios miembros de este Tribunal. Así, por ejemplo, en E.L.A. v. Supermercados Amigo, 170 D.P.R. 459, 460–470 (2007) (Sentencia), el Juez Asociado Señor Efraín Rivera Pérez emitió una opinión disidente en la cual cuestionó por qué el Tribunal se negó en esa ocasión a revisar la decisión de R.C.A. v. Gobierno de la Capital, supra. Íd., págs. 460–461. Además, expresó el Juez Asociado Señor Rivera Pérez que, a su entender, la Cláusula de Comercio en su estado durmiente se extendía a Puerto Rico a través de la Ley de Relaciones Federales. Íd., pág. 467.

      101

      Posteriormente, el Juez Asociado Señor Francisco Rebollo López se insertó al debate sobre la validez de nuestra decisión en R.C.A. v. Gobierno de la Capital, supra. En su opinión de conformidad en Asoc. Importadores de Cerveza *64 v. E.L.A., 171 D.P.R. 140, 143–172 (2007) (Sentencia), expresó el Juez Asociado Señor Rebollo López que

      102

      ... dadas las circunstancias particulares de nuestra relación con Estados Unidos, los argumentos a favor de la aplicación a Puerto Rico de la cláusula de comercio, en su estado durmiente, son más persuasivos que los argumentos en contra.

      103

      ........

      104

      [E]ntendemos que la doctrina relativa al estado durmiente de la cláusula de comercio de la Constitución de Estados Unidos aplica al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según lo ha desglosado el Tribunal Supremo federal. (Énfasis en original). Íd., págs. 159 y 161.

      105

      B. A nivel federal, la discusión sobre este tema, aunque abundante, es diametralmente opuesta a lo que decidimos en R.C.A. v. Gobierno de la Capital, supra.

      106

      Inicialmente, en Lugo v. Suazo, 59 F.2d 386, 390 (1er Cir. 1932), se dictaminó sin discusión alguna que la Cláusula de Comercio no era extensiva a Puerto Rico. Luego, en Sancho v. Bacardí Corporation of America, 109 F.2d 57, 62–63 (1er Cir. 1940), se indicó que dicha disposición constitucional no aplicaba, ya que Puerto Rico no era un estado de la Unión, sino que la facultad legislativa sobre la Isla residía en la Cláusula Territorial. Finalmente, en Buscaglia v. Ballester, 162 F.2d 805, 806–807 (1er Cir. 1947), se rechazó la aplicación a Puerto Rico de la Cláusula de Comercio tanto en su versión activa como durmiente por no ser éste un estado, sino un territorio organizado no incorporado de Estados Unidos.

      107

      No obstante, en Trailer Marine Transport Corp. v. Rivera Vázquez, 977 F.2d 1 (1er Cir. 1992), se revocó el dictamen de Buscaglia v. Ballester, supra. El Tribunal de Apelaciones federal para el Primer Circuito determinó que las relaciones constitucionales entre Estados Unidos y Puerto Rico habían evolucionado al punto de asemejarse a un estado con su propio sistema republicano de gobierno, lo que lo colocaba dentro del ámbito de la Cláusula de Comercio durmiente. *65

      108

      We think that the force of the reasoning in Buscaglia has been sapped by events since that decision. However the matter may have appeared in 1947, certainly since 1952 Puerto Rico has had sufficient effective autonomy to classify it as something more than the mere agent of Congress and thus bring it within the dormant Commerce Clause doctrine. Trailer Marine Transport Corp. v. Rivera Vázquez, supra, pág. 9.

      109

      El tribunal indicó que el propósito de la legislación federal del 1950 y 1952 atinente a Puerto Rico fue conceder a la Isla un grado de autonomía e independencia normalmente asociada con los estados de la Unión. Trailer Marine Transport Corp. v. Rivera Vázquez, supra, págs. 8–9. Asimismo, razonó el referido foro que los propósitos que alientan la doctrina de la Cláusula de Comercio durmiente, tales como la integración económica y evitar la interferencia con el flujo del comercio nacional, aplican igualmente a la relación de Puerto Rico con Estados Unidos.

      110

      La doctrina expuesta en Trailer Marine Transport Corp. v. Rivera Vázquez, supra, sigue vigente y es aplicada consecuentemente por los tribunales federales. Véanse: Antilles Cement Corp. v. Acevedo Vilá, 408 F.3d 41 (1er Cir. 2005); Walgreen Co. v. Rullán, 405 F.3d 50 (1er Cir. 2005); Starlight Sugar, Inc. v. Soto, 253 F.3d 137 (1er Cir. 2001).

      111

      C. La discusión sobre este tema se ha extendido entre exmiembros de esta Curia y profesores de derecho quienes, a pesar de utilizar teorías diferentes, en su mayoría coinciden en que existen limitaciones al poder reglamentario de Puerto Rico en materia del comercio interestatal. Opina el otrora Juez Asociado Señor Raúl Serrano Geyls:

      112

      En lo que toca a Puerto Rico, aunque ha habido intensos debates sobre la aplicación de la Cláusula de Comercio a nuestro país ... no hay duda de que, independientemente de las justificaciones teóricas, las normas establecidas por el Tribunal Supremo federal para los estados rigen en Puerto Rico por razón de que el Congreso desde 1900 incluyó a la Isla en el sistema de comercio estadounidense. R. Serrano Geyls, Derecho *66 constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, [San Juan], Colegio de Abogados de Puerto Rico—Instituto de Educación Práctica, 1986, Vol. 1, pág. 341.

      113

      En su libro de reciente publicación, el Prof. José Julián Álvarez González cuestiona que Puerto Rico tenga la capacidad de promulgar reglamentaciones vedadas a los estados, lo que equivaldría a reconocerle más autonomía que la que éstos poseen. A esos efectos ha expresado “[q]ue la ley federal de comercio interestatal no aplique a Puerto Rico, por voluntad del Congreso, no significa necesariamente que tampoco apliquen las limitaciones que surgen de la propia cláusula de comercio”. (Énfasis en original). Álvarez González, op. cit., pág. 574.

      114

      Asimismo, el profesor Álvarez González también ha indicado lo siguiente:

      115

      La doctrina de incorporación territorial se inventó para permitir al gobierno federal tratar con Puerto Rico libre de muchas de las ataduras que la Constitución federal impone a ese gobierno. De ello no se infiere —ni lógicamente ni de forma alguna— que esa doctrina sirva o pueda servir para liberar al gobierno de Puerto Rico frente al poder federal. (Énfasis en original). Álvarez González, op. cit., pág. 575.

      116

      Por su parte, el Prof. David M. Helfeld coincide con la premisa de que no se le puede permitir a Puerto Rico interferir con el comercio interestatal o profesar el aislamiento económico cuando dicha conducta le está prohibida a los estados. Al mismo tiempo, hace mención de las limitaciones implantadas por la Sec. 3 de la Ley de Relaciones Federales que prohíben tanto la imposición de tarifas a las exportaciones a Estados Unidos como impuestos discriminatorios a artículos importados de los Estados Unidos o el extranjero frente a aquellos producidos o manufacturados en la Isla. D.M. Helfeld, How Much of the Federal Constitution is Likely to be Held Applicable to the Commonwealth of Puerto Rico?, 39 Rev. Jur. U.P.R. 169, 190 (1970). *67

      117

      D. No cabe duda que a través de los años la relación de Puerto Rico y Estados Unidos ha ido evolucionando y se ha fortalecido de diversas maneras. En múltiples ocasiones, el Tribunal Supremo federal ha expresado que Puerto Rico debe ser tratado como si fuera un estado para propósitos constitucionales o de aplicación estatutaria.

      118

      Así, por ejemplo, el Tribunal expresó en Rodríguez v. Popular Democratic Party, 457 U.S. 1, 8 (1982), que Puerto Rico, al igual que los estados federados, puede decidir la manera en que llena vacantes en las cámaras legislativas. Por su parte, en Alfred L. Snapp & Son, Inc. v. Puerto Rico, ex rel., Barez, 458 U.S. 592 (1982), se decidió que Puerto Rico puede ejercer su poder de parens patrie para asegurar que los beneficios del sistema federal no sean negados a sus ciudadanos como si fuera un estado.

      119

      A base de esto, nos parecen acertadas las expresiones de la ex Jueza Asociada del Tribunal Supremo federal Sandra Day O’Connor en United States v. Laboy-Torres, 553 F.3d 715 (3er Cir. 2009):

      120

      It is thus not surprising that “although Puerto Rico is not a state in the federal Union, ‘it ... seems to have become a State within a common and accepted meaning of the word.’ ” Consistent with this common and accepted understanding, Congress frequently uses the term “State” to refer also to Puerto Rico. ... More significantly, when Congress fails explicitly to refer to Puerto Rico, courts must nonetheless inquire whether it intended to do so. ... Conducting this inquiry, courts routinely conclude that Congress intended to include Puerto Rico even when a statute is silent on that front. ... (Citas internas omitidas y énfasis suplido). Íd., pág. 721.

      121

      Amparados en que Puerto Rico es considerado por la jurisprudencia federal en la mayoría de las ocasiones como si fuese un estado de la Unión federal, pasamos a considerar el asunto medular de esta Opinión: ¿Aplica la Cláusula de Comercio en su estado durmiente a Puerto Rico?

      122

      [9] Como ya discutimos, la Cláusula de Comercio es *68 una de las más eminentes delegaciones de poder que se hizo al Congreso de Estados Unidos. Su vertiente negativa o durmiente representa la herramienta principal del esquema constitucional para prohibir la balcanización entre los componentes de la federación. Por ende, y ante la cada vez mayor integración de Puerto Rico al sistema federal, la justificación para la aplicación de esa Cláusula a la Isla es sencilla.

      123

       

      124

      Si en términos prácticos Puerto Rico se asemeja a un estado, le deben aplicar igualmente las limitaciones que recaen sobre estos en virtud de la Cláusula de Comercio. Resultaría inconcebible la posibilidad de que exista una jurisdicción que sea considerada como un estado en Estados Unidos que no esté sujeta a la Cláusula que representa la herramienta de integración económica y nacional más importante de la Constitución Federal. Los efectos desfavorables al federalismo que la Cláusula de Comercio en su estado durmiente está dirigida a evitar también sirven de fundamento para la implementación del aspecto durmiente o negativo de la Cláusula de Comercio a Puerto Rico.

      125

      [10] Aunque nuestra Constitución provee para la imposición y el cobro de contribuciones por parte del Estado, según sea dispuesto por la Asamblea Legislativa,9 y dicha facultad se ha interpretado como una amplia y abarcadora (Café Rico, Inc. v. Mun. de Mayagüez, 155 D.P.R. 548 (2001); Continental Ins. Co. v. Srio. de Hacienda, 154 D.P.R. 146 (2001)), su capacidad tributaria no es ilimitada. El desempeño de su papel como ente fiscal debe ser ejercitado de manera cónsona con pautas de naturaleza constitucional, así como aquellas otras restricciones que le apliquen. Sobre este particular, la Ley de Relaciones Federales dispone en su Art. 3 que no se hará distinción entre *69 los artículos importados de Estados Unidos y aquellos similares producidos o manufacturados en Puerto Rico. Art. 3 de la Ley de Relaciones Federales, L.P.R.A., Tomo 1, Sec. 3.

      126

       

      127

      9

       

      Art. VI, Sec. 2, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

       

      128

       

      129

      Por otra parte, las enmiendas a nuestra Constitución están circunscritas a que éstas sean “compatible[s] con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando [la] Constitución con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley Pública 600 ... adoptada con el carácter de un convenio”. Art. VII, Sec. 3, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 443.

      130

      El propósito de esta condición se expuso de la manera siguiente:

      131

      Applicable provisions of the United States Constitution and the Federal Relations Act will have the same effect as the Constitution of the United States has with respect to State constitutions or State laws. United States laws not locally inapplicable will have equal force and effect in Puerto Rico as throughout the States except as otherwise provided in the Federal Relations Act. Any act of the Puerto Rican Legislature in conflict with ... the Constitution of the United States or United States laws not locally inapplicable would be null and void.

      132

      Within this framework, the people of Puerto Rico will exercise self-government. As regards local matters, the sphere of action and the methods of government bear a resemblance to that of any State of the Union. Examining Bd. v. Flores de Otero, supra, págs. 593–594 esc. 25.

      133

      Podemos colegir, por lo tanto, que el esquema normativo provisto para nuestra relación con Estados Unidos equipara el alcance de la Constitución Federal y la Ley de Relaciones Federales en nuestro ordenamiento a la preeminencia de la Constitución Federal sobre las constituciones y disposiciones estatutarias de los estados.

      134

      [11] Por otro lado, además de la Cláusula de Comercio, queda claro que el Congreso quería prohibir que Puerto *70 Rico discriminara contra artículos importados. Esta voluntad quedó categóricamente plasmada en el Art. 3 de la Ley de Relaciones Federales. Art. 3 de la Ley de Relaciones Federales, supra. Por ende, aun si sostuviéramos que no aplica ex proprio vigore la Cláusula de Comercio en su estado durmiente a Puerto Rico, la propia Ley de Relaciones Federales prohíbe a la Isla discriminar contra artículos importados, por lo cual el efecto sería el mismo: la Isla no puede levantar barreras de aislamiento económico al resto de la Nación.

      135

       

      136

      [12] Es por eso que no deben sorprendernos los serios cuestionamientos que se han alegado contra nuestra determinación en R.C.A v. Gobierno de la Capital, supra. Como vimos, en esa ocasión decidimos que la Cláusula de Comercio en su estado durmiente no aplicaba a Puerto Rico, por lo cual la Isla podía poner en vigor medidas económicas que estarían vedadas a los estados. Como muy bien expone el profesor Álvarez González:

      137

      [L]a sola enunciación de esa consecuencia demuestra su imposibilidad. Resulta increíble que el Congreso en 1952 haya estado dispuesto a reconocerle a Puerto Rico un poder del que carecen los estados y que es tan contrario a la cada vez mayor integración económica en Estados Unidos. Álvarez González, op. cit., pág. 574.

      138

       

      139

      Coincidimos con las expresiones de éste. El razonamiento de R.C.A v. Gobierno de la Capital, supra, sencillamente no va acorde con la realidad de la relación constitucional de Puerto Rico y Estados Unidos. Dicho caso no tiene espacio en nuestra jurisprudencia y queda hoy revocado.

      140

      Conforme a lo anteriormente expuesto, hoy decidimos que las limitaciones inherentes a la Cláusula de Comercio interestatal en su estado durmiente aplican a Puerto Rico “ex proprio vigore”. Por ende, al igual que los estados de la federación, Puerto Rico está constitucionalmente vedado de imponer medidas económicas que afecten negativamente el comercio interestatal. *71

      141

       

      142

      VII

      143

      Una vez resuelto el asunto preliminar de la aplicación de los preceptos que abarca la Cláusula de Comercio en su modalidad durmiente a Puerto Rico, nos toca atender si la legislación impugnada en efecto los contraviene.

      144

      [13] Reiteradamente hemos reconocido el principio de que todo estatuto es y se presume constitucional hasta que se determine lo contrario. Aut. Carreteras v. 8,554.741 m/c I, 172 D.P.R. 278, 298 (2007); Rexach v. Ramírez, 162 D.P.R. 130, 148 (2004); Cerame-Vivas v. Srio. de Salud, 99 D.P.R. 45, 51 (1970).

      145

       

      146

      Al ejercer nuestra función judicial de auscultar la validez de un estatuto lo hacemos conscientes de la deferencia exigida al ejercicio del Poder Legislativo según el mandato constitucional, conforme con los roles adscritos a cada una de las ramas gubernamentales según el esquema de separación de poderes allí prescrito. Se busca, por lo tanto, lograr aquellas interpretaciones que sostengan su validez ante los ataques por alegada deficiencia constitucional. Aut. Carreteras v. 8,554.741 m/c I, supra, pág. 298; Rexach v. Ramírez, supra, pág. 149; Nogueras v. Hernández Colón, 127 D.P.R. 405, 412 (1990).

      147

      [14] Una ley puede ser declarada inconstitucional tanto de su faz como en su aplicación. Aut. Carreteras v. 8,554.741 m/c I, supra, pág. 298; Rexach v. Ramírez, supra, pág. 148; Asoc. Ctrl. Acc. C. Maracaibo v. Cardona, 144 D.P.R. 1, 22 (1997).

      148

       

      149

      Como parte del proceso de evaluar la constitucionalidad de una ley de su faz, es menester considerar si de su propio texto surge el vicio que la torna inconstitucional. Por otra parte, para determinar si el estatuto vulnera derechos constitucionales en su aplicación es preciso analizar el contexto en el cual la medida impugnada ha sido empleada *72 para determinar si ha tenido el efecto de infringir alguna disposición constitucional. Rexach v. Ramírez, supra, pág. 148; Asoc. Ctrl. Acc. C. Maracaibo v. Cardona, supra, pág. 23.

      150

      [15] A pesar del tiempo transcurrido desde su génesis, la doctrina de la Cláusula de Comercio durmiente no resulta fácil de aplicar. Así lo reconoció el Juez Asociado del Tribunal Supremo federal Clarence Thomas quien, luego de detallar los fundamentos judiciales utilizados a través de los años para validarla, consignó la siguiente observación: “[D]espite more than 100 years of negative Commerce Clause doctrine, there is no principled way to decide this case under current law”. United Haulers Assn., Inc. v. Oneida-Herkimer Solid Waste Management Authority, supra, pág. 353, opinión concurrente del Juez Thomas.

      151

       

      152

      Igualmente, por voz del Tribunal Supremo federal se ha descrito la jurisprudencia en esta área como “terreno no firme” donde las decisiones tomadas equivalen a reacciones judiciales a situaciones particulares. “[W]e have described our own decisions in this area as a ‘quagmire’ of judicial responses to specific state tax measures ...”. Amer. Trucking Assns. v. Scheiner, 483 U.S. 266, 280 (1987).

      153

      La fluctuación de las bases sobre las cuales se asienta la doctrina desarrollada en torno a la Cláusula de Comercio en su aspecto negativo ha ocasionado incertidumbre. A la vez, ha engendrado detractores dentro del seno del propio Tribunal Supremo federal. A estos efectos, ha sido severamente criticada por varios de sus miembros por éstos entender que según la misma ha sido expandida se les coloca en una posición injustificada de intervención judicial.10 *73

      154

      10

       

      Explica el Juez Scalia que no existe base histórica para interpretar dicha disposición constitucional más allá de la autorización al Congreso para reglamentar el comercio. Manifiesta que él estaría dispuesto a acatar, conforme el principio de stare decisis, decisiones anteriores sobre esta doctrina cuando la disposición estatal discrimina de su faz contra el comercio interestatal o estén en juego leyes idénticas a estatutos previamente declarados inconstitucionales. Véase United Haulers Assn., Inc. v. Oneida-Herkimer Solid Waste Management Authority, 550 U.S. 330, 348 (2007), opinión concurrente en parte del Juez Scalia (resumiendo su posición al respecto según expuesta en casos anteriores).

      El Juez Thomas, por su parte, formula el debate de la manera siguiente: “[A]pplication of the negative Commerce Clause turns solely on policy considerations, not on the Constitution. Because this Court has no policy role in regulating interstate commerce, I would discard the Court’s negative Commerce Clause jurisprudence”. Véase United Haulers Assn., Inc. v. Oneida-Herkimer Solid Waste Management Authority, supra, pág. 349, opinión concurrente del Juez Thomas (haciendo un recuento de sus expresiones similares previamente vertidas sobre este particular).

       

      155

       

      156

      [16] Queda claro, sin embargo, que el análisis según los parámetros de la Cláusula de Comercio en su estado durmiente rechaza la formalidad y, en su lugar, exige un examen individualizado caso a caso con especial atención a los propósitos y efectos del precepto en cuestión. West Lynn Creamery, Inc. v. Healy, supra, pág. 201.

      157

       

      158

      [17] Las leyes pueden resultar discriminatorias de su faz, por el propósito que persiguen o por su efecto en el comercio interestatal.11 Cuando un estatuto claramente discrimina de su faz contra el comercio interestatal o cuando tiene el propósito o efecto práctico de favorecer los intereses locales sobre los de fuera del estado, como regla general, se considerará inválido per se y corresponderá al ente regulador defenderlo presentando prueba de que éste sirve un propósito legítimo, el cual no puede ser atendido por medios alternos razonables no discriminatorios.

      159

       

      160

      11

       

      Para una discusión sobre la tendencia del Tribunal Supremo federal a evaluar los ataques a legislación federal promulgada dentro del ámbito de poder de la Cláusula de Comercio utilizado al amparo del marco revisor de la faz del estatuto en lugar del método tradicional de medir su validez según su aplicación, véanse: D.L. Franklin, Facial Challenges, Legislative Purpose, and the Commerce Clause, 92 Iowa L. Rev. 41 (noviembre 2006); J.S. Baker, Jr., Jurisdictional and Separation of Powers Strategies to Limit the Expansion of Federal Crimes, 54 Am. U.L. Rev. 545 (febrero 2005); N. Stewart, Nota, Turning the Commerce Clause Challenge “on its Face”: Why Federal Commerce Clause Statutes Demand Facial Challenges, 55 Case W. Res. L. Rev. 161 (otoño 2004).

       

      161

       

      162

      Under the resulting protocol for dormant Commerce Clause analysis, we ask whether a challenged law discriminates against interstate commerce. A discriminatory law is “virtually per se invalid” and will survive only if it advances a legitimate *74 local purpose that cannot be adequately served by reasonable nondiscriminatory alternatives. (Citas y comillas omitidas). Department of Revenue of Ky. v. Davis, supra, pág. 338. Véase, además, Hunt v. Washington State Apple Advertising Comm’n, 432 U.S. 333, 353 (1977).

      163

      Por otra parte, cuando la disposición está redactada en términos neutrales y su aplicación no resulta parcializada, se presume lícita. Su legitimidad, a la luz de la Cláusula de Comercio, se determinará en función al balance entre la intrusión que ésta representa al comercio interestatal y los beneficios que genera. En estos casos, corresponde a la parte que la impugna establecer que la interferencia ocasionada al comercio interestatal es excesiva. Pike v. Bruce Church, Inc., 397 U.S. 137, 142 (1970).

      164

      [The Pike test is] reserved for laws directed to legitimate local concerns, with effects upon interstate commerce that are only incidental. Under the Pike test, we will uphold a nondiscriminatory statute ... unless the burden imposed on interstate commerce is clearly excessive in relation to the putative local benefits. (Citas, comillas y corchetes omitidos). United Haulers Assn., Inc. v. Oneida-Herkimer Solid Waste Management Authority, supra, pág. 346. Véanse, además: American Trucking Assns., Inc. v. Michigan Pub. Serv. Comm’n, supra, pág. 433; Department of Revenue of Ky. v. Davis, supra, pág. 339.

      165

      [18] Como primer paso al análisis correspondiente según el aspecto durmiente de la Cláusula de Comercio, debe preguntarse si la reglamentación en controversia discrimina contra el comercio interestatal. Department of Revenue of Ky. v. Davis, supra, pág. 338; United Haulers Assn., Inc. v. Oneida-Herkimer Solid Waste Management Authority, supra, pág. 338; American Trucking Assns., Inc. v. Michigan Pub. Serv. Comm’n, supra, pág. 433.

      166

       

      167

      Una de las maneras en que se puede interferir con el comercio interestatal es a través de cargas económicas al flujo de las transacciones entre los estados. Con el propósito de indagar sobre la legalidad de los impuestos refrendados *75 por los estados a este tipo de actividad, se ha establecido una serie de criterios que han de servir al tribunal como guía en su gestión interpretativa. Así pues, se considerará una medida tributaria válida si cumple con los requisitos siguientes: (1) existe un nexo sustancial entre la actividad sujeta a la contribución y el estado que la impone; (2) la contribución está distribuida equitativamente; (3) la contribución en cuestión no discrimina contra el comercio interestatal, y (4) la contribución está relacionada apropiadamente con los servicios provistos por el estado. Esta doctrina, esbozada inicialmente en Complete Auto Transit, Inc. v. Brady, 430 U.S. 274, 279 (1977), ha sido avalada por el Tribunal Supremo federal en casos donde el planteamiento gira en torno al aspecto durmiente de la Cláusula de Comercio.12 American Trucking Assns., Inc. v. Michigan Pub. Serv. Comm’n, supra, pág. 438; Amer. Trucking Assns. v. Scheiner, supra, pág. 277; Wardair Canada, Inc. v. Florida Dept. of Revenue, supra, pág. 8.

      168

      12

       

      La Cláusula de Comercio en su aspecto durmiente aplica igualmente a medidas protectoras que interfieren con el comercio extranjero. La validez de contribuciones a productos del extranjero se mide a base de los cuatro factores enunciados en Complete Auto Transit, Inc. v. Brady, 430 U.S. 274 (1977), y dos adicionales. Éstos son: (1) que no exista el riesgo de imposición de contribuciones múltiples a nivel internacional, y (2) que la contribución no impida que el gobierno federal se exprese con “una voz” al regular las relaciones comerciales con naciones extranjeras. Japan Line, Ltd. v. Los Angeles County, 441 U.S. 434 (1979); Iberia v. Srio. de Hacienda, 135 D.P.R. 57 (1994); Gómez Hnos., Inc. v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 367 (1983).

       

      169

       

      170

      En cuanto al caso que nos ocupa, nos vemos precisados a abordar únicamente los aspectos relacionados al tercer criterio aludido anteriormente. Es decir, el aspecto de discrimen. Ello es así puesto que el planteamiento según esgrimido por la parte peticionaria en su recurso gira exclusivamente en torno al alegado propósito y motivo discriminatorio de la contribución impugnada.13 *76

      171

      13

       

      En ningún momento se cuestiona la facultad gubernamental para exigir la aportación como tampoco se impugna la fórmula dispuesta en la Ley Núm. 95 para fijar el monto de las tarifas aplicables a los importadores frente a aquellas correspondientes a la producción de carne local.

       

      172

       

      173

      [19] En el contexto de la Cláusula de Comercio en su acepción negativa se entiende por “discrimen” el trato desigual dispensado a los intereses económicos dentro y fuera del estado beneficiando a los primeros e imponiendo cargas a los últimos. Esta premisa ha sido articulada por el máximo foro federal de diferentes maneras. “In this context ‘discrimination’ simply means differential treatment of in-state and out-of-state economic interests that benefits the former and burdens the latter”. United Haulers Assn., Inc. v. Oneida-Herkimer Solid Waste Management Authority, supra, pág. 338. Véase Granholm v. Heald, supra, pág. 472. “[W]hen a law favors in-state business over out-of-state competition, rigorous scrutiny is appropriate because the law is often the product of simple economic protectionism”. (Cita y comillas omitidas). United Haulers Assn., Inc. v. Oneida-Herkimer Solid Waste Management Authority, supra, pág. 343. “[S]tates may not impose taxes that facially discriminate against interstate business and offer commercial advantage to local enterprises ...”. (Citas, comillas y corchetes omitidos). American Trucking Assns., Inc. v. Michigan Pub. Serv. Comm’n, supra, pág. 433; Granholm v. Heald, supra, pág. 472. “[A] state tax that favors in-state business over out-of-state business for no other reason that the location of its business is prohibited by the Commerce Clause”. Amer. Trucking Assns. v. Scheiner, supra, pág. 286.

      174

       

      175

      Como parte del análisis requerido según los parámetros de la Cláusula de Comercio en su estado durmiente, se examinarán igualmente los efectos prácticos de la medida cuestionada para verificar si éstos resultan discrimina torios. “The commerce clause forbids discrimination, whether forthright or ingenious. In each case it is our duty to determine whether the statute under attack, whatever its name may be, will in its practical operation work discrimination against interstate commerce”. (Cita y comillas omitidas). West Lynn Creamery, Inc. v. Healy, supra, pág. 201. *77

      176

      [20] Las tarifas protectoras que recaen exclusivamente sobre productos provenientes de otro estado sin que apliquen a mercancías similares oriundas del estado impositor constituyen el ejemplo clásico de una ley discriminatoria contra el comercio interestatal. West Lynn Creamery, Inc. v. Healy, supra, pág. 193. “This ‘negative’ aspect of the Commerce Clause prohibits economic protectionism —that is, regulatory measures designed to benefit in-state economic interests by burdening out-of-state competitors. ...” (Cita y comillas omitidas). Íd., pág. 192. “Preservation of local industry by protecting it from the rigors of interstate competition is the hallmark of the economic protectionism that the Commerce Clause prohibits”. Íd., pág. 205. “The Commerce Clause presumes a national market free from local legislation that discriminates in favor of local interests”. C & A Carbone, Inc. v. Clarkstown, supra, pág. 393.

      177

       

      178

      En American Trucking Assns., Inc. v. Michigan Pub. Serv. Comm’n, supra, se avaló la constitucionalidad de una tarifa que exigía el pago de derechos anuales impuesta a camiones de arrastre operando dentro del estado. El Tribunal Supremo federal concluyó que la actividad en cuestión no vulneraba los cuatro factores enunciados en Complete Auto Transit, Inc. v. Brady, supra. Para llegar a esta conclusión el máximo foro federal utilizó los axiomas jurisprudenciales empleados para analizar si la reglamentación estatal discrimina de su faz, así como en su efecto práctico contra el comercio interestatal.

      179

      Por otra parte, en West Lynn Creamery, Inc. v. Healy, supra, se declaró inconstitucional un impuesto a la leche vendida por comerciantes de fuera de Massachusetts a detallistas dentro del mencionado estado, el cual luego era distribuido entre los productores de leche locales. Se consideró que los pagos requeridos constituían un impuesto que ocasionaba que el precio de la leche producida fuera del *78 estado resultara más caro. Aunque el impuesto aplicaba de igual manera a la leche proveniente de Massachusetts, el alza ocasionada en el precio del producto local se veía reducida por los subsidios concedidos únicamente a este sector. Utilizando un enfoque pragmático el Tribunal Supremo federal dictaminó que el esquema establecido por la reglamentación constituía esencialmente una tarifa protectora, la cual tenía tanto el propósito como el efecto de discriminar a favor de los productos estatales.

      180

      Asimismo en Amer. Trucking Assns. v. Scheiner, supra, pág. 284, el Tribunal Supremo federal encontró que ciertos impuestos implantados por Pennsylvania sobre vehículos de fuera del estado eran discriminatorios, ya que tenían el efecto práctico de cobrarle un impuesto por milla recorrida a los camiones provenientes de fuera del estado aproximadamente cinco veces más alto que el asignado a los locales. La opinión subrayó la importancia de indagar las consecuencias de la medida en controversia sobre el radio de acción delimitado por la Cláusula de Comercio.

      181

      Al estudiar las disposiciones de la Ley Núm. 95 a la luz de los principios rectores de las limitaciones de la Cláusula de Comercio antes reseñadas, podemos concluir que de su faz no se deduce vicio alguno.14

      182

      14

       

      Aprovechamos para mencionar la diferencia en el enfoque utilizado al explorar la constitucionalidad de un estatuto desde la perspectiva de su faz a diferencia de en su aplicación. Al declarar inconstitucional una ley de su faz se está juzgando la función legisladora. En otras palabras, se examina si al promulgar el estatuto la Legislatura se excedió de los poderes que le fueron constitucionalmente conferidos o transgredió algún derecho individual. Por otra parte, cuando se menciona la inconstitucionalidad de un estatuto en su aplicación se refiere a las acciones u omisiones del ejecutivo en la implementación del mandato legislativo. Véase N. Quinn Rosenkranz, The Subjects of the Constitution, 62 Stan. L. Rev. 1209, 1227 (mayo 2010).

       

      183

       

      184

      Con el fin de fundamentar su argumento de discrimen, la peticionaria inicialmente alude a los trámites llevados a cabo en la Asamblea Legislativa, los cuales eventualmente culminaron con la aprobación de la Ley Núm. 95. En los mismos surgen comentarios de los legisladores así como documentos en los cuales se menciona la necesidad de legislar *79 para proteger la industria de carne local de la amenaza económica que representan las importaciones.

      185

      [21] No obstante, como paso inicial al ejercicio de hermenéutica nuestro ordenamiento nos dirige al texto de la ley. “Cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14. Al amparo de este supuesto, el texto constituye la expresión por excelencia de toda la intención legislativa. Así pues, si el mandato legislativo aparece registrado de forma clara e inequívoca, libre de ambigüedad, estamos obligados por sus términos sin necesidad de escudriñar más allá de su letra. S.L.G. Rodríguez-Rivera v. Bahía Park, 180 D.P.R. 340, 355 (2010); Rullán Rivera v. A.E.E., 179 D.P.R. 433, 444 (2010); Claro TV y Junta Regl. Tel. v. OneLink, 179 D.P.R. 177, 209–210 (2010).

      186

       

      187

      Es únicamente en aquellas situaciones en que el estatuto se muestra confuso o existen dudas sobre su verdadero propósito cuando debemos acudir a la intención legislativa manifestada a través de su historial legislativo, su exposición de motivos, de los diversos informes de las comisiones de las cámaras o de los debates celebrados en el hemiciclo. S.L.G. Rodríguez-Rivera v. Bahía Park, supra, págs. 355–356.

      188

      Sin embargo, al examinar el historial legislativo debemos estar atentos, pues “las leyes han de ser interpretadas a base de lo que la Asamblea Legislativa hizo y no a base de lo que ésta dejó de hacer, ni de la actuación personal de uno de sus miembros”. Elicier v. Sucn. Cautiño, 70 D.P.R. 432, 437 (1949).

      189

      [22] Las disposiciones de la Ley Núm. 95, según descritas al inicio de esta Opinión, claramente denotan la paridad del trato conferido a los intereses del componente local y de los importadores. Entre las medidas promulgadas mediante dicha ley, favorecedoras de la industria de la carne independientemente del origen del producto, notamos *80 el aumentar su consumo en general así como proveer servicios de asesoramiento técnico. Art. 4 de la Ley Núm. 95 (5 L.P.R.A. sec. 3003).

      190

       

      191

      Como parte de las funciones delegadas a la Oficina de la Reglamentación se destaca el promover mayor participación tanto de los productores locales como de los importadores para recabar su asistencia en lograr los propósitos estatutarios. Art. 6(b) de la Ley Núm. 95 (5 L.P.R.A. sec. 3005(b)). De hecho, la Junta Administrativa a cargo de la administración del Fondo estaba compuesta por representantes de ambos grupos. Art. 10 de la Ley Núm. 95 (5 L.P.R.A. sec. 3009).

      192

      Cónsono con lo anterior, igualmente en la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 95 se recogen intereses salvaguardados en dos renglones paralelos: uno, en base a la salud y, otro, en la economía. Por una parte, se reconoce el valor alimenticio de este producto en la dieta humana, por lo que se busca implantar medidas para hacerlo accesible a un mayor número de personas y de este modo mejorar su nutrición. A la par, se promueve el fortalecimiento de la industria mediante la implantación de sistemas de información y mercadeo, ambas gestiones dirigidas a ser de utilidad tanto a las empresas locales como a las importadoras. A estos efectos, la Exposición de Motivos correspondiente precisó lo siguiente:

      193

      Siendo la carne de res alimento básico de alto valor alimenticio en la dieta humana, es nuestro deber dirigir todos los esfuerzos que sean necesarios para lograr el fortalecimiento y desarrollo que requiere esta empresa. Se caracteriza la misma al presente, por una desorganización la cual es visible a diferentes niveles. Reflejo de lo antes indicado es lo siguiente: la carencia de oficinas centralizadas en la cual se pueda tener accesible información sobre precios y condiciones de venta de la carne de res; ausencia de centros de datos sobre diversos aspectos de la industria; falta de orientación y promoción consistente y permanente así como falta de centros de investigación relacionados con la industria de la carne de res.

      194

      La permanencia así como la expansión de mercados existentes para la carne de res son de vital importancia para el bienestar *81 de los productores, importadores y otros relacionados con este mercado tan importante para la economía de la Isla. De igual manera es importante que la carne de res sea accesible a un mercado eficiente de manera que podamos asegurar una mejor nutrición a nuestro pueblo.

      195

      En consideración a lo aquí expuesto esta Asamblea Legislativa ratifica su intención de promover el bienestar general de esta industria así como también velar porque el interés público quede protegido. (Énfasis suplido). 1992 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 615.

      196

      La Exposición de Motivos corrobora, por lo tanto, los designios estatutarios según plasmados en la Ley Núm. 95. Allí se menciona que, aparte de perseguir un fin salubrista, dicho precepto atendía asuntos de interés de la “industria de la carne” en su acepción más amplia, es decir, de las contingencias relacionadas al producto independientemente de su origen.

      197

      Resalta, pues, del propio texto de la Ley Núm. 95, que las medidas implantadas palpablemente implicaban también apoyo a los importadores, quienes a su vez contaban con la presencia de sus representantes en la administración conjunta del Fondo. De la expresión legislativa escrita no se deduce el proteccionismo que intima Northwestern.

      198

      A base de lo anterior, resolvemos que el mandato legislativo aparece escrito de forma clara e inequívoca, lo que nos obliga a hacer valer sus términos según consignados en la ley, sin necesidad de acudir a recursos alternos más allá de su letra.

      199

      No podemos, por lo tanto, dictaminar que la Ley Núm. 95 discrimina de su faz contra el aspecto negativo de la Cláusula de Comercio de la Constitución Federal, ya que —según redactada— no tiene como fin beneficiar a los productores locales en detrimento de los importadores.

      200

      Dicho esto, nos toca resolver si hubo discrimen desde la perspectiva práctica en la ejecución de la Ley Núm. 95. Respondemos en la afirmativa.

      201

      En la implementación de la Ley Núm. 95 consta una incuestionable intención y efecto discriminatorio. A través *82 del Fondo se patrocinó exclusivamente el adelanto de la industria local dejando a un lado los intereses de la competencia proveniente de fuera de la Isla. Al corto tiempo de haberse aprobado la Ley Núm. 95 ya existía tensión entre el grupo local y los importadores.

      202

      Dentro del periodo aproximado de un año de aprobada la Ley Núm. 95 surgieron conflictos entre ambos grupos. Ello suscitó una reunión el 7 de diciembre de 1993 con el entonces Secretario de Agricultura, en la cual se encontraban también presentes miembros de la Junta Administrativa. Dicha reunión se llevó a cabo con el propósito de propulsar la enmienda de la Ley Núm. 95 para eliminar del todo la participación de los importadores en el Fondo y de este modo limitar el alcance de la Ley Núm. 95 exclusivamente a la industria de carne de res del país. Según consta en la Minuta correspondiente, el representante de los importadores adscribió la situación imperante a “la dificultad de relaciones entre importadores y productores locales [a la vez que entendió] que es difícil que [el Fondo según instituido] pueda funcionar adecuadamente”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 103.

      203

      Hubo consenso entre los presentes sobre esta particular enmienda y la Junta Administrativa se comprometió a preparar un borrador del proyecto de enmiendas para trabajarse conjuntamente con el Departamento de Agricultura para que eliminara el componente de los importadores. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 102.

      204

      En el Informe Mensual de la Oficina para la Reglamentación de la Industria de Carne de Res correspondiente al mes de junio de 1995,15 se mencionan reuniones en dos supermercados “relacionado con la venta de carne del país”. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 117. Por otra parte, se hace referencia a varias reuniones con la *83 Agencia Publimer para preparar la promoción de la carne de res del país. Asimismo, indica sobre su presentación a la Junta Administrativa y al Secretario de Agricultura e informa que la promoción está programada para salir al aire durante el mes de septiembre.

      205

      15

       

      Este informe, preparado por el Sr. Josep Marull Tauler, entonces Administrador del Fondo y fechado el 18 de septiembre de 1995, iba dirigido al Secretario de Agricultura.

       

      206

       

      207

      Así las cosas, el Fondo contrató con la Compañía Publimer para el desarrollo de una campaña publicitaria dirigida a promocionar únicamente el consumo de carne de res del país. El documento de la campaña oficial es del 14 de junio de 1995. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 104–118. Todos los objetivos allí fijados inciden en el producto local y se resumen en los aspectos publicitarios siguientes: (1) crear conciencia de que existe una alternativa real en la carne de res de P.R.; (2) fomentar el consumo de carne de res de P.R.; (3) crear imagen positiva; (4) crear reconocimiento de nombre, y (5) demostrar frescura y calidad del producto. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 233.

      208

      La campaña, que se difundió ampliamente a través de la radio y la prensa local, se extendió desde septiembre a noviembre de 1995. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 120–122. Su costo total ascendió a $279,869.85. Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 119.

      209

      No cabe duda de que todos los anuncios pautados se circunscribieron a impulsar única y exclusivamente la producción de carne local. Mediante la mencionada publicidad se destacaron las bondades del producto elaborado en la Isla, particularmente su frescura, sabor y calidad. A la vez se acentuó su origen, indicando que ello constituía “lo mejor de nuestra tierra”. Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 123–148.

      210

      [23] Resulta evidente que, al utilizar los recaudos decretados por la Ley Núm. 95 para la promoción exclusiva de la industria local en detrimento de los provenientes de fuera de la Isla, se les estaba cobrando a los importadores un recaudo con fines estrictamente proteccionistas, en contravención *84 a las disposiciones de la Cláusula de Comercio durmiente.16

      211

       

      212

      16

       

      Notamos que, pese el costo considerable de la publicidad en cuestión, no consta en autos evidencia alguna que acredite qué otro uso, si alguno, se le dio al presupuesto allegado al Fondo en virtud de la LeyNúm. 95.

       

      213

       

      214

      Esta finalidad proteccionista quedó también puesta de manifiesto con la aprobación de la Ley Núm. 238. Este nuevo precepto cristalizó la política pública gubernamental prevaleciente en ese momento, la cual pretendía “promover el desarrollo de la Industria Agropecuaria y sentar las bases para el apoderamiento, por parte de los agroempresarios de sus negocios agrícolas”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 238 (1996 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 1306). En otras palabras, a través de la nueva legislación se estaba proporcionando un instrumento para el autocontrol del mencionado sector, a través de acuerdos entre sus componentes, limitando el rol del gobierno a uno de mero facilitador.

      215

      A base de lo antes expuesto, decretamos que la Ley Núm. 95 en su implementación, atenta contra los principios que alientan el postulado constitucional que nos ocupa. No cabe duda de que se utilizó el mecanismo de las aportaciones requeridas a los importadores para beneficio exclusivo de la industria nativa promoviendo el consumo de su producto y adelantando sus intereses en el mercado local. Esta gestión, a todas luces proteccionista, claramente lesiona los intereses de las entidades importadoras quienes están obligadas a sobrellevar una carga económica desigual por la mera razón de estar establecidas fuera de la Isla.

      216

      Es importante destacar que no estamos aquí frente a las acciones del Gobierno actuando al amparo del manto de sus funciones de poder de razón de estado (“police power”), mediante la cual se utilizan fondos públicos para proteger la salud de sus constituyentes o reforzar la economía a través de subsidios o programas dirigidos a fortalecer la *85 industria local. Por el contrario, nuestro análisis se encuentra centrado en la validez del esquema establecido mediante una cuota mandatoria asignada a los importadores con el exclusivo fin y propósito de adelantar la causa de sus competidores nativos.

      217

      En vista de nuestra determinación, se hace innecesario discutir los errores restantes consignados por la parte peticionaria.

      218

       

      219

      VIII

      220

      Decretamos, por lo tanto, que por constituir una medida protectora discriminatoria, la Ley Núm. 95, en su implementación, vulnera la Cláusula de Comercio de la Constitución de Estados Unidos en su estado durmiente. Por consiguiente, se revoca la sentencia recurrida.

      221

      Se dictará sentencia de conformidad.

      222

      La Jueza Asociada Señora Fiol Matta disintió con una opinión escrita, a la que se unió el Juez Presidente Señor Hernández Denton. La Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez concurrió y disintió con una opinión escrita.

      223

       

      224

      --O--

      225

      Opinión concurrente y disidente emitida por la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez.

      226

      Nos corresponde determinar la constitucionalidad de una ley que impone a una parte la obligación de contribuir a una campaña publicitaria que es contraria a sus intereses económicos. Por entender que el asunto ante nuestra consideración versa sobre libertad de expresión en su variante de expresión compelida, concurro con el resultado pero disiento enérgicamente de sus fundamentos. Entiendo que se equivoca la mayoría de este Tribunal al disponer de la controversia afirmando que la ley en cuestión es inconstitucional *86 por violar la cláusula de comercio de Estados Unidos en su estado durmiente. Veamos.

      227

       

      228

      I

      229

      El Estado Libre Asociado, a través del Secretario de Hacienda, instó una acción en cobro de dinero contra Northwestern Selecta, Inc. Indicó que la parte demandada era un importador de carne de res y como tal estaba obligado por la Ley Núm. 95 de 1992, infra (Ley Núm. 95). Dicha ley establecía que los importadores de carne debían satisfacer la suma de 1¢ por cada libra de carne importada mientras que los productores pagarían $4.14 por res sacrificada en matadero y $1.00 por ternero sacrificado en matadero. La contribución estaba destinada al Fondo para el Fomento de la Industria de la Carne de Res, un fondo especial que tendría a cargo la promoción de dicha industria. En este sentido el Estado adujo, en síntesis, que Northwestern Selecta, Inc. no había cumplido con dicha obligación y que, por lo tanto, le debía $301,526.28 en aportaciones vencidas y no pagadas.

      230

      Por otra parte, Northwestern Selecta argumentó, entre otras cosas, que la aportación exigida por la Ley Núm. 95, infra, era inconstitucional en su aplicación, ya que violaba su derecho a libertad de expresión y a la libre asociación. Sostuvo que dicha disposición le obligaba solventar una campaña publicitaria contraria a sus intereses económicos, dado que ésta estaba dirigida, según se alegó, a promocionar únicamente la carne de res del País.

      231

      Luego de varios incidentes procesales, el Tribunal de Primera Instancia sostuvo que la Ley Núm. 95, infra, era constitucional de su faz y en su aplicación. Expresó que el hecho de que se destinara una porción de los dineros recaudados a una campaña de publicidad de la carne de Res del País no intervenía de forma irrazonable con el derecho a la libertad de expresión y asociación del demandado. En consecuencia, *87 declaró “con lugar” la demanda en cobro de dinero y ordenó a la peticionaria pagar la suma adeudada más los intereses legales desde la fecha de la Sentencia.

      232

      Inconforme, la peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones. Allí expresó básicamente lo mismo que ante el foro primario. Sostuvo que la Ley Núm. 95, infra, le obligaba a difundir el mensaje comercial de su competencia y que, por lo tanto, no procedía el cobro de dinero. Sin embargo, planteó por vez primera que la mencionada ley contravenía la cláusula de comercio interestatal de la Constitución de Estados Unidos, dado que tenía el efecto de discriminar contra los importadores de carne de res. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

      233

      Como cuestión de umbral debo señalar que el planteamiento de la peticionaria en cuanto a que la Ley Núm. 95 viola la cláusula de comercio de la Constitución de Estados Unidos en su estado durmiente se trajo por primera vez en la apelación presentada ante el Tribunal de Apelaciones. Es por ello que el foro intermedio se rehusó a considerarlo en la etapa apelativa.

      234

      No conteste con la determinación del foro a quo, recurren ante este Tribunal.1 *88

      235

      1

       

      Adujo los señalamientos de error siguientes:

      1. “Erró el honorable Tribunal de Apelaciones al determinar que la intención legislativa de la derogada Ley 95, según implantada, no era promocionar la carne de res del país para contrarrestar el efecto negativo ocasionado por las importaciones de carne a Puerto Rico. El tribunal basó su determinación en el texto escrito de la Ley Núm. 95; no en su historial legislativo ni en su aplicación”.

      2. “Erró el honorable Tribunal de Apelaciones al determinar que, al aplicar la derogada Ley 95, no se violaron derechos a la libre asociación y expresión de los importadores. Aunque toda la evidencia en autos demuestra lo contrario, el tribunal apelativo determinó sumariamente que la promoción realizada a favor de la carne de res del país era de naturaleza informativa y/o educativa sobre la industria en general”.

      3. “Erró el honorable Tribunal de Apelaciones al negarse a considerar que la aportación ordenada por el Tribunal de Primera Instancia viola la cláusula de comercio interestatal de la constitución de los Estados Unidos en su ‘estado durmiente’ ”.

      4. “Erró el honorable Tribunal de Apelaciones al determinar que la Ley Núm. 238 provee para que cualquier dinero aportado por los importadores a partir del 18 de septiembre de 1996 sea asignado exclusivamente al fondo establecido para el sector de la carne de res local, y sea utilizado para adelantar la competencia en contra de los importadores”. Petición de certiorari, pág. 5–6.

       

      236

       

      237

      Luego de analizado el esquema establecido por la Ley Núm. 95, infra, entiendo, a diferencia del criterio mayoritario, que el mismo viola el derecho a la libre expresión de la peticionaria y no la cláusula de comercio de la Constitución de Estados Unidos en su estado durmiente; asunto que no está válidamente ante nuestra consideración. Pasemos a ver.

      238

       

      239

      II A

      240

      La Ley Núm. 95 de 29 de noviembre de 1992, Ley para Crear la Oficina de la Reglamentación y Promoción de la Industria de la Carne de Res; para crear el Fondo para la Industria de la Carne de Res, la Junta Administrativa y establecer sus facultades, e imponer violaciones a esta ley, 5 L.P.R.A. secs. 30013012 (Ley Núm. 95), se promulgó para promover la industria de la carne de res en nuestro País. Esto es así dada la importancia de dicha carne en la dieta de la ciudadanía. La legislación tenía como norte beneficiar a los productores e importadores por lo cual se buscó expandir el mercado a través de la promoción de su consumo. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 95 (1992 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 615).

      241

      Así las cosas se crearon la Oficina para la Reglamentación y Promoción de la Industria de la Carne de Res (Oficina) y el Fondo para el Fomento de la Industria de la Carne de Res (Fondo). La Oficina tendría como fin promover el consumo, la producción, el mercadeo de la carne de res producida localmente como la importada y ofrecer asesoramiento técnico a importadores y productores. La Oficina recibiría el 10% de los dineros recaudados por el Fondo para así operar y cumplir con sus fines y propósitos. 5 L.P.R.A. secs. 30023003. *89

      242

      Por otro lado, el Fondo se utilizaría para la promoción de la producción, venta, elaboración y consumo de la carne de res tanto la importada como la producida en el País. Para su operación se requeriría que tanto los productores como los importadores aportaran al mismo. Así, los importadores pagarían un centavo (1¢) por libra de carne de res importada y los productores pagarían cuatro dólares con catorce centavos ($4.14) y un dólar ($1) por res y ternero sacrificado en matadero, respectivamente. 5 L.P.R.A. sec. 3008. El encargado del matadero estaría a cargo de cobrar la aportación y debería remitirla al Secretario de Hacienda dentro de un tiempo determinado. En cuanto a los importadores se facultó al Secretario de Hacienda a cobrar las aportaciones.

      243

      La Ley Núm. 95 se hizo efectiva 60 días después de su aprobación y estuvo vigente hasta el 1 de enero de 1997, momento en que entró en vigor la Ley Núm. 238 de 18 de septiembre de 1997, Ley para el Ordenamiento de las Industrias Agropecuarias de Puerto Rico (Ley Núm. 238). 5 L.P.R.A. secs. 30513061. Su finalidad no era otra que crear un nuevo ordenamiento administrativo que permitiera regular el sector agropecuario. Asimismo dispuso que cada sector o grupo de sectores debería crear un fondo para promover el desarrollo y comercialización de sus productos. El fondo estaría alimentado por las aportaciones de cada sector o grupo de sectores que lo compusiese, determinados por la junta administrativa. Además, en lo que a esta controversia respecta la Ley Núm. 238 derogó a la Ley Núm. 95, por lo cual no hay dudas de que esta nueva ley estaba destinada a promover la industria de la carne de res local. De igual manera dispuso para la reasignación de los programas relacionados, por lo cual la Oficina al amparo de la extinta Ley Núm. 95 pasó a estar adscrita a la Oficina de Ordenamiento de las Industrias Agropecuarias. Se ordenó, también, al Secretario transferir las asignaciones presupuestarias al nuevo fondo creado. *90

      244

       

      245

      B

      246

      Nuestra Ley Suprema establece que “[n]o se aprobará ley alguna que restringa la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios”. Art. II, Sec. 4, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 285. Análogamente, la Constitución de Estados Unidos dispone que “[e]l Congreso no aprobará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión alguna, o que prohíba el libre ejercicio de la misma o que coarte la libertad de palabra o de prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al Gobierno la reparación de agravios”. Emda. I, Art. I, Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 181.

      247

      La libertad de expresión “se trata de [uno de los] derechos a los cuales les hemos reconocido la mayor jerarquía en nuestro ordenamiento constitucional, estamos obligados a su más celosa protección”. Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, 156 D.P.R. 18, 24 (2002). Asimismo, dispusimos que “[l]a libertad de expresión es la quinta esencia de una sociedad democrática. De forma multidimensional, en la constelación de valores democráticos, goza de una supremacía peculiar ...”. Asoc. de Maestros v. Srio de Educación, 156 D.P.R. 754, 768 (2002).

      248

      Esta garantía constitucional tiene una doble dimensión: por un lado, garantiza al ciudadano que el Estado no intervendrá con su derecho a expresarse; por otro lado, prohíbe al Estado obligarlo a exponer, manifestar o adoptar expresiones gubernamentales con las que no está de acuerdo. Esta última dimensión se conoce en la doctrina federal como “expresión compelida” y puede considerarse la dimensión negativa de la Primera Enmienda. Véase D.B. Gaebler, First Amendment Protection Against Government Compelled Expression and Association, 23 (Núm. 4) Boston College L.R. 995 (1982). *91

      249

      Como señalara en la Opinión disidente que emitiera en E.L.A. v. Supermercados Amigo, 170 D.P.R. 459 (2007), la primera vez que el Tribunal Supremo federal se enfrentó a este aspecto negativo de la Primera Enmienda fue en West Virginia State Board of Education v. Barnette, 319 U.S. 624 (1943). Este caso se trataba de unos miembros de la congregación Testigos de Jehová quienes se rehusaban a saludar la bandera y a recitar el juramento de fidelidad a Estados Unidos. El Tribunal resolvió que el Gobierno no podía obligarlos a hacerlo, ya que dicha obligación era contraria a la Primera y a la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Si bien esta decisión introdujo al ordenamiento el aspecto negativo de la Primera Enmienda no estableció su alcance. Gaebler, supra, pág. 998.

      250

      No fue hasta en Wooley v. Maynard, 430 U.S. 705 (1977), que el Tribunal Supremo se enfrentó nuevamente a este asunto. En este caso se retó la constitucionalidad de una ley del estado de New Hampshire que tipifica como delito mutilar el eslogan del estado Live Free or Die. Una vez más, al igual que en West Virginia, el más Alto Foro federal encontró que lo anterior violaba la Primera Enmienda en su aspecto negativo.

      251

      Ese mismo año, el Tribunal Supremo federal encontró que el obligar a unos maestros no sindicados a pagar la totalidad de una cuota de sindicación a la unión atentaba contra el aspecto negativo de la Primera Enmienda si el uso de las cuotas era utilizado para patrocinar expresiones políticas con las que éstos no estaban de acuerdo y que no tenían relación con la negociación colectiva. Abood v. Detroit Bd. of Ed., 431 U.S. 209 (1977). En este caso, a diferencia de los anteriores, el Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de analizar la doctrina de subsidio compelido. Así, estableció lo que se conoce como “estándar de pertinencia” para establecer cuándo un mensaje puede ser subvencionado por un subsidio compelido sin ofender la Primera Enmienda. Según estos parámetros, un mensaje subsidiado *92 compelidamente será válido si: (1) el mensaje está relacionado a los objetivos y propósitos del grupo, y (2) no tiene carácter político o ideológico.

      252

      En PruneYard Shopping Center v. Robins, 447 U.S. 74 (1980), PruneYard apeló una decisión del Tribunal Supremo de California que estableció que el centro comercial no podía prohibir a un grupo de ciudadanos repartir literatura y recoger firmas en contra de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas repudiando al sionismo. El centro comercial argumentó que al así resolver, el Tribunal Supremo de California le obligó a utilizar su propiedad para actividades con las cuales no estaba de acuerdo. El Tribunal Supremo de Estados Unidos señaló que, dada la característica pública del centro comercial, la distribución de literatura y la recolección de firmas no implicaban expresión compelida por parte de los dueños del mismo.

      253

      En 1990 el Tribunal elaboró el estándar de pertinencia establecido en Abood. De esta manera invalidó un programa de cuotas obligatorias destinadas a subvencionar expresiones ideológicas y políticas que nada tenían que ver con los objetivos de la colegiación compulsoria del estado de California. Keller v. State Bar of California, 496 U.S. 1 (1990).

      254

      En nuestra jurisdicción adoptamos el análisis de Abood en Colegio de Abogados de P.R. v. Schneider, 112 D.P.R. 540 (1982). Aun cuando sostuvimos la constitucionalidad de la colegiación compulsoria, resolvimos que el Colegio de Abogados no podía utilizar los dineros recolectados por las cuotas para subsidiar expresiones con las que un colegiado no estuviese de acuerdo.

      255

      Ulteriormente, los parámetros desarrollados jurisprudencialmente por el Tribunal Supremo de Estados Unidos se aplicaron a controversias donde estaban en disputa aportaciones económicas compulsorias establecidas mediante reglamentación y que estaban destinadas a financiar *93 campañas publicitarias genéricas, entendidas como aquellas destinadas a la promoción de un producto agropecuario. En este contexto son fundamentales dos decisiones de dicha Curia: Glickman v. Wileman Bros. & Elliott, Inc., 521 U.S. 457 (1997), y United States v. United Foods, Inc., 533 U.S. 405 (2001).

      256

      En Glickman el Tribunal Supremo federal resolvió que cierta reglamentación que obligaba tanto a los agricultores que cosechaban árboles frutales como a quienes procesaban las frutas a contribuir a una campaña publicitaria genérica, no violaba la Primera Enmienda. Esto era así ya que se trataba de una legislación de carácter económico que regulaba amplia e intensamente el mercado y estaba destinada a proveer estabilidad a este último.

      257

      En United Foods, el Tribunal llegó a la conclusión opuesta. Así, fundamentándose en Abood y Glickman, sostuvo que obligar a los productores de setas de marca a subvencionar una campaña publicitaria genérica de setas infringía el derecho de éstos a la libertad de expresión. Lo anterior dado a que la campaña publicitaria estaba dirigida a promocionar las setas genéricas y esto era contrario a los intereses económicos de los productores de marca. El Tribunal expresó que en este caso la reglamentación, a diferencia de Glickman, no era una amplia y extensiva. Contrario a lo anterior, era una cuyo fin mismo estaba en la campaña publicitaria. Conviene decir que la protección de la Primera Enmienda no sólo se extiende a aquellas expresiones de carácter político o ideológico. En este caso, lo pertinente es preguntarse si en la subvención de una expresión el Estado adelanta un fin legítimo, reglamentado en la legislación en cuestión.

      258

      Posteriormente, el Tribunal Supremo federal tuvo la oportunidad de elaborar sobre los subsidios compelidos de expresión gubernamental. En Johanns v. Livestock Marketing Assn., 544 U.S. 550 (2005), el Alto Foro federal sostuvo que el subsidio compelido de expresión gubernamental no *94 ofende de por sí los derechos garantizados al amparo de la Primera Enmienda. Lo anterior, principalmente porque los dineros recaudados por el Estado siempre se utilizarán para promover la política pública gubernamental. Íd., págs. 563–564. En este sentido sostuvo que un impuesto a la venta e importación de carne de res destinado a costear, entre otras cosas, campañas publicitarias constituía una expresión gubernamental legítima y, por lo tanto, era improcedente su impugnación al amparo de la Primera Enmienda. Expresó que al estar el mensaje controlado en todas sus etapas por el Gobierno Federal no podía haber duda de que se trataba de una expresión gubernamental. Íd., págs. 560–561. Así es que el gobierno puede expresarse en pos de su política pública aun cuando reciba recursos de fondos privados. Ahora bien, el mensaje gubernamental no estará sujeto al escrutinio de la Primera Enmienda siempre que sea controlado por el gobierno en su totalidad. Pleasant Grove City v. Summun, 555 U.S. 460, 468 (2009).

      259

       

      260

      III

      261

      Como estableciera al comienzo de esta discusión, la peticionaria argumenta que la derogada Ley Núm. 95 infringía su derecho a la libertad de expresión, ya que le compelía a aportar económicamente a una campaña publicitaria contraria a sus intereses económicos. Por su parte, el Estado Libre Asociado sostiene que esta controversia no versa sobre expresión privada compelida, sino sobre el requerimiento de una aportación económica impuesta por la Asamblea Legislativa sobre actividad ampliamente regulada que a su vez se utilizó parcialmente para financiar una expresión gubernamental legítima.

      262

      Esta controversia es idéntica a la que tuvimos ante nuestra consideración en E.L.A. v. Supermercados Amigo, ante. En aquella oportunidad, por estar igualmente dividido *95 el Tribunal, se confirmó la determinación del Tribunal de Apelaciones. Este Tribunal resolvió que la referida Ley Núm. 95 era constitucional de su faz y que ésta perseguía un fin legítimo gubernamental que no era otro que promover el bienestar de la ciudadanía mediante una nutrición adecuada. Íd., pág. 459.

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      En aquel momento emití una opinión disidente que se basó en un doble análisis. Primeramente, se atendió el asunto de si el mensaje objetado por la peticionaria constituía o no una expresión gubernamental. Así, expresé que anteriormente este Tribunal se había manifestado sobre el poder que tiene el gobierno para expresarse y su deber de informar a la ciudadanía de asuntos vitales para el País. De esta manera, recordamos a P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643 (1995), y Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115 D.P.R. 368 (1984), para señalar que el deber de informar está íntimamente relacionado al poder que le asiste al ciudadano para fiscalizar la obra gubernamental. Sin embargo, también afirmé que en P.P.D. v. Gobernador II, 136 D.P.R. 916 (1994), esta Curia fue enfática al rechazar el argumento de que al gobierno le asiste un derecho constitucional a expresarse para informar a la ciudadanía sobre la gestión gubernamental.

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      Además, sostuve que la expresión gubernamental es un corolario del deber de informar. En este sentido, entendí en aquel entonces que para poder informar responsablemente, el gobierno debe participar en el “mercado de las ideas”. Este último es piedra angular de cualquier sociedad democrática y la participación del gobierno en el mismo contribuye a la transparencia, por un lado, y a la fiscalización ciudadana, por el otro. Ahora bien, el mensaje gubernamental —salvo cuando proviene efectivamente del gobierno y está estrechamente vinculado a la gestión gubernamental— no puede lesionar el derecho a no expresarse de aquel que entiende que el mensaje que se lleva es contrario a sus intereses. *96

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      En esta controversia, al igual que la de Supermercados Amigo, el mensaje objetado no parece estar estrechamente relacionado a la gestión gubernamental. Por el contrario, se trata más bien de una campaña publicitaria sufragada con dineros de un fondo que claramente estaba destinada a promover la industria de carne de res del País. Consta en los autos copia del diseño de dicha campaña como así también de los anuncios publicados en diferentes medios de prensa escrita. Dichos anuncios son suscritos por el Fondo de Fomento Industria Carne de Res y “Carne Fresca del País”. Es fundamental que a la hora de determinar si un mensaje proviene o no del Estado auscultar quién es su emisor. Lo anterior, principalmente, porque si por algo es que los mensajes gubernamentales no están sujetos a impugnación al amparo de la Primera Enmienda es porque el proceso democrático mismo se encarga de refrendarlos o no. En este sentido, para que el electorado pueda decidir si está de acuerdo o no con determinado mensaje gubernamental es imprescindible que sepa que viene del gobierno. En el caso ante nuestra consideración es muy difícil para la ciudadanía determinar quién era el emisor del mensaje. De igual manera, sería un absurdo pensar que los importadores de carne de res por sí mismos tuviesen la capacidad de movilizar a la ciudadanía para que desautorice un mensaje gubernamental sufragado con su dinero y que es lesivo a los intereses económicos de éstos.

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      A diferencia de la Opinión disidente de la Jueza Asociada Señora Fiol Matta, soy del criterio de que lo expresado en la Ley Núm. 95 no constituye un mensaje gubernamental y es, más bien, una expresión comercial sufragada con fondos privados. Es por ello que me reafirmo en lo que dije en Supermercados Amigo en cuanto a que a este tipo de mensaje no está cobijado por la doctrina de expresión gubernamental. Por lo cual no le asiste la razón al Estado en cuanto a este planteamiento. *97

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      Una vez determinado que la expresión estatal contenida en la Ley Núm. 95 no podría entenderse como expresión gubernamental, pasé a considerar el argumento sobre si la industria de la carne de res es altamente reglamentada, según adujo el Estado. Análogamente, el Estado también alega que la actividad comercial de esta industria está ampliamente regulada y que, por lo tanto, podría imponer impuestos a la misma. Sostiene que debemos basar nuestra determinación en lo expresado por el Tribunal Supremo federal en United Foods, ante y en Glickman, ante. Me sostengo en el criterio de que el Estado confunde qué es lo que constituye una industria “ampliamente” regulada. Es claro que la extinta Ley Núm. 95 sólo buscaba promover la industria de la carne de res en Puerto Rico. Nada dice el texto de ésta sobre control de precios, imposición de cuotas u otra disposición semejante. En este sentido, no se puede entender que la industria de carne de res en la Isla sea altamente reglamentada, máxime cuando no hay precios uniformes ni ningún otro tipo de restricción, ni se manifiesta la búsqueda de estabilidad en el mercado.

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      Así las cosas, soy del criterio que al amparo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la derogada Ley Núm. 95 infringió el derecho a la libertad de expresión de la peticionaria. Concluyo así, dado que no hay dudas de que los fondos utilizados para promover la carne fresca del País provenían del Fondo establecido por dicha ley y al cual tanto los productores como los importadores estaban obligados a aportar. De los documentos anejados en los autos se desprende que si bien el texto legal estableció que se realizaría una campaña publicitaria genérica, esto no fue lo que sucedió. La campaña de mercadeo y publicidad sólo promocionó la carne de res producida en el País y, por lo tanto, contrarió los intereses económicos de la aquí peticionaria. Asimismo, soy del criterio de que no existe interés legítimo del Estado que justifique exigirle a la peticionaria financiar una campaña publicitaria que va en detrimento de sus intereses comerciales. *98

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      Una vez más diré que el gobierno no puede, sin lacerar el derecho a la libertad de expresión de un competidor, compeler a una parte a sufragar una acción gubernamental que es claramente favorable a la competencia. Hacerlo constituye una clara violación de derechos fundamentales básicos habidos y garantizados constitucionalmente en un gobierno democrático.

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      IV

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      La atención forzada y equivocada de la mayoría de este Tribunal en este caso me obliga